2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado a los dictámenes de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia, de Comercio, de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley en revisión sobre regulación de las relaciones de producción y consumo y creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo

Los proyectos de ley en debate esta noche, no abordan los problemas que se agravan día a día. Se podrían estar violentando artículos esenciales de la Constitución Nacional, vinculados a la propiedad privada y la libertad de comercio y trabajo.
Si quisieran defender a los usuarios y consumidores, estaríamos trabajando en la ampliación y diversificación de la producción de bienes y en todo caso, reformando la Ley de Defensa de la Competencia, instrumento idóneo como la Ley de Defensa del Consumidor. Por ahora, los consumidores del interior tendrán que venir a Buenos Aires para agilizar su reclamos. Cualquier pyme quedará expuesta al criterio del funcionario que determine su posición dominante.

Nada de lo estipulado impulsa la sana competencia, la mejor calidad y la abundancia de productos comercializables.
Estamos perdiendo el tiempo y no hacemos lo debido, lo que nos compete, para reordenar las variables económicas y brindar tranquilidad a nuestro pueblo evitando su empobrecimiento.
Estamos desempolvando una ley de 1974 que terminó con el sinceramiento desordenado y feroz del Rodrigazo. En Córdoba se recuerdan los operativos de entonces. En 1991 se la suspendió y se estableció que sólo podría estar vigente, previa declaración de estado de emergencia por este Congreso, previsión que ahora se elimina. En 1999 se declaró la emergencia de abastecimiento. En 2007 la Procuraduría del Tesoro restableció su vigencia.
Se trataba de una medida excepcional; ahora la delegación al PE es permanente y los funcionarios dicen que no se la aplicará aunque habrá que esperar su reglamentación. Para qué sembrar más desconfianza con una norma inútil para el objetivo invocado.

Creer que el dólar se comercializó a $ 15,20 durante horas de esta tarde y parece estar en un piso que muchos consideran irreal de $ 15, es fruto de una conspiración, configura un infantilismo excusatorio, un ejercicio estéril, como los operativos de la Gendarmería en el microcentro porteño. Error en el diagnóstico y respuestas equivocadas. Durante 2011 salieron del sistema U$S 21.400 millones ¿Cómo reaccionó el gobierno que tenía el poder del 54 % en las urnas? Aplicó el cepo que agravó todo el cuadro económico, inclusive el cambiario.
Culpar por ello al presidente Obama es caer en el ridículo. ¿Antes de las declaraciones del titular interino de la representación estadounidense, el dólar no era buscado como refugio contra la depreciación del peso; no había brecha y pérdida de reservas? La amenaza de expulsión del agregado de negocios de la embajada de EEUU luce extremo. Kevin Sullivan expresó en un diario que es importante que la Argentina salga del default lo antes posible, para poder retornar a la senda de crecimiento económico sustentable y atraer la inversión que necesita. No sé si en las convenciones diplomáticas, encuadra en lo tipificado como intromisión en asuntos internos, aunque me parece una exagerada sobreactuación; pero lo dicho, lo digo todos los días.
Si en un mundo con tasas de interés cercanas a cero al país le pedirían más de 12 % para colocar deuda, es evidente que el mercado dice lo mismo.
¿Por qué el costo de financiarse a YPF duplica el de otras petroleras latinoamericanas, aun con la expectativa de los cuantiosos recursos no convencionales neuquinos y mendocinos? ¿Nos cobran dos, tres o cuatro veces más que a Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, México y Paraguay, por una conspiración o por nuestra imprevisibilidad?
La pérdida de rumbo desata desconfianza y debemos desandar esa escalada.
EEUU se presentó como amicus curiae, aunque no cumplió los deseos kirchneristas de presionar a sus jueces. A principios de este mes, la administración estadounidense impulsó la introducción de cláusulas de acción colectiva en las reestructuraciones futuras de deuda. El FMI, organismo que integramos, ya las prevé y serán efectivas cuando lo acuerden deudores y acreedores. La cuestión de los holdouts recorrió todas las instancias de la Justicia de EEUU. En la audiencia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, nada garantiza que haya un fallo que libere pagos a todos los bonos, pero lo que es aún más improbable es que el Citibank desobedezca el fallo del juez Thomas Griesa. Lo que no habría que descartar es que el propio juez autorice nuevamente los pagos de bonos bajo legislación argentina y deje bajo su sentencia los emitidos bajo legislación neoyorquina.

