Sin duda, el mundo transita la peor crisis en los años transcurridos del siglo XXI y, diría, de las más duras de los últimos cien años, con impactos comparables con la crisis de 1929 o los generados por las grandes guerras. Nuestro país ya estaba afectado por situaciones económicas y sociales muy difíciles y preexistentes. La aplicación de medidas económicas por lo menos erráticas generó marginación y desigualdad, afectando a los sectores sociales más vulnerables.
En el periodo que precedió al actual gobierno se produjo el cierre de miles de empresas a lo largo y ancho del país, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Una vez más la cadena se cortó por el eslabón más débil. Como contrapartida, aquellos con posibilidades de recursos no solo económicos, sino también información y medios disponibles, especialmente desde el sector financiero y de servicios concentraron los recursos que otros perdían.
Esta iniciativa no es en contra de ningún sector; no puede tildarse de clasista o cosas por el estilo. Esta medida no es confiscatoria porque, justamente, el destino de los fondos recaudados será no solo para recursos sanitarios e insumos médicos, sino también con un componente social para barrios populares, becas e incentivos educativos, y una parte muy importante se destinará a producción hidrocarburífera.
Estos recursos así aplicados no solo traerán alivio a los sectores más afectados por este flagelo, también al dinamizar la economía, al incentivar el consumo, generarán las condiciones para que el sector que hace el aporte pueda recuperar sus contribuciones rápidamente.
Sabemos adónde queremos destinar esos recursos. Lamentablemente, no sabemos dónde está lo que entró al país como nuevos préstamos de los organismos multilaterales de créditos como el FMI, deuda que condiciona el desarrollo y el futuro de millones de compatriotas.
Sabemos que el sector al que este proyecto de ley compromete como aportante tiene la posibilidad de hacerse escuchar con más fuerza que otros sectores, y me refiero a sectores que son alcanzados por tributos que son ajustados año a año con cada presupuesto, como son, por ejemplo, los provinciales.
¿Cuánto impactan en el bolsillo de los ciudadanos los incrementos en ingresos brutos, en el impuesto automotor, en el inmobiliario o en ABL?
Por otro lado, es comprensible si gobiernos provinciales y municipales pretenden ajustar sus ingresos. Ahora bien, la pregunta es: ¿están los sectores más afectados por la pandemia en condiciones de soportarlo? La respuesta a esta pregunta es no.
¿Pueden los sectores alcanzados por esta ley afrontar esta situación? La respuesta, es sí. ¿Ambos sectores los que pueden y los que no viven en un mismo país y son parte de una misma sociedad? La respuesta es sí.
Se le pide a los sectores que pueden, que contribuyan a aliviar las arcas del Estado nacional en una situación de extrema emergencia. Y ese Estado nacional, aliviado, podrá auxiliar también la situación de las provincias.
En mi provincia, Mendoza, en la ejecución del presupuesto del año 2019, el 48, por ciento fueron aportes nacionales. Hablo de una provincia que también se endeudó y que hoy tiene dificultades para hacer frente a los gastos del Estado, que no pudo pagar en tiempo y forma aguinaldo y que en este momento sigue pidiendo autorización en el nuevo presupuesto para endeudarse.
Quiero finalizar recordando en este día histórico al tres veces presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, cuando nos enseñaba que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. Comprender y asumir esa enseñanza nos llevará a dejar de ser sectores para ser todos hijos de una misma patria, más justa y, por eso, más vivible hoy y en el futuro común que nos espera.