16. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MARTÍNEZ (S.A)

Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y Modificación del Régimen Fiscal

El proyecto que hoy tratamos viene a enfrentar la realidad de un Estado que, durante décadas, obró en forma negligente –cuando no dolosa- frente a sus jubilados, que incumplió sistemáticamente con sus obligaciones, retaceando o negando los derechos de nuestros mayores.
Estamos frente a la oportunidad histórica de hacernos cargo de esa vergüenza. No significa que podamos repararla por completo, ya que miles y miles de jubilados murieron antes de poder cobrar lo que les correspondía.
Tengo presente hoy el caso de Aron Schvartzman, cirujano, ajedrecista y personalidad destacada de esta ciudad. Fue un hombre que dedicó sus últimos años de vida a luchar contra la ANSEeS por sus haberes, enfrentando al mismo Estado que había percibido sus aportes y que debía protegerlo. A pesar de tener sentencia firme a los 101 años, fue ignorado una vez más, demorándose casi un año el cumplimiento del pago judicialmente ordenado. ¿Y saben qué? Falleció a los tres meses de percibir lo que por derecho le correspondía, a la edad de 103 años.
Aron es un ejemplo entre miles, pero sirve para ilustrar la perversión de un sistema pensado para dilatar los procesos y obstaculizar los derechos; un sistema que afecta a los más vulnerables y especula con el paso del tiempo. Y que eso quede claro: más allá de la obligación de los abogados