Wall Street y el Citibank no son afectos a los fondos especulativos. Seguramente son más quienes quieren hacer negocios en nuestro país, como en todo el mundo. ¿Está descartada la recompra de holdouts por operadores privados o se está negociando al respecto?
En los discursos siguen insistiendo en lo declamativo, pero la resolución de la ONU no será retroactiva y no servirá para abordar nuestras dificultades, que seguirán agravándose sea cual fuere el resultado.
Hay que abordar una negociación seria, si quieren en enero, pero terminemos con esta agitación inconducente. En algún momento tendremos que regularizar nuestras relaciones internacionales y el tiempo que pasa es dañino, afectando nuestra reputación. El juez aún no habilita a los bonistas, que podrían reclamar, por estar en iguales condiciones que los que tienen el fallo favorable y se debería intentar abrir un diálogo con él. Gobernar es intentar resolver problemas y afrontar con lucidez y sin prejuicios los imprevistos.

Hace días se conoció el informe de la fundación Bertelsmann donde se registra un retroceso en la gestión económica en los últimos años. En el Índice de Transformación que elabora, estamos en el sitio 63º de un ránking de 129 países; en la región sólo superamos a Venezuela y Ecuador. Ese costo lo paga toda la sociedad, aunque una parte mayoritaria no apruebe las políticas y leyes que el kirchnerismo vota sin escuchar a la oposición y a los sectores involucrados, como se pudo apreciar en esta tramitación apurada en comisiones, donde entidades y dirigentes empresarios no pudieron expresar su opinión y en el recinto, donde no se acepta ninguna modificación al texto proveniente del Senado.

Los argentinos compraron más dólares ahorro en quince días de setiembre que en todo el mes agosto ($ 262,3 millones). En los días hábiles de este mes, se vendieron más billetes para ahorro que en lo vendido en los meses de abril y mayo sumados.
Quien depositó un plazo fijo en pesos obtuvo una renta del 20 %; quien compró dólares tuvo un rendimiento de 48 % en ocho meses. La brecha entre la cotización oficial y el paralelo es del 80 %, la más amplia de la historia económica del país. ¿Aunque ese mercado paralelo es pequeño, impacta en la estructura de precios y pocos piensan que bajará ese valor? Por eso se cubren y dispara conductas para preservar la reposición de activos, muchas veces preventivas.
Quien importa debe pagar el dólar a U$S 13.50 y quien exporta recibe poco más de $ 8,40. En la práctica opera un desdoblamiento cambiario.

