1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Promoción de la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex Paraguariensis en la región productora

No se trata de restaurar aduanas interiores, prohibiciones de tránsito y comercio, porque debemos respetar nuestra Constitución Nacional. Se trata de salir de las improvisaciones del populismo cortoplacista que interviene irrazonablemente donde no debe y no ejerce su rol orientador ni controla fronteras, donde están las plantaciones de yerba mate.
Las economías regionales son la realidad que debe contemplar un plan de desarrollo autosostenido, que vertebre nuestro territorio y reequilibre nuestro asentamiento poblacional.
Se trata de ocupar productivamente toda nuestra geografía, incluyendo el mar continental. Ello requiere reglas de juego estables, porque en la incertidumbre nadie arriesga sus capitales.
El objetivo moral impone abrir igualdad de oportunidades para todos nuestros compatriotas, vivan donde vivan.
El objetivo político tiene que ver con la vigencia de un federalismo real.
El objetivo económico tiene que ver con la industrialización de materias primas y explotar recursos naturales, único proceso sostenible de creación de riqueza y creación de empleo privado cada vez más calificado por las actividades que se despliegan.
Todo ello tiene que ver con un plan armonioso que atraiga inversiones de calidad, que eslabone micro, pymes y grandes empresas, dispuestas a elaborar productos en origen, para diversificar y valorizar nuestras exportaciones. Allí está la clave de los empleos que demandan nuestros jóvenes. Se trata de ampliar el mercado, tanto interno como externo para cambiar nuestro intercambio perdidoso con el mundo que nos empobrece a todos.
La cuestión es la dirección, volumen y calidad de las inversiones y para lograrlo se demanda seguridad jurídica y normas económicas claras de largo plazo, no leyes de apuro.
Pero además se requiere que funcionen articuladas la política impositiva, crediticia, fiscal, monetaria, cambiaria, tarifaria, salarial y presupuestaria, en este último caso para que la infraestructura energética, vial, comunicacional, portuaria y educacional, achique las asimetrías actuales, donde desde el costo del flete, a los servicios, se distorsionan a medida que se alejan de Buenos Aires.
Todo parche, toda traba arbitraria, resulta distorsiva y no logra aquellos objetivos, generando defensas que no contribuyen a la formación de precios adecuada y ni fomenta la sana competencia para estimular la calidad y accesibilidad de los bienes por parte de los consumidores.
Con esto dicho, es claro que se trata de políticas, de incentivo y promoción, donde el funcionamiento de las variables socio-económicas, y la inversión pública, se deben corresponder con la racionalidad económica.
Mientras se mantenga las distorsiones macroeconómicas, estos parches durarán cada vez menos, agravará consecuencias futuras y seguiremos perdiendo oportunidades.
Las exportaciones regionales caen el 12,4 % en el año y se derrumbaron 24,8 % en setiembre.
Respecto de 2013, tomando los primeros nueve meses, la caída de exportaciones de vinos cayó 4 %; las de manzanas -9,2 %; las de peras -10 %; las de dulces y mermeladas -13,7 %; de lácteos, huevos y miel -25,8 %; las de aceitunas -25,1 %; las de jugos -28,1 %; las de aceite de oliva -36,2 %; las de grasas y aceites -37,5 %; las de azúcar y golosinas -42,3 %; las de uva -45,6 %; las de arroz -52,2 % y las conservas de frutas -60,4 %.
El atraso cambiario, los impuestos y los costos de logística (aumentaron 30 % durante este año) las demuele. Según los industriales vitivinícolas, transportar el vino desde Mendoza a Buenos Aires es más costoso que enviarlo desde el puerto hasta Shangai.
Según Acoví, que reúne a 32 cooperativas que involucra 25.000 hectáreas de vides, para cubrir sus costos de insumos tendrían que duplicar su producción y todas las empresas sufrieron pérdidas el año pasado. Desde 2012 la misma viene cayendo entre 15/20%. La demanda exportadora de vino aumentó y el consumo doméstico disminuyó 25 %. Muchas de las 1.200 bodegas hicieron importantes inversiones en capital y capacitación humana y 300 de ellas vendieron productos a decenas de países. Ahora pierden mercados ante España, Chile, Australia y Sudáfrica, por razones ajenas a la calidad del producto.
Un cajón de peras en Argentina tiene un costo de U$S 20, el mismo en Chile tienes costos por U$S 14.
La producción de hortalizas del ciclo 2013/14, según la consultora IES cayó 6 % y la de frutas -19,8 %, el más bajo en la década.
Somos el país de la región en que más cayeron en las exportaciones. Este año caen 9 % las exportaciones y para el año 2015 se prevé una merma de esos ingresos por U$S 7.000 millones.
Las exportaciones en los primeros nueves meses fueron U$S 6.524 millones inferiores a ese período de 2013.
En alimentos, la merma de exportaciones cayeron 12 % en setiembre.
La cotización de los granos bajó, como el precio del oro, el mineral de hierro y el cobre que pasó de U$S 4,40 la libra a U$S 3. Por ello Latinoamérica crecerá este año a un promedio de poco más de 1 %. Esto tendrá consecuencias, por caso, en el mercado del acero, por las exportaciones chinas que en diez años crecieron 40 veces hacia América Latina. En Argentina el consumo de hierro plano (la mitad destinada a la construcción) cayó, tanto como por la retracción de fábricas de automóvil y maquinaria. El promedio mundial de consumo de acero es de 221 kilogramos por habitante; en la región apenas 129 kilogramos.
Somos el segundo país de la región con mayor índice de inflación.
Desde 2001, el kilo de harina de trigo pasó de $ 0,51 a $ 8 el kilo; el asado pasó de $ 3,39 a $ 69 el kilo; el litro de leche pasó de $ 0,78 a $ 8,94 y el azúcar de $ 0,59 a $ 10,20 el kilo.
Argentina caerá cerca de 3 %, según el FMI Paraguay crece al 13,6 %
Nadie en la región devaluó en la magnitud (43% en un año y 71 % desde enero) y sin embargo hoy con el dólar blue en $ 13.70, tenemos una brecha del 56 %, entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. En abril esa brecha era 30 %. Ahora mantienen congelado el dólar oficial (se corrige al 1 % mensual con una inflación que es más del doble), pero en toda la región, empezando por Brasil con el retoque en el real, adecuan su tipo de cambio al escenario internacional donde se fortalece el dólar y se modifican los flujos de capitales.
En estos días se festeja una caída del dólar blue, fruto de la liquidación anticipada de las aceiteras y cerealeras (liquidaron en el tercer trimestre U$S 4.500 millones y restarían unos U$S 1.200 millones) y otras operaciones para fortalecer, ficticiamente el monto de reservas del BCRA. Con ese objetivo se renueva el swap con Francia (U$S 700 millones) y se activa el swap con China, que siendo de U$S 11.000 millones, sólo ingresó $ 814 millones, menos del 10 %. Otro mecanismo, muy costoso a futuro es el dollar linked, con seguro de cambio, una fenomenal bicicleta financiera para restar demanda de dólar contado con liquidación. Es como si emitiéramos dólares que no tenemos, pagando intereses que afrontarán los gobiernos venideros. Ya suman U$S 2.000 millones.
