19. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA STOLBIZER

Creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados

Celebramos que sea posible alcanzar consensos en torno a iniciativas como ésta, que atiende a una problemática que afecta sensiblemente a la Argentina y a las sociedades latinoamericanas en particular, pero que tiene una dimensión y requiere un abordaje global.
Para tener un panorama del estado de situación en el mundo, la violencia armada mata a 2.000 personas diarias una persona por minuto- sin sumar sus heridos y sus consecuencias, así como las personas desplazadas. Esto sucede de manera gradual y silenciosa, y las víctimas de la violencia armada suelen ser los sectores más vulnerables, como los niños, los jóvenes y las mujeres víctimas de violencia de género.
El estudio global sobre homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), indica que el año pasado se produjeron a nivel mundial 468 mil homicidios.
Si nos situamos en América Latina y el Caribe, preocupa la incidencia particular que esto tiene en la región: mientras el 42 por ciento de los homicidios en el mundo son cometidos con armas de fuego, el porcentaje de muertes se eleva a un 74 por ciento en nuestros países. Estamos hablando de la región del mundo en la que más personas mueren a causa de armas de fuego sin encontrarnos en un conflicto armado.
El flagelo de la violencia está estrictamente vinculado con la proliferación de armas que circulan por el mercado clandestino ilegal que afecta hoy seriamente la paz de nuestras poblaciones y exacerba los niveles de violencia. No hay que perder de vista los intereses que están en juego. El tráfico de armas es una de las tres fuentes de mayor generación de recursos en el mundo, junto al narcotráfico y el tráfico de personas. Hablamos de los tres delitos más deleznablemente rentables a nivel internacional, e íntimamente asociados entre sí.
Según el Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, cada año en América Latina 650 mil armas ligeras y pequeñas, salidas de los propios arsenales de los Estados y de los mismos ciudadanos, se desvían al mercado ilegal.
Resulta imperioso prevenir que el flujo de armas llegue a las ruedas del crimen organizado y a la delincuencia trasnacional. Como decía, hoy el comercio ilegal de armas está íntimamente vinculado al crimen organizado: el desvío de armas convencionales va a parar a manos de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y la trata de personas, que tanto daño hacen a nuestra región. Los datos estadísticos indican que de cada ocho armas que se fabrican en el mundo, una termina en las redes del crimen organizado trasnacional.
Por ello, el flamante Tratado de Comercio de Armas por el que tanto hemos bregado y en torno al que la diplomacia argentina ha jugado un rol muy destacado, adquiere una dimensión tan importante para nosotros. El desvío ha sido precisamente una de las principales preocupaciones para las campañas por el desarme y no proliferación de armas de fuego, así como para las negociaciones tendientes a obtener un instrumento de alcance global, que fijara criterios comunes para todos los Estados con el propósito de controlar el comercio de armas, municiones y sus componentes, mediante estándares que certificaran las condiciones de los destinatarios finales de las transferencias de armas, previa evaluación de riesgos.
En el plano interno, es a todas luces necesario extremar los recaudos para atender a las fragilidades y debilidades en el sistema de registro y control de armas. También aquí el problema es el desvío: el mercado ilícito cuenta con armas que alguna vez han formado parte del circuito legal. Partamos de la premisa de que toda arma ilegal fue en algún momento legal.
No pueden admitirse hechos de la magnitud de los sucedidos en los últimos años, que dan cuenta de lo endeble que es el sistema. Con ello, me refiero a la sustracción de armamentos y otros materiales controlados de las propias dependencias del Estado: depósitos del RENAR y arsenales militares.
El Estado no puede ser cómplice ni facilitador del desvío de las armas en tránsito, depositadas o almacenadas para su control, al mercado ilegal. Resulta inadmisible y sumamente grave que el Estado contribuya, ya sea por acción u omisión, a la reproducción de la violencia y el delito.
La sanción de la ley 25.938, de creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados, en el ámbito del RENAR, indudablemente significó un avance en el abordaje de la problemática e intentó suplir vacíos normativos e institucionales como la ausencia de un registro centralizado de materiales secuestradas o de los mínimos estándares comunes para el manejo de los depósitos y arsenales. Sin embargo -como todo instrumento con fines loables-, depende de la capacidad y la voluntad política para ser implementado de una manera eficaz.
No hay plan de desarme ni política de no proliferación de armas que resulte eficiente si no se desarrollan las capacidades, logística e inteligencia operativa para hacerla efectiva.
Es imprescindible fortalecer la coordinación e intercambio de información entre las agencias y jurisdicciones intervinientes. Algo que caracteriza al Estado argentino en el diseño y la ejecución de políticas públicas
-y en particular en materia de seguridad y política criminal- es la falta de articulación. Las agencias que integran las distintas áreas suelen funcionar como compartimentos estancos. A su vez, las competencias del gobierno federal concurren con las provinciales, lo que dificulta la coordinación de una política nacional al respecto.