El dólar Bolsa está en $ 13,96 y se utiliza para adquirir bonos en pesos y venderlos en dólares. En el contado con liqui, para sacar billetes al exterior, el dólar cotiza a $ 13,70, con una brecha del 64 %. Por este conducto se comercian más de U$S 50 millones por día.
¿Por qué acontece esto?
En enero el jefe de Gabinete sostuvo que el tipo de cambio de $ 8 era competitivo. La inflación fue desde entonces más del 25 %. ¿Tendría que estar en $ 10 la cotización del dólar? Sin embargo prevén para 2015 un dólar de $ 9,45. La brecha actual y la escasez de divisas impondrán correcciones si no se diseña un plan creíble.
Una resolución de la semana pasada del BCRA pretende apurar liquidaciones de exportadores, estimadas en U$S 2.000 millones. Si las retienen, afrontando las multas previstas, es porque las inconsistencias y las malas decisiones actuales les hacen pensar que la situación cambiaria es endeble.
En estos días, para sofocar el pico del blue, la ANSES vendió bonos dolarizados, especialmente el BODEN. Otra manifestación del intervencionismo que hipoteca futuras jubilaciones con medidas cortoplacistas contraproducentes.
Es tan disparatado lo estipulado en el proyecto de ley presupuesto presentado anteayer, que sostienen que el dólar oficial para 2014 es de $ 8,21, pero el propio gobierno actualmente lo fija en $ 8,43. Lo utiliza como ancla pero cada vez resulta menos eficaz.
Los desequilibrios, la emisión sin respaldo y las reservas en U$S 28.000 millones, generan expectativas devaluatorias. Algunos especialistas calculan que las reservas de libre disponibilidad están entre U$S 16/20.000 millones.
La consultora Economía & Regiones señala que sólo el 44 % de las reservas totales son propiedad del BCRA; hace siete años ese porcentaje era 92 %. Según ese informe, las reservas actuales representan el 22 % del activo total del BCRA; en 2007 era el 64 %. Los papeles del Tesoro significan el 69 % de ese activo; en 2007 era el 23 % y no hay que ser especialista para caracterizar su incobrabilidad.
Por lo expuesto, es el propio gobierno quien la propicia con los efectos de sus políticas.
Emitieron desde enero $ 90.000 millones. Se estima que emitirán entre $ 100/110.000 millones hasta fin de año. El límite de toda esta victimización es el nivel del blue y las otras versiones del dólar.
El gobierno demora U$S 5.500 millones para importaciones, según la Cámara de Importadores de la República Argentina (Cira). Al sector electrónico le retienen cerca de U$S 800 millones y más de U$S 2.500 a las terminales del sector automotriz. Ahora parece que le autorizarán más compras de dólares y queda el interrogante sobre con qué criterio y cómo se distribuirán esos dólares entre las empresas. Todos parches y opacidad discrecional, fuente de corruptelas.
La empresa General Motors informó que interrumpe sus exportaciones de automóviles desde Brasil. En julio ese anuncio fue efectuado por Renault.
Con Brasil el año pasado tuvimos un déficit en ese sector de U$S 2.400 millones. Ahora, se estima que nuestras exportaciones automotrices a Brasil disminuyan 20 %. La estimación de fabricación se prevé en caída del 21 % y de ventas una merma del 25 %, según la consultora Abeceb.
Según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), el 57 % de los vehículos patentados entre enero-agosto, son fabricados en el exterior; entre ellos los dos modelos más vendidos, el Volkswagen Gol y el Ford EcoSport que provienen de sus plantas brasileñas.
A las automotrices, que necesitan U$S 260 millones para importar piezas, se les autoriza U$S 100 millones.
Ese restricción paralizará aún más la actividad porque pese al discurso la economía argentina está más extranjerizada que en los '90. Entonces se importaban U$S 1.100 por habitante; ahora, aún con cerrojo ese monto es U$S 1.600 por habitante.
Sabemos que la Inversión Extranjera Directa disminuyó 13 % y que se fueron del país más de treinta empresas de origen canadiense, británico, brasileño, español, alemán, peruano, mexicano, japonés, neozelandés e italiano.

La inversión, según el presupuesto, crecería 8,5 %; ahora corrigen, crece al 0,8 %. En realidad cae 4 %, representa el 17 % del PBI y de ello cabe esperar menor actividad y menos empleo, especialmente en la industria y en las economías regionales. Según Orlando Ferreres, la inversión bruta, en máquinas y equipos y la construcción está por debajo de los últimos dos años.
Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), en julio había 8,9 % menos empresas de la construcción que en ese mes del año pasado y menos que en 2012 y 2011.
El eficiente sector sojero, en el 60 % de la superficie arrendada, no tiene rentabilidad y mucho más en zonas alejadas del puerto. En todo caso se resignará productividad. Las 3,2 millones de toneladas de fertilizantes de la cosecha pasada, fueron inferiores a los 3,7 utilizados entre 2007/10. El consumo de fertilizantes de origen nacional se ubicó en 2013 en 1,4 millones de toneladas; en 2011 se utilizaron 1,5 millones de toneladas. Esa descapitalización invisible debe computarse como un costo futuro, fruto de la menor inversión.