Las empresas venden Boden 2015 y compraran mañana Bonad 18 con la expectativa cierta de ganancias y sin riesgo cambiario.
Otra modalidad utilizada es la venta de bonos dolarizados por parte de Anses y la venta de Boden 15 y Bonar 17 y 24 por el BCRA. A ello se suma la expectativa de arreglo con los holdouts y las escasas operaciones por los operativos policíacos que llegaron a ingresar a una pizzería del micro centro, en busca de las preciadas divisas que faltan por las inconsistencias de la política económica.
Según el índice sobre clima de negocios, elaborado por la Fundación Getulio Vargas, Argentina se ubica en el décimo lugar sobre doce países de la región. Solo por encima de Venezuela. En los últimos tres meses caímos 10 puntos sobre 110.
Según el Indice Lide de Clima Empresarial, en el tercer trimestre, cayó a 2,9 sobre 10, el más bajo desde 2012. El mismo refleja opiniones de directivos de empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país.
El gobierno emitió deuda por U$S 1.000, la mitad mañana, ampliable por otros U$S 500 millones y en estos días por $ 8.500 millones mediante el Bonad 2018, atados al dólar. El incipiente festival de bonos, para financiar déficit, ya suma este año $ 28,440 millones ($ 8.400 millones en Bonad 2016; $ 10.040 en Bonar 2017 y $ 10.000 millones en Bonar 2016.)
No se conoce lo ingresado por la licitación de 3G y 4G y la ley Telefonía Digital prevé ingresar U$S 2.300 millones
El stock de reservas disponibles, sacando los swap; los ahorros dolarizados privados (U$S 7.390 millones); obligaciones con el BID y el Banco Mundial y otros como Cedines-Baade (U$S 1.108 millones) y lo depositado en el Fideicomiso Banco Nación (U$S 711 millones), suman U$S 18.300 millones.
A comienzo de noviembre, el Tesoro le debe al BCRA $ 224.000 millones (unos U$S 26.760 millones) y U$S 48.500 millones, o sea U$S 75.260, que representa el 67 % de los activos del BCRA. Hasta octubre el BCRA giró al Tesoro en concepto de Adelantos Transitorios $ 45.000 millones y según el Presupuesto 2015, debe girar otros $ 62.000 millones; además de $ 85.000 millones en concepto de utilidades contables.
Todo ello suma un aporte del BCRA al Tesoro de cerca de U$S 90.000 millones
El BCRA tiene patrimonio neto negativo de más de $ 500.000 millones.
Según el ex director de la entidad Carlos Pérez, el patrimonio contable actual es de $ 114.000 millones y los adelantos transitorios y letras intransferibles (incobrables) por $ 621.000 millones. Otro aspecto relevantes es que el stock de reservas es inferior al monto de Lebacs y pases que suman $ 260.000 millones (unos U$S 30.000 millones) que devenga intereses. Según el economista, las reservas disponibles (sin los depósitos, swaps y fondos de bonistas) bordean los $ 170.000 millones, $ 100.000 millones por debajo de los pasivos. En octubre la base monetaria creció 25 % y los pasivos monetarios crecieron 40 %. Hay $ 407.300 millones de en circulante (U$S 47.650 millones), respaldados por U$S 28.050 millones de reservas, el 60 % En el año, la expansión primaria de moneda se ubica en $ 133.000 millones y desde enero $ 98.000 millones. En octubre se emitieron $ 22.000 millones para financiar el gasto público que crece al 46 %, más de 10 puntos por sobre la recaudación. Además, en octubre, se utilizaron $ 12.000 millones del Fondo del Desendeudamiento
En 2015 tenemos vencimientos de deuda pública por U$S 12.500 millones; de las provincias por U$S U$S 2.100 millones, más la deuda privada que se paga en dólares. La deuda pública en dólares, euros y pesos se ubica en un monto de U$S 250.000 millones.
Lo cierto es que tenemos reservas para cuatro meses de importaciones y significan el 36 % de los pesos circulantes y depósitos a la vista y en plazo fijo.
El único ducto de ingreso genuino de divisas, el saldo del comercio exterior, llegará este año a U$S 7.000 millones, U$S 1.000 inferior al del año pasado. Para el año próximo, es probable que sea algo superior, por la merma de importaciones. Si a ello se resta el déficit de la cuenta servicios, no quedarían disponible más de U$S 2.600 millones.
La consultora Ecolatina ha corregido a la baja el monto de exportaciones para 2014 y lo estima en U$S 3.500 millones.
Recientemente se sancionó una ley de hidrocarburos 27.007.
Significa legalizar el contrato con Chevron y los decretos 1208/13 y el decreto de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos del año pasado. Sus cláusulas secretas el país debe conocer. El Acuerdo de Inversión para Proyecto, no ha sido dado a conocer. Nos enteramos por investigaciones periodísticas. Debemos saber si se formaron sociedades asentadas en Delaware y en paraísos fiscales. YPF se escuda en que es una sociedad anónima (tiene como accionistas a fondos de inversión como Soros, Blackstone, Third Point, Hayman, Perry Capital y Lazzard, entre otros) y sujeta del derecho privado, pero se transforma en el centro de la política hidrocarburíferas al promover esta ley que la beneficia por las concesiones que posee. Con ella deberán negociar áreas los nuevos operadores que pretendan ingresar a ese negocio. La transferencia de renta potencial (estimada en $ 150.000 millones) es injustificable y mucho más dentro del relato nacional y popular. Tal vez por ello no puedan reconocer la cesión de soberanía que implica resolver reclamos, controversias o disputas futuros con Chevron en tribunales de Nueva York y si en casos de arbitrajes definitivos e inapelables, ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Sus sentencias se pagarán en dólares. Tampoco se conoce mucho sobre los acuerdos con Petronas por U$S 350 millones.
Lo más probable es que habrá más pedidos de prórroga, de actuales concesionarios para lograr diez años sus permisos y luego acceder a concesiones de treinta y cinco años para explotar no convencionales. En este segmento se requieren nuevos jugadores, que alta tecnología y mucho capital para enterrar millones de dólares y es poco previsible pensar en nuevas empresas de gran porte que lo hagan. Será por ello que el capital mínimo a invertir haya bajado de U$S 1.000 millones a U$S 250 millones. Se dice que en Vaca Muerta hay el equivalente a tres PBI argentinos y que podrá determinar ingresos más de U$S 67.500 millones anuales, equivalentes a más de 80 años de exportaciones de soja, según la consultora Accenture. De este modo se invita a los menos aptos. Es una hipoteca para los próximos gobiernos porque se invocarán derechos adquiridos y será costoso revertir.