de la ANSEeS de apelar las sentencias desfavorables, aquí ha obrado la decisión política de no pagar y postergar el problema estructural de los haberes mal liquidados.
Esta decisión, evidenciada en la crisis del sistema previsional, contrasta con un dictamen de minoría que propone “pagarles de inmediato y con el presupuesto existente a todos aquellos que tengan sentencia” firmado por algunos ex funcionarios y referentes del gobierno anterior.
Cabe preguntarse, ¿por qué no lo hicieron? La actual gestión ha encarado, en seis meses, la resolución de un conflicto que se presentaba como sinónimo de la “quiebra del Estado” por los mismos que hoy prescriben soluciones mágicas.
También en ese dictamen se denuncia la “extranjerización” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando el proyecto establece puntualmente las limitaciones y criterios con los que éste debe gestionarse. Se busca interpretar la derogación de la Ley Nº27.181, norma promulgada por Cristina Kirchner en octubre del 2015 -a dos meses de abandonar el gobierno-, como una señal de privatización, cuando el proyecto en modo alguno apunta al vaciamiento de este fondo.
Ahora bien, esta prohibición de transferir las participaciones sociales del Estado sin mayoría calificada en el Congreso se empleó como una herramienta más de condicionamiento frente al pronóstico de una derrota electoral. ¿O es que el gobierno anterior no necesitaba esta restricción porque era confiable, pero el actual sí la precisa? Es ésa una mirada demasiado hipócrita.
Sucede que el FGS es un fondo anticíclico, pensado para afrontar las contingencias que puedan afectar el derecho de los jubilados a percibir sus haberes. Nos encontramos frente a un sistema que liquida mal los montos correspondientes a casi dos millones de beneficiarios, y. Y son dineros que les corresponden por derecho, por haber aportado y contribuido con su trabajo. Que esta situación no les parezca una crisis dice más sobre su propia postura hacia los jubilados que sobre el proyecto, y explica los derroteros que nos llevaron a donde estamos hoy.
Como he señalado, este proyecto no puede alterar ese pasado, que forma parte ya de la historia del sistema previsional argentino. Pero sí puede remediar las injusticias del presente, utilizando el fondo de los jubilados para los jubilados, y no para financiar programas proselitistas, como se hizo. No podemos sostener que no hay fondos para afrontar estas obligaciones mientras la sociedad asiste, exasperada, al espectáculo de los millones enterrados en monasterios.
Por eso el proyecto propone, mediante un programa de acuerdos transaccionales, cancelar las deudas del Estado para con los jubilados. Y debe subrayarse este punto, que se ha prestado a malas interpretaciones: se trata de un acuerdo. De ningún modo puede representar una restricción de derechos unilateralmente impuesta desde el Gobierno. Los jubilados deciden, en forma individual, acogerse o no al “Programa de Rreparación Hhistórica”.
Estos acuerdos toman en cuenta el estado de los reclamos y armonizan razonablemente los derechos de los beneficiarios y la sustentabilidad del sistema, r. Representan un esfuerzo fiscal muy grande, pero absolutamente justificado. Estamos hablando de un derecho de los jubilados, no de una concesión discrecional del Estado. Vale la pena el sacrificio, sin lugar a dudas.
El proyecto también prevé un “Consejo de Sustentabilidad Previsional” encargado de delinear un nuevo régimen “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. Como se desprende de la enumeración, cualquier hipótesis de privatización está excluida, a pesar de que sea ésa la estrategia que emplean algunos para restarle mérito a esta iniciativa verdaderamente histórica.
El enfoque se completa con la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que alcanza a los mayores de 65 que no sean beneficiarios de jubilación, pensión o planes sociales. En este caso también se intentó sembrar la confusión, alegando que se trataba de una suba de la edad jubilatoria para la mujer, cuando es un beneficio totalmente distinto y que mejora, en opinión de los expertos, a las pensiones no contributivas, reduciendo la edad requerida y aumentando el porcentaje a cobrar. La creación de esta pensión no implica la desaparición del régimen de moratoria dispuesto por Ley Nº24.476, lo que redunda en una ampliación de la cobertura a los mayores en situación de vulnerabilidad.
La ratificación de los acuerdos prevista en el título cuarto del proyecto, por su parte, viene a reafirmar el compromiso de esta gestión con una República verdaderamente federal, que deje atrás de una vez por todas, la dinámica de la chequera y el látigo como modo de “disciplinamiento” de las provincias. Se trata de devolverle autonomía a los gobiernos provinciales.
Finalmente, algunas fuerzas de la oposición han atacado el régimen de sinceramiento fiscal –o blanqueo, por qué no decirlo- contemplado en el libro segundo de este proyecto. Curiosamente, son críticas que no formularon cuando ocupaban un rol oficialista, e impulsaban blanqueos de capitales como el del 2013 que no estaba sujeto a impuesto alguno y que no obligaba a los interesados a informar sobre el origen de sus fondos. Un blanqueo que, así y todo, fracasó estrepitosamente.
A diferencia de eéste último, el proyecto que nos ocupa recepta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (o GAFI) para reducir riesgos de lavado en los programas de blanqueo. Eso no significa que nos agrade, como radicales, impulsar una moratoria de este tipo, que siempre implica una legitimación del incumplimiento. De hecho, el grado de exclusión de los funcionarios en el blanqueo suscitó dudas e inquietudes en diversas fuerzas, e incluso dentro de nuestro bloque. Cambiemos pretende ser un espacio plural, y sabemos que el disenso, lejos de debilitarnos, nos fortalece.
Afortunadamente, la redacción actual del proyecto refleja esas preocupaciones. Así, no soólo quedan excluidos los funcionarios del Poder Ejecutivo nNacional, sino también los funcionarios jerárquicos provinciales y municipales de cualquier tipo; los miembros del Poder Judicial nacional; los senadores nacionales, provinciales y los concejales; el defensor del Pueblo; los miembros del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento; el personal de policía con rango no inferior a comisario; y a los rectores, decanos o secretarios de las universidades.
Finalmente, el trabajo en comisión trajo consigo la conservación del impuesto a los bienes personales, pero actualizando su piso, seriamente desvirtuado por la inflación acumulada en los últimos años. Así, nos hallábamos en el ridículo de considerar “progresivo” a un impuesto que alcanzaba a ciudadanos por el solo hecho de poseer bienes gravados por más de $305.000, una suma irrisoria y congelada desde el 2007. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con el mercado inmobiliario, por ejemplo, comprende que ese piso se había tornado sumamente abusivo.
Mientras algunas fuerzas consideraban a esta necesaria actualización un síntoma del “gobierno para los ricos”, obviando la eminente contradicción entre esta postura y los patrimonios de muchos de sus dirigentes, otros espacios propusieron conservar el tributo hasta que se pudieran evaluar alternativas. Esa propuesta fue incorporada.
Se perfila así un ejemplo de trabajo conjunto, fruto de un verdadero consenso parlamentario. Quiero destacar, por ello, el aporte de las diputadas y diputados de bloques opositores que colaboraron desde una óptica genuinamente constructiva, señalando aquello que había que modificar (como el art. 85) y apoyando el grueso del proyecto, lo que ratifica su valor intrínseco y su voluntad reparadora.
Creo, por todo ello, que el dictamen de mayoría ha reconocido, en el proyecto enviado por el Ejecutivo, una lectura acertada de las necesidades y demandas sociales, y una innegable vocación de hacer frente a la compleja situación del sistema previsional argentino para reparar la deuda histórica que el Estado mantiene con sus jubilados.
Esta reparación no es una empresa fácil, pero –al mismo tiempo- resulta una tarea absolutamente imprescindible. Creo que este proyecto representa una herramienta útil en ese camino, y que pone de manifiesto la voluntad de encarnar un cambio verdadero en el modo en el que se conducen la política y los asuntos públicos. Por ello solicito a mis pares su aprobación. Muchas gracias.