Las dificultades para importar insumos medicinales y hospitalarios van a desmejorar al sistema de salud y se incrementarán sus costos.

La actividad industrial, según la Unión Industrial Argentina, cayó 2,5 % en el interanual de julio y ese porcentaje de caída se repite para el comparativo interanual de los primeros siete meses.
En agosto en la industria la merma interanual fue del 6,1 % y el retroceso de los ocho meses, según Orlando Ferres, suma el 3,3 %.
Según la Fundación Observatorio Pyme (FOP), en el último año, la producción de las pymes industriales disminuyó 15,5 % y el empleo en esas empresas cayó 1,4 %.
La producción de acero cayó en el interanual de agosto 2,4 % y 2% cotejado con julio.
La fabricación de automóviles disminuyó 24,8 % en los primeros ocho meses del año y las ventas cayeron 35 %. El tipo de cambio atrasado, los cepos y las menores ventas de automóviles a Brasil están presentes en este enfriamiento, tanto como la recesión interna, el impuesto aplicado a unidades de alta gama que se expandió a todos los modelos y el temor por el devenir económico, cierran el círculo. Como se aprecia, son las causas propias las determinantes del tobogán y además son las que están en nuestra determinación modificarlas.
Decomisando mercadería e interviniendo en cualquier etapa del proceso económico en las empresas privadas, ahuyentan todo tipo de inversiones, chicas, medianas y grandes, domésticas y extranjeras.
Por lo dicho en este recinto, mediante el eufemismo de regular las relaciones de producción y consumo, se podrá determinar clausurar por tres meses sin autorización judicial, aplicar multas exorbitantes, disponer la mercadería y decomisar la materia prima acopiada, cuando lo requieran y cuando consideren que hay: ganancias abusivas, intermediación innecesaria, stock excesivo, volumen de producción indebido, afán de lucro desmedido y elevación artificial o injustificada de precios, sin relación con los costos.
Pregunto lo que me sugirió un empresario: ¿ el 57 % de sobrecosto del contado con liqui, al que se debe acudir por la carencia de dólares a cotización oficial para importar piezas e insumos; el incremento mensual de combustibles liderado por YPF y los efectos de los cortes de electricidad; los impuestos que se cobran por utilidades no realizadas, dado que se impide el ajuste por una inflación de cerca del 40 %; son atribuibles a la codicia empresaria concentrada o generados por las políticas gubernamentales ?

¿Están anticipando la fijación de precios máximos, con participación de los gobernadores y la utilización de esta ley para que, en una nueva devaluación no haya traslado de precios? ¿Están abriendo el paraguas de otra devaluación sin un plan como en enero?
Si es una amenaza, resulta impropio en una sociedad organizada, pero lo que ocurrirá sin vuelta es un desaliento a la inversión y a la creación de nuevos empleos registrados, ya severamente desmejorados.
Según el INDEC en los últimos doce meses se destruyeron 178.685 puestos laborales formalizados y se registra un desaliento en la búsqueda de trabajo. ¿Una conspiración, los buitres, EEUU o la contracción económica?