Veamos lo que hizo Brasil con Petrobras, aún con la fenomenal trama de corrupción denunciada que se investiga y lo que hace México con Pemex. Ambos fueron gigantes estatales, Brasil la abrió al capital privado y es la tercera petrolera del mundo. México termina con el monopolio de Pemex y para incrementar su producción de gas y petróleo lanzará la primera subasta abierta por áreas hidrocarburíferas incluyendo las aguas profundas del Golfo, donde en la parte perteneciente a EEUU, decenas de plataformas extraer petróleo y gas. México extrae la mayor producción en el sur del golfo y espera atraer inversiones para la porción norte del mismo, para explotar yacimientos viejos con perforaciones horizontales y fractura hidráulica. Su nueva legislación tiene como objetivo sustituir contratos de servicios con contratos que compartiendo petróleo aumenten la perforación y la producción. Pemex lleva ocho años explorando en esa zona y no pudo extraer nada aún en aguas profundas. México, es la octava reserva en no convencionales y comprende que no es sencillo explotar esos esquistos. Ante la merma del precio ya están recortando sus gastos. Trata de atraer inversiones cuantiosas del exterior y las empresas expulsadas hace 70 años competirán, sin ningún privilegio para Pemex, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es sabido que el riesgo se asume cuando hay reglas de juego estables y posibilidad de ganar dinero.
Una Nación, debe brindar certezas, resguardar el interés propio y el medio ambiente con legislación y políticas para que quienes tengan aptitud permitan poner en valor los recursos dormidos.
¿Cómo es posible que estemos haciendo lo contrario, con la experiencia internacional y nacional que acumulamos en la materia?
Los costos de producción en nuestro país son más onerosos que en EEUU y el barril de Brent se ubica en U$S 77,92; en tanto el barril WTI se cotiza U$S 74,21, con una baja en ambos de más del 2,5 % y en el nivel de setiembre de hace cuatro años atrás. Ese precio, 32 % por debajo de junio, fruto de la desaceleración china y los 9 millones de barriles diarios de EEUU por la explotación de no convencionales, baja las ganancias de Rusia y los once países de la Opep que producen el 40 % del mercado, pero también recorta los beneficios de las empresas petroleras, impactando en el atractivo de Vaca Muerta, donde el elevado costo de fracking requiere precios altos estabilizados. Eso ocurrió durante el largo lustro pasado.
En 2003 el barril de crudo costaba U$S 25. Ese tiempo perdido se paga caro, (a mediados de 2008 el barril cotizó a U$S 146). El costo de extracción varía según países.
Recientemente se difundió en un informe que a Qatar le cierra su presupuesto con U$S 65 el barril de crudo, mientras que Emiratos Árabes requiere U$S 70; Kuwait U$S 75; Libia U$S 90; Arabia Saudita U$S 93; Angola U$S 98; Irak U$S 106; Rusia U$S 115; Ecuador U$S 117; Nigeria U$S 119; Venezuela y Argelia U$S 121; Irán U$S 140.
Algunos especialistas calculan que para explotar completamente la totalidad de los yacimientos no convencionales en Vaca Muerta, con esa técnica donde los costos más elevados se dan en los primeros tramos, se requiere que el Brent esté por encima de U$S 100 barril. Algunos estudios de la consultora Accenture consideran que se puede extraer el 28 % de ese reservorio lo que constituiría una reserva de 46 años en petróleo y de 50 años en gas, más de triplicando la producción diaria actual y triplicando la proporción de la industria petrolera en el PBI. Sus estudios indican que puede aportar U$S 67.800 millones anuales al PBI. El informe se hizo con el barril de petróleo a U$S 85. En Vaca Muerta y Los Molles se requerirá, para su desarrollo completo más de U$S 380.000 millones. Todavía no sabemos cuánto hay y ya saben las empresas que su rentabilidad se achicó.
La precios de etanol bajaron en EEUU a su nivel más bajo desde 2010 y se recortaron las ganancias de las empresas que aumentaron sus inventarios. Los futuros de etanol bajaron 28 % y la merma del precio del maíz contribuyeron a esa tendencia. EEUU en el primer semestre incrementó su exportación de etanol 54 %. Por su parte Brasil desgrava impuestos a la industria de estanol y azúcar, siendo previsible mayor oferta y precios a la baja.
Habrá que ver cómo afecta en el país a la producción de biocombustibles que están recuperándose del frenazo que resultó de políticas lamentables. Con la baja de retenciones de 21 % al 11%, las exportaciones crecieron 44 % entre enero-setiembre. La producción en ese período aumentó 24,8 % respecto de ese tramo del año pasado. Con el barril de crudo por encima de U$S 50, la cotización del maíz aumenta como el crudo. Por esa razón, el maíz transformado en etanol pasó de U$S 120 a U$S 250 la tonelada, según el especialista Héctor Huergo.
Aquel desacople del precio internacional nos llevó a este desastre.
Lo cierto es que en 2013, la producción de petróleo cayó 2 % y la de gas 5,5 %. En 2014, la extracción de petróleo cae 1,5 % y la de gas 0,7 %. En plena recesión con 2/3 % de caída del producto, importaremos cerca de U$S 12.000 millones. Hasta octubre importamos U$S 10.044 millones. En cinco años, esa sangría significó U$S 47.500 millones.
La nafta aumentó más de 40 % desde enero y se incrementó su precio 60 % en un año. Ahora YPF lanza la nafta Infinita, para los autos de menor antigüedad y satisfacer al 11 % del mercado de precios más elevados.
El kirchnerismo, con su demagogia hizo que se incrementara el porcentaje de la generación térmica de electricidad. Cuando asumió, en 2003, significaba el 50 %, ahora el 64 %.
La crisis en el sistema eléctrico se corresponde con la desinversión fruto de una política. Se paga el 15 % de lo que demandar generar un KWh. La demanda creció 45 % y la oferta 22,4 % No se respetan contratos y el gobierno debe pagar los sueldos y su cuenta con Cammesa.
Hasta setiembre, Edenor registró pérdidas por $ 1.443 millones y Edesur $ 2.019 millones. Están quebradas con patrimonio neto negativo.
En este sendero, pronto importaremos gas desde Uruguay, dado la construcción de una planta regasificadora en ese país, que se planeó hacer en conjunto y luego nuestro vecino encaró por las suyas. Sus excedentes serán exportados, seguramente a Argentina.
Dentro de pocos días traerán al recinto el proyecto de ley Telefonía Digital, que modifica la Ley de Medios Audiovisuales. El ingreso de las telefónicas para brindar televisión estaba vedado por esa ley y por el contrato de privatización en privatización de Entel que se lo impedía. También se modifica el marco regulatorio de la reciente licitación de telefonía celular. Constituye una inequidad en las adecuaciones que se tramitan ante Afsca, porque se las considerará con leyes distintas. Las prestadoras de servicios audiovisuales, deben cumplir los topes sobre cantidad de licencias y de abonados no pudiendo superar el 35 % del total del país.
Es probable, a menos que se modifique en el Senado, que las telefónicas brinden el servicio mediante los satélites que poseen Telefónica y Telecom que capturan el 80 % del mercado, ya tienen nueve millones de líneas de telefonía física en redes que fueron construidas durante décadas por el Estado y de las que disponen por 99 años. En cambio, las redes de cable fueron financiadas por cerca de 600 cableoperadores, grandes y medianos. Esa red podrá ser utilizada por las telefónicas y no se sabe si pagarán el uso. Se parece mucho a una expropiación sin indemnización y sin nada que la reglamente.
