En estos últimos quince días la opinión pública ha estado recibiendo información casi permanente acerca de esta ley que hoy estamos por sancionar.
Si bien es una norma largamente esperada por trabajadores que en los últimos años veían reducidos sus haberes mes a mes, producto de la tozudez de algunos funcionarios, su efecto es sobre un porcentaje bajo comparando en total de asalariados del país.
La pregunta es: ¿por qué se malgastó tanto esfuerzo en dar largas a este tema cuando sabíamos que esta norma estaba signada a ser tratada prontamente? Y en su tratamiento en esta Cámara hubiera sido más fácil buscar el consenso en lugar clausurar las vías de comunicación, que culminó con el rechazo del proyecto cerrado del oficialismo.
Nuestro bloque ha estado presto a colaborar, muy comprometidamente, en casi todas las iniciativas emanadas del Ejecutivo desde el inicio de este período. ¿Por qué entonces el cambio unilateral de metodología de trabajo?
Errores como el cometido poco ayudan a creer en el funcionamiento de las instituciones, y más si son acompañados de campañas de desprestigio sobre quienes solamente intentaron trabajar como hasta ese momento y no se les permitió.
Esta ley que sancionaremos deja algunos disconformes pero contempla la premisa de nuestro bloque de no aumentar el número de contribuyentes y tiene una escala que la hace menos gravosa que la vigente.
En la Patagonia, a raíz de la explotación del petróleo y las actividades conexas, el número de asalariados alcanzados por este tributo supera el 50 por ciento. No incluir el adicional por zona desfavorable para el cálculo del mínimo imponible es sin duda un acto de justicia contributiva. Ese adicional compensa el mayor costo de vida de zona y por lo tanto no debió nunca formar parte del cálculo base.
Por lo tanto, esta sanción es recibida con beneplácito.
Queda para nosotros una duda que podrá salvarse en la reglamentación que se haga de la ley. La misma es respecto de lo previsto para la obtención de recursos a partir del juego.
La redacción no es precisa al excluir expresamente las quinielas oficiales, que son manejadas por organismos de la provincia. De más está señalar que este juego constituye una fuente de recursos con los que las provincias atienden temas sociales. Igualarlo con otros sistemas privados de juego no creo que haya sido la voluntad de los senadores.
Por lo tanto, quedamos a la espera de la aclaración pertinente en la reglamentación.