En la producción de minerales no metalíferos, la merma supera el 10,5 % y allí se computan los materiales para la construcción. El Plan Pro.Cre.Ar anunció la construcción de 200.000 viviendas en dos años; se entregaron 50.000.
El déficit habitacional se amplía anualmente porque la demanda por nuevas familias que se conforman son más de 233.000 y sumando los planes estatales y los del sector privado, dejan más de 70.000 sin ser satisfechas. Pensemos que el 80 % de la construcción de nuevas viviendas pertenece al sector privado.
Que en mi provincia hay más de 3.200 despedidos del sector industrial y otros 3.500 suspendidos no puede sorprendernos. Tampoco que se anuncie que empresas como Impsa y Roggio entren en el incumplimiento de pagos. Lo sorprendente es la negación y la insistencia en el error del ministro de Economía y la presidenta de la Nación sobre las causas que lo originan.
El plan de doce cuotas, verifica la equivocada concepción gubernamental sobre el funcionamiento de la sociedad y los mercados. Creer que se puede incentivar la demanda sin aumentar las inversiones y el empleo genuino. Las ventas de heladeras, en el segundo trimestre disminuyeron 35,2 %; las ventas de computadoras mermaron 26 %; las de cámaras digitales bajaron 33,7 % y las de celulares cayeron 34,4 %. Si esas promociones aumentan la demanda, por ejemplo del conjunto de electrodomésticos, que cayeron 11,7 % en el interanual del segundo trimestre, ¿con qué dólares se importarán las piezas e insumos? Como señalé, se les deben alrededor de U$S 800 millones.
Una nota reciente me recuerda el plan carne de Cerdo para Todos en 2009; el kilo costaba $ 15 ahora $ 80. El de la merluza, dio como resultado que su precio pasara de $ 12,50 el kilo a $ 42. El plan de los calefones, ahora cuestan 280 % más. Un año antes se anunció Garrafas para Todos y aunque subsiste, es más difícil conseguirlas a $ 16 que a $ 40. Así podríamos seguir enumerando las 12 cuotas para bicicletas, para heladeras, aire acondicionado, ropa y unidades para taxi; muchos de ellos desactivados, otros nunca operativos.
El crédito personal, en términos reales, entre 2003/08 crecía al 35 %; entre 2013/14 cae 3,9 %.

Estas leyes confirman la mirada voluntarista y antiempresa que las inspira.
La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), en su exposición ante el plenario de comisiones, sostuvo que con esta ley los comerciantes e industriales se transforman en virtuales prestadores de servicios públicos, obligados a producir y vender perdiendo, pero sin contar con un contrato de concesión.
Se apela al argumento de proteger a los más débiles y al fomento del consumo popular. Según la CAME, en agosto, las ventas minoristas fueron las más bajas desde 2009.

Ante semejante cuadro, cuando se impone reconstruir credibilidad, el lunes se presentó el proyecto del presupuesto nacional 2015. Anticipo una mirada que profundizaré, esperando haya espacio para debatirlo y acceso a la información que se limita en la Secretaría de Hacienda y nos obliga a recurrir a informes de los especialistas. Me parece que se trata de otro dibujo poco responsable y con superpoderes, mediante los que disponen de cerca del 25 % de lo recaudado sin autorización de este Congreso. Hace once años que repiten esta maniobra. Utilizaron cerca de dos billones discrecionalmente, por fuera de lo que aprobamos por mandato constitucional.
Las transferencias discrecionales a las provincias, para gastos corrientes se incrementan 60 % y las de capital 8 %. Muy claro, más para hacer política, menos para obras.

En la presentación del proyecto de ley se admite la falsificación del presupuesto 2014 que votamos en contra por ese motivo y no para obstruir la marcha del gobierno como se nos dijo.
Se aprobó una pauta de crecimiento del 6,2 %; ahora corrigen que será 0,5 %. Todas las estimaciones anticipan para el año una caída del 2%. En agosto, primer mes post default, el desplome supera el 4 %.
El PBI por habitante, es inferior a 2011.

Se estimó una inflación del 9,9 %; ahora corrigen, será 21,3 %. Para ello en los meses que faltan no tendría que superar el 0,7 % mensual, porque según el INDEC se acumula el 18,2 % desde enero. Todas las mediciones proyectan una inflación superior al 35/38%.
Este mes la inflación fue del 2,6 %; el INDEC informa el 1,3 %. Otra virtud del intervencionismo, esta vez en las estadísticas oficiales.