No se estipula quien será la autoridad de aplicación ni se prevé organismo de control; no se fijan sus facultades, competencias ni procedimientos. Ello abre la posibilidad que sea designada por el Poder Ejecutivo, sin participación del Congreso, que fijará las tarifas, como en la telefonía fija congelada desde hace diez años. Ahora la telefonía fija dejaría de ser un servicio pública y se liberarían las tarifas, en beneficio de…las telefónicas.
Con ese intervencionismo discrecional, reglas de juego que se modificar y más volumen sobre las mismas redes, que requieren más de quince megas de ancho de banda, para prestar el triple-cuádruple play, se afectará la velocidad y la actual precaria calidad del servicio. Por la falta de dólares faltan componentes de celulares, como de computación e informática. Los especialistas sostienen que las redes actuales no están en condiciones para ello y el servicio agravará los problemas actuales porque nadie invertirá en esas condiciones.
DirectTV con un millón de abonados, fue beneficiada por la Ley 26.522, ahora saldría perjudicada. Las telefónicas piensan en brindar TV satelital, por lo que tampoco se avanza en la convergencia y sin inversiones capturarían cerca de cuatro millones de abonados y un ingreso adicional de U$S 1.120 millones anuales, según el especialista Henoch Aguiar.
Para la ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable se va a consagrar la depredación de las empresas de televisión por cable que no podrán ofrecer paquetes de servicios más barato que el individual, que si podrán ofrecer las telefónicas. Agregó que con una sola licencia a las telefónicas les permite cubrir todo el territorio, mientras que la TV por cable no puede exceder los 24 pueblos. Para otros especialistas, la habilitación de las telefónicas para brindar televisión satelital, destruye el negocio y la única red alternativa que tenemos y podrá hacerlo inmediatamente después de aprobada esta ley.
¿Quién utilizará la red de fibra óptica oficial de 30.000 kilómetros?
Por el sistema TDT, donde se construyeron antenas y se repartieron cerca de un millón de codificadores, circulan contenidos oficialistas exclusivamente. Adepa advirtió sobre el riego del proyecto que propicia regular y limitar los contenidos de las expresiones que realicen los usuarios a través del servicio de Internet. La entidad, calificó al proyecto como una intromisión del gobierno en el ámbito pluralista que rige ideas y opiniones de usuarios y un grave retroceso institucional y cultural. Con esta normativa no tendremos más y mejores inversiones, tampoco se estimula la competencia y se compromete la financiación de contenidos. Es inconstitucional por la delegación de facultades otorgadas al organismo administrativo que podrá otorgar licencias, establecer condiciones de interconexión, sancionar, disponer transferencias y caducidades y mucho más. Las velocidades mínimas serán revisadas cada dos años pero nada dice que se puedan modificar los precios para mantenerlas. Arsat tendrá prioridad en el uso del espectro y no se determina el uso del Fondo de Servicio Universal, creado para llevar la conectividad a regiones de baja rentabilidad. ¿En qué se usará ese fideicomiso estimado en $ 2.700 millones?
Sería muy conveniente que se investiguen irregularidades denunciadas en Arsat por el alquiler de bonos. Son recursos públicos y no pueden ser manejados sin transparencia ni control.
Se acentúa una concepción autoritaria y conforma el paquete de iniciativas antinversión que este Congreso sanciona sin debate ni analizar los costos que acarrean.
Seguimos legislando para obtener unos pocos dólares en menos de un año, pero estos son asuntos que comprometen planes por cuarenta años. Se parece mucho al final de la convertibilidad, cuando se hizo lo mismo, malvendiendo en U$S 3.000 millones el 20,3 % del paquete accionario de YPF a Repsol y con ello cedió la acción de oro que poseía.
Es mala praxis económica no aprovechar el ciclo de abundante financiamiento de bajo costo, para modernizar nuestra infraestructura. Doce países subsaharianos de África han conseguido entre enero y octubre más de U$S 7.000 millones y los banqueros compiten para tomar esta deuda soberana. Kenia hace puertos y ferrocarriles; Senegal caminos y usinas eléctricas; Ruanda una central hidroeléctrica; Uganda lo usa para construir rutas, trenes y centrales de electricidad, y podríamos seguir lo que hacen Ghana y Nigeria. Hasta 2006, el único país que emitía deuda soberana era Sudáfrica.
El comentado arreglo con los holdouts para el año próximo, tiene el único objetivo de lograr financiamiento, seguramente caro y destinado a un gasto público que crece al 46 % y representa 48 % del PBI. Hace días el mismo fue aumentado U$S 894 millones y supera el 4 % del PBI. Según la consultora LCG, en valores constantes, el gasto creció 189 % entre 2000/13 y en dólares, el año pasado significó U$S 135.200 millones. Según la consultora el déficit fiscal 2014 representará 4,2 % del PBI ($ 171.000 millones.) El economista Nicolás Dujovne lo estima en 6 % del PBI.
En octubre el rojo de las cuentas públicas fe de $ 13.900 millones y desde enero ese déficit llega a $ 124.200 millones, con $ 90.500 millones de aportes del utilidades del BCRA. O sea en diez meses el déficit supera los $ 214.700 millones. Distintos especialistas prevén que el año cerrará con un déficit de $ 160.000 millones y más de $ 90.000 millones de aportes del BCRA, o sea cerca de $ 250.000 millones. El 25 % se cubrirá con endeudamiento intra-estado y el 75 % restante con emisión monetaria.
Las proyecciones estiman un crecimiento del gasto por encima del 45 %.
Para solventarlo recurre a la emisión, al BCRA y Anses que le prestaron hasta agosto $ 80.000 millones y a la presión impositiva consolidada del 44 % del PBI, récord histórico la más asfixiante de América Latina. Según los fabricantes de bebidas, en la etapa de elaboración, el 37 % de sus costos son impuestos. Según el Iaraf, de cada $ 100 que se gastan en lácteos, carne, frutas, carne y verduras, $ 34 son impuestos y si se compran otros alimentos ese monto llega a $ 39,70. Si se agregan bebidas llega a $ 44. Otro dato que desmiente el relato y muestra el rostro regresivo y perverso del populismo es que de los $ 644 que se reciben mensualmente por AUH, $ 225 regresan al Estado por impuestos, según el informe de esa consultora.
El IVA se mantiene en 21 % desde hace una década; en los ’90 era 13 %
Cuando asumió el kirchnerismo esa carga tributaria nacional representaba 19,3 % del PBI, ahora supera el 31 %. Según el Iaraf, la presión impositiva pasó de 28,8 % del PBI en 2004 a 38,7 % el año pasado. El Tesoro Nacional pasó de recaudar 19,1 % del PBI a 21,1 %; las provincias pasaron del 4 % del PBI a 6 % y los municipios del 1,1 % al 1,9 %.
Esa consultora destaca que un trabajador que recibe $ 16.000 mensuales, si obtuvo un aumento salarial del 28 %, perdió 10,7 % de su poder de compra por efecto de la inflación y el Impuesto a las Ganancias.