El Congreso tenía como deuda pendiente la jerarquización legal de la autoridad de aplicación y sus capacidades de contralor. Por suerte, mediante la creación de esta nueva la Agencia Nacional de Materiales Controlados que funcionará como un ente autárquico y descentralizado, con misiones y funciones claras, nos encaminamos a saldar esa deuda. Hoy, el RENAR funciona a nivel de dirección nacional dentro de una de las secretarías del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para que la función del organismo de contralor no se limite a la de un registro formal, es necesario dotarlo de herramientas que lo doten de una capacidad de control.
También se requiere un presupuesto acorde. Y aquí la reforma atiende con acierto al aspecto más controvertido y sensible del régimen vigente: hoy el RENAR se financia mediante el mercado de armas, esto es, con la venta de formularios para el acceso a armas de fuego, municiones y explosivos. Quiere decir que el organismo encargado de restringir la proliferación de armas en la sociedad, se financia de un modo perverso a mediante ellas. Pero hay más: el Estado delega la administración de los recursos en un ente cooperador por medio de un convenio con un organismo privado que tiene sus propios intereses en el mercado de las armas, como es la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP).
Mediante esta iniciativa:
-La agencia contará con autarquía económica financiera.
-Se dispone una partida presupuestaria específica y se elimina la figura del ente cooperador y la posibilidad de establecer convenios técnicos y financieros con privados.
-Se establecen prohibiciones e incompatibilidades para el personal, aún más severas para los integrantes del órgano de dirección, a fin de garantizar la independencia y evitar el conflicto de intereses, porque hoy el personal hasta depende del ente cooperador.
Sobra aclarar que esto es solo un primer paso de un proceso que se viene gestando hace rato. Resta avanzar en varios aspectos, tales como:
-El establecimiento de trámites de registración y control de usuarios y armas más efectivos y restrictivos. Creemos que el Estado debería extremar las condiciones para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para la adquisición y uso de armas. En este aspecto, el sistema reviste serias debilidades en cuanto a los requisitos exigidos a los usuarios considerablemente laxos. En esta inteligencia, se han discutido diversos proyectos en el Congreso que, pese a contar con sanción del Senado, no han obtenido sanción definitiva. Tengo presentado un proyecto de ley tendiente a que se efectúe una exhaustiva evaluación de las aptitudes psicosociales de quienes soliciten la adquisición, tenencia y portación de armas -reproducido en el expediente 339-D.-2014-, puesto que hoy alcanza con la presentación de un certificado por el particular solicitante. Lo que se pretende es reducir al máximo los niveles de violencia en el hogar y hacia las mujeres.
-En el mismo orden, es urgente replantear el régimen de autorizaciones y fiscalización de armas destinadas a los agentes de las fuerzas armadas y de seguridad, así como a los servicios de seguridad privada. Es necesario fortalecer la actuación del Estado en todo este andamiaje y a lo largo de todo el circuito del mercado de armas.
-Se requieren mayores estándares de transparencia, rendición de cuentas y publicidad de los organismos públicos responsables en la toma de decisiones, el manejo de los stocks de armas y en las políticas que tienen a su cargo.
-Es necesaria una mayor coordinación entre agencias estatales.
-Insistimos con profundizar las campañas de concientización respecto al riesgo que conllevan las armas.
Por último, cabe aclarar que no quitamos rédito a los programas de recolección como parte de una política de no proliferación Plan Nacional de Desarme iniciado en 2007 y reconocemos la importancia de la sociedad civil en estas campañas, pero creemos que estas acciones se han ido “desinflando” por los inconvenientes que atentan contra la coordinación y eficiencia entre agencias y jurisdicciones estatales que señalábamos. Por supuesto que el aporte suma: un arma menos en circulación contribuye a reducir la violencia.
Por supuesto que tenemos una valoración positiva de todas las acciones a nivel interno, regional o internacional que tiendan a reducir el circulante de armas y a restringir el acceso a las armas. Entre ellas cabe destacar a la reforma a la autoridad de control a la que estamos dando sanción legal. Pero creemos que el Estado tiene más herramientas para promover una verdadera cultura del desarme.
Para concluir, quiero hacer una mención especial a las organizaciones de la sociedad civil que han realizado un aporte y un trabajo interesantísimo en este campo y han sido actores fundamentales en este proceso, como en todas las iniciativas y campañas para reducir y erradicar la violencia armada.
Espero que continuemos trabajando codo a codo en esta temática, de acuerdo al compromiso asumido en la comisión frente a la necesidad de fortalecer el rol del Estado en la política de control de armas con miras a la necesidad de crear las mejores condiciones para disminuir la violencia y el delito, entendiendo que la presencia de armas en la sociedad tiene implicancias devastadoras para la población.