Se estimó un crecimiento en el consumo del 5,7 %; ahora corrigen al 0,4 %. Hasta en elementos básicos se registra una caída.
Según la consultora Kantar Worldpanel, en agosto, la venta de productos de consumo masivo cayeron acumulando una merma del 2 % en los ocho meses. La venta de lácteos cayó en ese período 6 % y los elementos de cuidado personal mermaron 8 %. En el total de alimentos la caída fue del 1 %.
Según la consultora CRR, la caída de ventas en supermercados, acumulada en siete meses, registra una caída del 1,1 % en ese período interanual.

Previeron que las exportaciones crecerían 9,2 %; ahora corrigen, habrá una merma del 1,9 %. En agosto caen más del 11 %. En el primer semestre, nuestras exportaciones cayeron 10,1 % cuando en la región crecen. Las ventas externas, en los primeros seis meses del año, en México crecen al 4,2 %, en Bolivia 6,8 %; en Uruguay 7,8 % y en Paraguay 12 %.
Las exportaciones industriales, en el interanual de julio disminuyeron 9,6 % y las importaciones manufactureras cayeron 16 %.
Midiendo cantidades, entre enero-julio, las exportaciones industriales disminuyeron 14 % respecto de ese período del 2013 y son 12 % inferiores a lo acontecido en esos meses de 2011.
En Córdoba, en ese lapso de tiempo, las exportaciones disminuyeron 20 %. Por ello con el apoyo del gobernador de mi provincia a la iniciativa para el cambio de jurisdicción de la deuda y el quórum de sus diputados para habilitar el tratamiento de esta ley de abastecimiento, parecen ignorar los efectos sobre la inversión que tendrán estas leyes.
Según un informe difundido hoy por la consultora DNI, nuestro país desaprovecha oportunidades de exportación y señala que de los 21 países que más importan en el mundo, solamente cinco están entre los primeros diez compradores de productos argentinos.

Previeron que las importaciones crecerían 8,6 %; ahora corrigen, habrá una merma del 1,9 %.
Se estimó un saldo comercial favorable de U$S 10,1 mil millones; ahora corrigen a U$S U$S 7,5 mil millones.
El saldo de la balanza comercial externa, en el primer trimestre se redujo 28 % y es la menor desde 2001.
Los analistas internacionales prevén que los precios de las commodities estarán en niveles muy semejantes a los vigentes entre los 70 y el 2000.
Por la disminución del 28 % de la cotización se estima que las exportaciones sojeras mermarán cerca de U$S 7.000 millones y también disminuirán las del maíz.
Las restricciones para importar insumos para la maquinaria agrícola, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, desabastecerá la reposición de nutrientes y tecnología de nuestros campos y ello afectará los costos de producción y el crecimiento de las exportaciones. Brasil pasó en treinta años de 50 a 150 millones de toneladas en su producción de granos y es el segundo exportador mundial de soja porque apuntaló al sector. Nuestro vecino pasó a ser el primer exportador de carne porque hizo lo debido, fomentando además un complejo integrando producción, insumos, industrialización y comercialización.
La Argentina produce la misma cantidad de litros de leche que en 1999; Brasil, como Uruguay incrementaron las suyas más del 25 % en el último lustro.
El economista Jorge Vasconcelos, coordinador del IERAL, anticipa que tras las elecciones presidenciales en Brasil habrá correcciones en la política económica de ese país para optimizar sus costos y debemos estar preparando respuestas a escenarios alternativos que podrían presentarse para no correr inermes tras los hechos. Vasconcelos anticipa lo que se podría venir: una negociación brasileña con la Alianza del Pacífico, con la Unión Europea e incluso con el Nafta, con las consiguientes modificaciones de barreras arancelarias y paraarancelarias. Un alerta temprana para no seguir cayendo en nuestro intercambio. El economista nos recuerda que hace quince años, en bienes intensivos de recursos naturales, la Argentina participaba con el 1,3 % del comercio mundial y ahora solo ocupamos el 0,8 % de ese segmento. De haber mantenido aquella porción, hoy estaríamos exportando en ese rubro U$S 29.600 millones más que las actuales.
No podemos obviar tampoco el impacto que pueda tener en nuestras exportaciones el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