En el año 2002, un trabajador registrado destinaba 70 días del año para cumplir con las obligaciones impositivas, en 2012 alcanzó los 210 días, además de los tributos indirectos.
Mientras tanto, el gobierno apela el desacato, pero en el juzgado de Nueva York, se suman reclamos de bonistas que pretenden igual tratamiento que los incluidos en el fallo del juez Thomas Griesa. La cifra va desde U$S 4.700 millones a U$S 6.290 millones, según distintas fuentes si el fondo MNL amplía su reclamo con otros U$S 1.590. El abogado de Argentina lo señaló por carta y llega a la primera cifra por el efecto de 25 nuevas demandas. Las acciones legales reúnen a 102 holdouts. Hay quienes estiman que el monto reclamado supera los U$S 7.500 millones.
El Juez amplió las facultades del mediador Daniel Pollack para que sume a los me too a las negociaciones y autorizó por tercera vez el pago del Citibank a tenedores de bono Par por U$S 85 millones.
De los dieciséis canjes soberanos realizados entre 1998/09, la mitad se ejecutaron sin litigios; de la otra mitad, Irak tuvo una decena de juicios y dos Ecuador. Argentina disparó más de 40. A comienzos de 2011 había 43 pleitos pendientes, de los cuales 40 eran con Argentina y representaban el 95 % del monto total reclamado por holdouts, según un informe publicado.
El Jefe de Gabinete informó en este recinto que no se presentó ningún bonista a cobrar ante el Fideicomiso Banco Nación. ¿Recuerdan lo que dijeron en este recinto y lo que expuso la oposición cuando se votó la ley 26.984 de pago soberano?

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió una increíble carta al Presidente de EEUU por la designación de una ex embajadora que hizo lobby por los holdouts. En la misma le pide colaboración para abordar esta cuestión. Recuerdo que EEUU, Inglaterra, Alemania, Japón, entre otros, no acompañaron la resolución de la Asamblea de la ONU referido a la reestructuración de deuda, que según Barack Obama debe tratarse en los organismos correspondientes como el FMI. Por su enfermedad, la Presidenta no viajó a la IX Cumbre del G-20 en Brisbane, Australia, donde el país será representado por los ministros Axel Kicillof y Héctor Timerman que desprecian la inserción argentina en el mundo a quien culpan de todo. En ese ámbito nuestra Presidenta descarga discursos contra las medidas que impulsan sus miembros. No obstante siempre se podrían conseguir apoyos que el discreto trabajo diplomático debe articular.
En estos días acontecen movimientos muy importantes y nuestro aislamiento fue notorio en la elección del juez para la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde nuestra candidata, una prestigiosa diplomática, recibió la mitad de los votos que el candidato de Jamaica. Por primera vez Argentina debe retirar una candidatura presentada ante organismos de la ONU y la Presidenta la justificó en aras de no lesionar la unidad regional. Esa irrelevancia es fruto de nuestras políticas y actitudes internacionales, reflejo de una política ideologizada que promueve la confrontación y la incertidumbre.
Nuestra Cancillería y las Comisiones de relaciones exteriores de este Congreso, deberían estar analizando este Tratado de veintiún países asociados al APEC ( Foro de Cooperación Asia Pacífico), donde se reúne el 44 % del comercio mundial, con un banco de desarrollo e inversiones y que regirá desde 2016. Por otro costado, EEUU promueve el TPP (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico) que reúne a doce países sin China y esto puede acelerarse con el nuevo congreso estadounidense. Esa competencia será dura con reacomodamientos como se avizora con Japón. Algo de ello se verificará en el G-20 donde participamos sin ninguna estrategia que conozcamos y sin que estemos debatiendo nuestro lugar en semejante reconfiguración.
En la región, desde hace dos años, avanza con la Alianza del Pacífico cuyos integrantes crecieron a mayor velocidad que nosotros. Entre 2008/13 Colombia creció el 21 %; Chile el 23,7 %; Perú el 30 %. Argentina creció el 16 % y este año caemos más del 2 %. Veamos en crecimiento económico anual promedio de la región entre 2008/14. Perú 6,2 %; Paraguay 5,2 %; Bolivia y Uruguay 5,1 %; Colombia 4,1 %; Chile 3,9 %; Brasil 2,9 %; Argentina 2,2 % y Venezuela 1,6 %.
La semejanza de performance económica con Venezuela es reflejo del modelo político y las consignas ideológicas esgrimidas. Según proyecciones privadas y del FMI, la inversión caerá 4,1 % en Argentina y 10 % en Venezuela; la producción industrial mermará 2,6 % en ambos países y las exportaciones caerán 6,2 % en Argentina y 7,6 % en Venezuela mientras crecerán 1,3 % en la región.
Venezuela importa casi todo lo que consume y su brecha cambiaria supera el 800 %. Nosotros impedimos el movimiento de contenedores, tenemos precios relativos distorsionados, imponemos impuestos y diferencias cambiarias que quitan competitividad y pretendemos una defensa anacrónica, con restricciones inadecuadas.
La inversión bruta interna, que en 2013, era del 16,2 % del PBI, cayó en el primer trimestre de este año 3,7 %. En setiembre, según Orlando Ferreres, la inversión bruta interna cayó en volumen físico 2,7 % y acumulado en dólares, en los primeros nueves meses se contrajo 13,6 %, respecto de igual período de 2013. Por su parte, las IEDs buscan otros países menos hostiles, muchos nuestros vecinos. Con esta política el relacionamiento internacional se degrada y quedamos expuestos a cualquier acontecimiento y vinculados por emergencia a los especuladores que conociendo nuestra debilidad negociadora sacan provecho de la situación.
En EEUU la procuraduría de Montana y el Servicio de Impuestos, han detectado operaciones sospechosas de lavado de dinero, realizadas mediante 20.000 operaciones en el Banco de la Nación, con sede en Nueva York.
Todo para seguir gastando descontroladamente y sin prioridades.
Los fondos destinados a subsidios económicos, entre enero-octubre, ya superan los $ 145.000 millones, el 72 % por encima de lo gastado el año pasado. El sector energético recibió $ 106.000 millones; el transporte $ 33.100 millones; Aysa $ 2.300 millones; el sistema de radio y televisión argentina $ 1.160 millones.
Tuvimos 5.000 evacuados en la provincia de Buenos Aires y con el paro docente se cumplieron 21 días de clase pedidos en el año e involucra a 3,2 millones de niños y adolescentes.
Nuestros alumnos de 7º grado han acumulado las mismas horas de clase que los niños chilenos en cuarto grado. Pocas horas y bajo aprendizaje signan una desigualdad que condenan a nuestras futuras generaciones.
Argentina destina menos del 2 % del PBI a inversión en infraestructura, en los países asiáticos la inversión en obra pública supera el 6 % del producto.
Sólo el 12 % de la duplicación de gasto se destinó a obras de infraestructura en a década.
