6. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GIORDANO

Declaración de emergencia económica, productiva, financiera y social, de la cadena de producción de peras y manzanas en las provincias del Neuquén y Río Negro.

La crisis de los productores de peras y manzanas, que muchas veces tienen que tirar sus productos por la falta de un precio sostén o de créditos accesibles, víctimas de las políticas nacionales y provinciales y de los grandes grupos económicos y cadenas de comercialización, amerita que se declare la emergencia para atender sus urgentes necesidades. Pero consideramos que el presente proyecto de ley que fue aprobado no va en ese sentido. Por eso Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda se abstuvo, con las siguientes consideraciones.
En este caso la emergencia consiste en una prórroga en el pago de las cargas sociales al ANSES y de los impuestos a AFIP que implica que la ayuda, al no especificar para quién es en nuestra opinión, debería ser para los pequeñas chacras y productores, y para los trabajadores del sector , es un cheque en blanco para los grandes grupos económicos y grandes productores, quienes son los que se vienen beneficiando con una política de salvataje constante por parte de los gobiernos.
Sostenemos que una declaración de emergencia debería contemplar políticas de ayuda a los trabajadores y a los pequeños productores y chacareros de esas zonas, los más afectados en épocas de crisis y quienes sufren la usura de los grandes grupos económicos, grandes propietarios de las tierras y cadenas de comercialización que monopolizan la distribución y pagan precios por debajo de los costos de producción. Por ejemplo, cinco empresas controlan el 75 por ciento de las exportaciones; entre ellas se destaca el grupo belga Univeg (Expofrut), el grupo italiano G.F. (Moño Azul, Liguori) y los argentinos San Miguel y Citromax y Kleppe. A estos grandes pulpos exportadores, Macri los beneficia con exención de impuestos mientras que asfixia a los pequeños productores, unos cien mil minifundios familiares.
El sector frutícola de peras y manzanas en Río Negro y Neuquén emplea a más de 60 mil trabajadores. Solo el 4,8 por ciento de los productores tienen chacras de extensión mayor a 50 hectáreas, y concentran el 44,1 por ciento de la extensión cultivada en el Valle de Río Negro. El 95,2 por ciento de los productores restantes son pequeños propietarios con chacras de 8 a 50 hectáreas, a ellos corresponde el 50 por ciento de la producción de peras y manzanas y más de dos mil se encuentran en riesgo. Con cada crisis del sector fruticultor en los últimos años ha habido protestas que se han saldado con subsidios o exenciones tributarias. Medidas que no tocan el modelo que se viene imponiendo de concentración de capitales, orientado fundamentalmente a la exportación.
Es necesaria una política estatal instrumentada mediante una Junta Nacional de Frutas que, a diferencia de lo realizado por el kirchnerismo PJ y el macrismo UCR-Cambiemos , se oriente a garantizar a los pequeños productores acceso a un precio sostén, en este caso para las peras y manzanas. No puede ser que se les pague a estos productores precios miserables cuando esas frutas se venden en los supermercados 10 o 20 veces más caro. Y cuando son alimentos esenciales para el crecimiento de los niños fundamentalmente, los cuales deberían estar garantizados en toda mesa familiar, no que los productores tengan que tirar su producción o rematar sus chacras a los grandes propietarios monopólicos por no tener un precio justo. O no se les brinde créditos accesibles que les permita seguir produciendo. A su vez, se debería obligar a mejoras en las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores rurales, eliminando el trabajo en negro y una intermediación comercial que se queda con el 90 por ciento del precio final.
Por estos motivos es que Izquierda Socialista-Frente de Izquierda se abstuvo en la votación del presente expediente.