En el proyecto de presupuesto se autoriza al Tesoro para que extraiga U$S 11.889,2 millones de reservas para el pago de deuda. Con ese destino llegarán a U$S 60.000 millones lo extraído al stock de reservas para pagar a bonistas.
El BCRA ya le cedió al Tesoro, mediante letras Intransferibles, más de U$S 40.000 millones, sumando una extracción de U$S 80.000 acumulada en ocho año y el venidero.
El año venidero hay vencimientos de deuda por U$S 12.700 millones, más vencimientos de deuda provinciales por U$S 15.000 millones, según el IARAF.
En BCRA este año emitió Lebac y Nobac por $ 97.000 millones para secar la plaza. Hace días se licitaron Lebac y Nobac por $ 10.000 millones para retirar circulante. El monto de estas letras ya se acerca a la mitad del monto total de la base monetaria, calculada en poco menos de $ 400.000 millones. De esos $ 180.000 millones en Lebac, $ 120.000 tienen vencimiento hasta diciembre 2014.
Esas colocaciones rinden el doble de lo que los bancos le pagan a los ahorristas por sus depósitos. Una rentable timba financiera impulsada por el gobierno.
Por utilidades contables ficticias el BCRA transferirá $ 78.000 millones. Por adelantos transitorios al Tesoro se prevé un aporte del BCRA de $ 62.000 millones, elevando esa cuenta a $ 272.450 millones. La ANSES aportará $ 43.000 millones.
Como se dijo, más del 66 % de los activos del BCRA son títulos del gobierno.
En un mes y medio el BCRA perdió U$S 1.500 millones de reservas.
El patrimonio neto del BCRA es negativo; si se toma como referencia el PBI, significa un 10 % del mismo.
Otra manifestación del intervencionismo gubernamental, que tras la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con argumentos de impulsar el crecimiento, utilizó esa caja para su uso desbordado.

En julio los ingresos por recaudación crecieron 26,6 % y los gastos 32 %.
Según el proyecto de presupuesto se estima para 2015 un incremento en la recaudación del IVA del 28,8 %, con una inflación del 15,6 %. ¿Ello indica un salto de actividad, un aumento tributario o es otra fabulación?
Se calculó para 2014 un superávit fiscal de $ 868,9 millones; ahora admiten un déficit de $ 166.388,7 millones.
Entre enero-julio, el déficit reconocido es de $ 38.468,2 millones; pero el BCRA aportó $ 37.782,6 millones y la ANSES $ 22.036,2 millones. Ello suma $ 98.356,6 millones. En julio BCRA y ANSES transfirieron al Tesoro $ 9.220 millones, 217 % por encima de julio de 2013.