Según el informe de la AGN (Auditoría General de la Nación), las estatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral, se perdieron $ 20.342 millones desde la estatización, en julio de 2008. Según la AGN, durante el año 2011 y el primer semestre de 2012 esas empresas perdieron U$S 984 millones. En ese período auditado el rojo se incrementó 43 % cotejado con 2010. El titular de las empresas Mariano Recalde, dijo en 2010 que el equilibrio financiero llegaría en 2011.
En ese lapso ingresaron 1.125 empleados y suman 10.782. Hay 1.365 pilotos, contra 1.085 que había hace cuatro años. Ello significa 33,4 pilotos por cada avión, según Iata, se requieren 13,2 y ese es el promedio. Los gastos en personal son 75 % más elevados que otras empresas de aeronavegación y el gasto en nafta es 24 % superior.
Además nunca debatimos la política aerocomercial. Allí podríamos analizar el gasto en conectividad interior y el déficit de vuelos internacionales. Los de cabotaje dan ganancia, los viajes al exterior son todos deficitarios, con excepción de Florianópolis. Sería conveniente aclarar sobre lo informado sobre el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, respecto de la sanción aplicada a A.A. por no publicar tarifas.
En esta sesión se aprobó la creación de la UNDEF (Universidad de la Defensa Nacional) que carecerá de autonomía y depende del Ministerio de Defensa, para formar militares y civiles en carreras de pregrado, grado y posgrado. Esto incumple las leyes de defensa y educación superior y no respeta la autarquía conferida a las casas de altos estudios. Se piensa implementarlo en pocos meses, con designaciones mediante. Otro engendro, innecesario, como el de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo dependiente del Ministerio de Justicia.
Es un dispendio injustificable de fondos públicos cuando el país necesita corregir su matrícula en dirección de las científico-tecnológicas para contribuir al desarrollo nacional, la más sólida plataforma para defender al país, donde pueden también formarse el personal militar que quiera especializarse.
Según un informe de Alieto Guadagni, en nuestro país esas carreras, científico-tecnológicas, gradúan el 14 % del total. En Francia, Alemania, Chile, México y Colombia superan el 25 % del total de egresados; en Finlandia y Corea ese porcentaje supera el 30 %. En 2011, de las universidades públicas egresaron 30.000 profesionales en Ciencias Sociales, 47 ingenieros en petróleo, 13 ingenieros hidráulicos, 13 ingenieros en minas y 9 ingenieros nucleares.
En Argentina se gradúan 72 ingenieros cada 100 abogados; en Chile se gradúan 200.
El Ministerio de Educación de la Nación informa que en los últimos años el 58 % de los graduados universitarios corresponden a ciencias sociales y humanidades. En Administración y Economía anualmente se reciben 20.000; en ciencias básicas (matemática, química, física y biología 2.500. Nuestro país necesita duplicar el egreso en carreras técnicas y aspirar a contar con un ingeniero cada cuatro mil habitantes. Según el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, se gradúan anualmente 6.500 ingenieros, muy por debajo de Brasil. Estamos hablando de ingenieros mecánicos, electricistas, navales, textiles, electrónicos, naval, en petróleo y minas y las ramas de agronomía y biotecnología.
El índice de graduados universitarios por habitante en nuestro país (2,7 % por 100.000 habitantes) es la mitad que en Brasil (5,2 %) y sólo culminan sus estudios el 25 % de los ingresantes.
Recientemente un estudio del BID indica que en los próximos diez años, en la región, las carreras más demandadas serán ingenieros civiles y biomédico, analista estadístico y especialista en seguridad cibernética, asistente de salud, programador de software, científico en alimentos.
En los últimos diez años, la escuela pública ha perdido más de 301.907 alumnos hacia las de gestión privada. (El año pasado 49.094 y en 2012, 45.336). La matrícula de las escuelas primarias pública disminuyó 8,2 % en la década. En 2003 había 675.000 alumnos inscriptos en escuelas públicas, ahora hay 549.000; un 19 % menos. Las escuelas primarias privadas aumentaron su matrícula 25,6% (desde 2003 agregaron 240.000 alumnos.) En mi provincia, el año pasado, se fueron de la escuela pública a las de gestión privada 2.246.
Argentina está entre los 14 países con mayor gasto en porcentaje de producto destinado a educación, pero está entre los que más proporción del mismo van a salarios (93%), solo nos supera Ecuador. En Brasil ese porcentaje salarial representa 72 % del gasto educativo; en Cuba el 59 %.
Según la Ley de Financiamiento a fin de 2010 tendríamos que tener 30 % de alumnos del ciclo primario con jornada doble y sólo llegamos al 8 %.
En el ciclo secundario el 71,6 % asiste a establecimientos públicos y 28,4 % a privados, pero en el total de egresados del año pasado (302.470 alumnos), el 40 % fueron de escuelas privadas y el 60 % de establecimientos públicos. Los niveles de deserción son los más elevados de Latinoamérica, estamos en el sitio 11º entre 13 países. Sólo el 43 % culmina el secundario en la edad correspondiente y si tomamos en cuenta la repetición, menos del 50 % terminan el ciclo en tiempo y forma.
Todo el sector público para haberse convertido en un botín, una agencia de colocaciones donde se sustituya la aptitud técnica, la idoneidad en la materia por la lealtad y alineamiento con una facción del elenco gobernante.
Desde 2003, la plantilla de personal estatal se incrementó en 1.700.000 agentes. Sumando las tres jurisdicciones pasó de 2.250.000 personas a cerca de 4 millones. Muchos de ellos están precarizados, con contratos sujetos a la persecución ideológica y despido sin causa, como se denunció en este Congreso, referido a la Inspección General de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sedronar, la Secretaría de Energía y otros organismos.
Con la reciente ampliación presupuestaria de $ 220 millones, el programa Fútbol para Todos recibirá $ 1.667 millones este año, un 176 % superior al monto anunciado cuando se lo anunció, augurando ganancias que se derivarían al deporte olímpico. Se gastan $ 4,5 millones diarios para televisar partidos de fútbol que podrían financiarse con publicidad privada. En cinco años se habrían girado cerca de $ 5.000 millones y los clubes habrían duplicado su endeudamiento. La seguridad en eventos futbolísticos nos anotician periódicamente con la pérdida de vidas.
Como contracara, el sector privado exhibe la foto de la recesión que se mantendrá, aún si arreglan con los holdouts. Si con el oxígeno de los dólares logrados por los mecanismos antemencionados, pretender seguir con la falsa épica antibuitre, la situación de contracción y desempleo se profundizará. Desde la aplicación del cepo, se perdieron más de veinte millones de dólares diarios. Ello califica la calidad de esa medida. La década deja un saldo que debe ser analizado objetivamente para no repetir errores.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA mide un 26 % de pobreza en el país.
El Observatorio de la Pobreza del CIPPES (Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales) lo mide, en junio, en 31,46 %, abarcando a 13,19 millones de personas. Un año atrás ese indicador era, en junio de 2013, era 26,41 %. Dos millones de compatriotas cayeron bajo la línea de pobreza, según esas mediciones.
Según la consultora M&F (Management & FIT) el porcentaje de pobreza es 22 % y aumentó cuatro puntos en el comparativo del primer semestre 2014 con ese período del año pasado. Para el Indec, cuando dejó de publicar esa serie, ese indicador era 4,7 %
Sin inversiones dentro de un proyecto integrado, pasada una coyuntura favorable, la realidad social muestra su verdadera realidad.
La inversión bruta durante los últimos años del kirchnerismo estuvo en 18/19 % del PBI, sumando la inversión pública.
En octubre la producción automotriz cayó 19%, las exportaciones mermaron 14,4 % y las ventas internas se desplomaron 40 %. En los primeros diez meses, la fabricación disminuyó 35 % respecto de igual período de 2013 y las ventas disminuyeron 27,2 % según ACARA. La venta de unidades usadas, acumula una caída del 11,5 % e los primeros diez meses del año, comparado con ese período de 2013.
Pese al ProCreAuto, donde falta entregarse 11.600 unidades y no se implementó la anunciada segunda etapa, es el parate interno y no el bajón de ventas a Brasil, la principal causante de este tobogán.
Las automotrices no pueden girar dividendos, no pueden pagar a proveedores (se estima una deuda acumulada de U$S 1.500/2.000 millones), les demoran la homologación de piezas y esas son decisiones políticas antiinversión.
El faltante de piezas y repuestos agrava la cuestión. Pese al discurso industrialista sólo el 30 % que lo que compone un automóvil es de fabricación nacional.
Las ventas de motovehículos cayó 32 % en el interanual de octubre. Las ventas de electrodomésticos cayeron 18,6 % en setiembre y la juguetería -10%.
En el tercer trimestre, las ventas de maquinaria agrícola disminuyeron 16 %.
En la industria alimenticia, la Copal informa que en setiembre, la demanda de alimentos cayó 3,9 %.
Una empresa líder del sector como La Salamandra, fabricante de dulce de leche, cerró sus puertas y solicitó el procedimiento preventivo de crisis porque no cubre sus costos de producción.
El Banco de la Nación desactiva créditos, acorta plazos de descubiertos, achican los montos de la tarjeta Agronación a partir de la recalificación de los productores rurales en momentos de dificultades del sector. Por las inundaciones se prevé una disminución del 30 % en la superficie de siembra de trigo y otros cereales en el sudoeste bonaerense y una caída del 15 % en la producción de terneros. Según los entendidos el año próximo faltarán 500.000 terneros, un 4 % de la futura oferta de carne.
La superficie sembrada de trigo, se redujo 2,5 millones de hectáreas desde el ciclo 2001/02. En 2007/08 se produjeron 16,4 millones de toneladas y en la cosecha pasada caímos a 9,5 millones de toneladas.
La Bolsa de Comercio de Rosario estima una cosecha de trigo de 12 millones de toneladas (bajó 500.000 tns. la anterior previsión y una siembra de 3,7 millones de hectáreas de maíz con una cosecha estimada de 21,5 millones de toneladas, 13,3 % menos que la cosecha 2013.
Pese al anuncio de la Presidenta Fernández de Kirchner en marzo de 2012, nunca se instrumentó el seguro agropecuario multirriesgo obligatorio. Perú, Paraguay y México, entre otros cuentan con ese instrumento para salvaguardar la sustentabilidad económica ante las condiciones climáticas.
Siguen los destrozos de silobolsas en mi provincia, acontecieron en Idiazábal y San Basilio. Recuerdo que el complejo sojero aportó U$S 175.000 millones desde que asumió Cristina Fernández de Kirchner. El discurso y las políticas quitan incentivos al sector agropecuario. En la década creció a un promedio anual del 3,7 %. Como lo reseña Nicolás Dujovne, entre 1993/03, crecía al 7 % por año.
La demanda de carne vacuna se sostiene, pero nosotros aplicamos cerrojos quitando incentivos a aumentar el peso de faena. Aplicamos retenciones del 15 % a la exportación de carne vacuna que a su vez, como todo el sector exportador tiene que liquidar a un dólar barato por la brecha.
Según la Ciccra (Cámara de la Industria de Carne y Derivados de la República Argentina) la faena, por octavo mes consecutivo, cayó en octubre 9 %; las exportaciones de carne cayó 4,5 % en diez meses de retroceso y el consumo entre enero-octubre mermó 6,4 % (de 63,3 kilos por habitante a 59,2 kilos/hab.)
Parece que el kirchnerismo ignorara lo que sucedió en la década anterior a su década, cómo se amplió la superficie sembrada duplicando la producción de granos con mayores rendimientos y lácteos y por qué motivo crecían los rodeos ganaderos.
Ha trascendido que el Ministerio de Agricultura impulsa una reforma del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. El IPCVA, fue creado en por ley 25.507/01y se financia con aportes de los productores y frigoríficos. El IPCVA, el año pasado, gastó $ 25 millones para desarrollar esa producción en mercados externos y para consolidar el mercado doméstico y tuvo un remanente de $ 8 millones.
Bajo la idea de incluir otros sectores cárnicos (aviar, porcina, caprina, pescados y provenientes de la acuicultura) se encubre el ingreso del Estado en la dirección de este organismo que al modificar la integración de su consejo de administración, dejando fuera a las entidades, con mayor participación estatal en el consejo de representantes que confecciona el presupuesto y aprueba el balance. El Presidente sería determinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y dejaría de ser un ente de derecho público no estatal. El año pasado ese organismo recaudó $ 57,6 millones con aportes privados (70 % productores ganaderos y 30 % frigoríficos) y muchos piensan que lejos de tener un objetivo comercial, se trata de destruir esa caja. Ya lo hicieron hace tres años cuando disolvieron el Renatre. Un ente estatal sustituyó al organismo donde se registraban los trabajadores del sector agropecuario y participaban los gremios y entidades rurales.
Mientras tanto la discrecionalidad manda en el otorgamiento de ROE, para carne y cereales. Los impuestos agobian y se demoran las devoluciones de saldos de IVA. Por ello tanta desconfianza en este proyecto.
En este Congreso se conoció que en la provincia de San Juan, con la paralización del proyecto minero Pascua Lama se registran 12.000 despidos en los últimos meses. Además hay despedidos en emprendimientos mineros en Catamarca y La Rioja; en Cerro Negro, Santa Cruz y el Potasio Colorado en Mendoza. Las causas son las mismas del resto de la economía, impedimentos para importar, inflación, aumento de costos, a brecha cambiaria y el bloqueo para girar dividendos.
El impacto de este tramo del populismo en el empleo es preocupante. En octubre se destruyeron 6.310 puestos de trabajo. Según Tendencias Económicas, en diez meses se perdieron 32.279 empleos registrados. Esa consultora informó que en octubre hubo 11.243 trabajadores suspendidos (en ese mes del año pasado hubo 1.772) y desde enero esa cantidad se ubica en 129.143.Según el IPyPP entre el segundo trimestre del año pasado y el correspondiente a 2014, se destruyeron 482.340 puestos laborales, registrados y en negro. Por otra parte 430.760 compatriotas dejaron de buscar trabajo. La tasa de desocupación aumentó 1,6 % (20.669 personas.)
Según el Indec, en el tercer trimestre, se perdieron 20.000 puestos laborales en la industria y ese universo se contrajo 2 % en los primeros nueve meses del año. Según la consultora Idesa, en el primer semestre el empleo privado se redujo 0,2 %, 12.970 empleos menos que en ese tramo del año pasado. En esos seis meses, el empleo público se incrementó en 75.253 agentes.
Según la OIT si se suman cuentapropistas, trabajadores familiares, personal doméstico, empleados públicos y en micro empresas, el 46,8 % de los ocupados lo hacen en la informalidad. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA releva un 56 % tiene algún problema laboral, desde la desocupación a la informalidad.
Según la COPAL, en el sector alimenticio, los despidos aumentaron 2 % y las horas trabajadas mermaron 4 %.
Del universo de 6,8 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, hay 1,3 millones que no trabajan ni estudian, según nos lo recordó Silvia Naishtat en su columna periodística. ¿Ponderamos debidamente lo que significa semejante exclusión social y su impacto en la convivencia que derrama la pérdida de hábitos y valores de la cultura del trabajo?
La inflación empobrece regresivamente. Ninguna sociedad puede funcionar ordenadamente con más de 40 % de inflación anual. Pese a la recesión y la retracción del consumo, en octubre se estima una inflación de más del 2,2 %. Por cierto el Indec seguirá falseando ese indicador ahora titularizado por Norberto Itzcovich, tras la salida de Ana María Edwin que pasa a dirigir el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública.) Lamentable que quien destruyó las estadísticas oficiales, a pagar más por el bono cupón PBI y complica los contratos y actualizaciones salariales, sea responsable de la capacitación de los agentes estatales. Para Itzcovich la inflación superior al 40 % ocurre en los barrios top y no afecta al conjunto de los argentinos. Ambos funcionarios demolieron la credibilidad técnica del Indec con un costo reputacional que costará recuperar. No publican series de pobreza, no informan sobre las seis canastas regionales y no se publican precios promedios de productos. Han cometido delitos.
Si tuviéramos estadísticas confiables, podríamos analizar sobre una base común, sin recurrir, como en mi caso al apoyo de elaboraciones de consultores y periodistas especializados.
El octubre, según FIEL, la canasta para que una familia de cuatro miembros no caiga en la indigencia es $ 3.028 mensuales y para no caer bajo la línea de pobreza necesita $ 5.486 por mes.
Hace días, por defectos bancarios, se dificultó el pago del personal doméstico. Un cuarto de millón de empleadas de casas particulares no pudio pagar su cuota jubilatoria, ART y su obra social. Sería conveniente prorrogar ese vencimiento sin recargos.
El gobierno anunció que no habrá bono de fin de año para los jubilados. La canasta básica de los jubilados, según el Defensor de la Tercera Edad, aumentó 44 %. Esa canasta se ubica en $ 6.720 mensuales, más del doble del haber mínimo de $ 3.231 que percibe más del 50 % del total de jubilados. Con el descuento de Pami, llega al bolsillo del jubilado $ 3.134,68 por mes, el 46,5 % de lo necesario para afrontar su canasta básica. Además hay 1,3 millón de pensiones no contributivas que cobran $ 2.260 mensuales. Les alcanza para la tercera parte de lo necesario según lo relevado por Eugenio Semino, que establece un piso de $ 244 diarios para alimentos, aseo, transporte, vestimenta, expensas, gas, luz, teléfono y tres medicamentos.
En tanto, Anses destina fondos para financiar el gasto y sostener el tipo de cambio mientras apela y demora 300.000 juicios desoyendo la jurisprudencia de la Corte.
En el PAMI, un juez federal allanó su sede central, investigando el giro de préstamos con destino al Tesoro, que en 2009, serían de $ 2.900 millones. Esa cifra se habría repetido en 2009/10/11. En 2007 aportó al tesoro $ 500 millones y en 2008 $ 1.000 millones.
El Pami se fondea con aportes de trabajadores y jubilados. Su caja se estima en $ 42.000 millones. Tiene como función atender la salud de los jubilados, no tiene excedentes y paga con demora a las clínicas y farmacias.
El gasto en salud no es bajo, se ubica entre 8/9% del PBI, pero los resultados en mortalidad están por debajo de Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica. En 1960, en la región, estábamos en segundo lugar en expectativa de vida, ahora estamos en quinto lugar. Los sanitaristas consideran que la mitad de las muertes por maternidad obedecen a causas evitables. Se gasta mucho pero se administra mal, los hospitales públicos no cuentan con insumos, vacunas, instrumental, repuestos para máquinas de salud, prótesis y material descartable indispensable.
El 30 % de nuestra población no cuenta con cobertura de salud. De los siete hospitales del Bicentenario, cuatro años después de la fecha anunciada aún no han sido inaugurados.
Es una buena noticia que la Corte haya constituido un cuerpo especializado de peritos, integrado por ingenieros, contadores y abogados, para investigaciones en casos de corrupción, lavado y estafas contra el Estado, que podrán aportar elementos técnicos para que los jueces cuenten con esta información para fundamentar sus fallos.
Un juez federal anuló una resolución de la Procuradora General de la Nación respecto de un concurso para cubrir dos fiscalías federales, pero mientras no se reforme la ley del Ministerio Público, muchos fiscales siguen expuestos a decisiones arbitrarias, tendientes a proteger a funcionarios y amigos del poder. Pese a las reformas se designarán 17 fiscales, más de 1.500 empleados (252 ya fueron designados) y se le quitan a las actuales fiscalías la mitad de los casos, en el fuero federal de Comodoro Py.
Resulta ineludible la investigación sobre la presunta acción de espionaje de la Procuraduría General con un fiscal, porque es deplorable y una violación de la Constitución Nacional inadmisible. La búsqueda de la impunidad debe ser obturada por el conjunto de las fuerzas políticas y el Consejo de la Magistratura debe volver a su composición anterior.
Debemos hacer funcionar la Comisión Bicameral Fiscalizadora de los Organismos de Inteligencia, que no se reunió durante el año, para considerar las denuncias sobre sus actividades y el PE debe contestar los pedidos de informe. Nunca lo hizo en nueve años.
Argentina, según UNODC (Organización Naciones Unidas contra la Droga) es el país, junto con Colombia, con mayor porcentaje de consumidores de cocaína del mundo y uno de los mayores exportadores. Después de Brasil y los países productores, Argentina es donde más laboratorios de drogas ilícitas se decomisan por año. ¿No sería ésta segmento una prioridad para la inteligencia estatal orientada a la persecución del crimen organizado, en cambio de espiar a periodistas, empresarios y políticos?
Ello se inscribe en la intolerancia del populismo acorralado por la realidad. No hay otra explicación para el procesamiento del periodista Germán Sasso del sitio digital La Brújula 24 de Bahía Blanca, imputado por encubrimiento agravado. Pese al artículo 43 de la Constitución Nacional, que lo ampara como los tratados internacionales, se ataca desde el Estado a un periodista. Es la primera vez que ocurre en democracia. Demasiadas cosas ocurren por primera vez en la democracia republicana recuperada en 1983 y otras por reiteradas debieran constituir una experiencia compartida para no repetirlas.