Se prevé para el resto del año que BCRA y ANSES giren unos $ 65.000 millones.
Para 2015, el BCRA entregará, por utilidades contables, $ 107.347 millones y la ANSES $49.048 millones, un total de $ 155.824 millones.
En julio, el déficit primario fue de $ 4.800 millones, cuadriplicando el rojo de ese mes de 2013 y el déficit financiero (tras el pago de intereses) alcanzó los $ 10.400 millones.
El déficit del segundo semestre será el triple del primero. En el acumulado entre enero-julio de 2014, el déficit primario fue de $ 58.000 millones, tres veces y medio superior al registrado en los primeros siete meses del año pasado.
El rojo fiscal estará por encima de los $ 290.000 millones; se triplicó. Representa 7 % del PBI. Si se descuentan los $ 40.000 millones pagados por YPF, estaríamos en más de $ 250.000 millones, 6 % del PBI, el 62 % superior al déficit de 2013 ($ 123.600 millones, 3,7 % del PBI.)
El déficit primario estará en el orden del 4 %. La consultora Prefinex lo estima en $ 160.000 millones; la consultora Análisis Coyuntura Macroeconómica (ACM) en $ 148.000 millones.
A ello se deben sumar $ 50.000 millones de los déficits de las finanzas públicas de las provincias.
El déficit financiero 2014 cerrará, según ASAP, en $ 156.07 millones. El proyecto de presupuesto prevé para 2015 un déficit financiero de $ 49.500 millones. ¿Cómo y dónde recortarán la distancia entre este año, 4 % y el venidero según el presupuesto que lo prevé en 1 %? Se trata de un brutal ajuste, de un impuestazo o de otra mentira. ¿Harán como los últimos cuatro ejercicios, subestimando gastos para luego disminuir aplicaciones financiera o ampliar el endeudamiento aumentado el déficit?
Según la cuenta de inversión, el año pasado, el déficit financiero fue de $ 85.000 millones, cerca del doble del rojo de 2012. Se gastó un 19 % por encima de lo presupuestado y de esos $ 122.220 millones, solo la tercera parte tuvo financiación extra. Lo restante se financió con el BCRA, ANSES y emisión monetaria.
Según el IARAF, los aportes del BCRA y la ANSES, hace seis años significaban 0,3 % del PBI; el año pasado llegaron al 1,7 % del PBI; este año alcanzarán al 4 % del PBI.
Esa descapitalización del BCRA es el precio del ensayo populista que detona la inflación. En el caso de ANSES, lo que se extraerá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad será el precio que paguen los jubilados para dar sobrevida al modelo agotado. En ambos casos, un empobrecimiento injustificado, para sostener un fracaso y un relato falaz que divide y enfrenta peligrosamente.

Hace pocos días, en el Banco Mundial se debatió la reapertura de un crédito destinado a programas para enfrentar la pobreza en nuestro país. En el directorio de esa institución de la ONU, se analizó nuestra población vulnerable; abarca al 33 % de ese universo y un 10,9 % vive en la indigencia. Se acerca mucho a lo difundido por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 27,5 % de pobreza y 5,5.
La medición de la CGT calcula 30,9 % de pobreza y 12 % de indigencia. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) informa 36,5 % de pobreza y 12,1 % de indigencia.
El INDEC informó por última vez en el primer semestre de 2013, 4,7 % de pobreza y 1,4 % de indigencia, partiendo de una canasta de pobreza de $ 1.783 mensuales y de indigencia de $ 787 mensuales. Un insulto a la razón y a quienes padecen necesidades y hambre. En las provincias del Norte se registran indicadores de pobreza tres veces más elevados que el promedio nacional. Pero todo se hace invocando el compromiso del gobierno nacional y de esas provincias con los que más sufren.
Lo cierto es que la mitad de los ocupados perciben menos de $ 5.000 mensuales y que en el segundo trimestre del 2014, respecto de 2013, desmejoró el índice Gini que mide la desigualdad.
Más allá de polémicas y desmentidas, la pobreza abarca a más del 25 % de nuestra población.

Con un presupuesto, sabidamente falso, los actores económicos no pueden contar con la hoja de ruta del país para el año próximo. No pueden prever tasa de interés, tipo de cambio, inflación y cantidad de dinero que emitirá el BCRA, cuyo programa monetario es también discrecionalmente operado desde el Ministerio de Economía. Un sendero sin balizas, más propicio para los audaces especuladores que se dice combatir que para los emprendedores de largo plazo, con proyectos innovativos que necesitamos apuntalar con señales claras.

Este año el gasto crece a más del 45 %, el ministro nos informa que crecerá al 13 % el año próximo. O es un ajuste fenomenal, sin ajuste de salarios ni jubilaciones, o se trata de una mentira inaceptable. Ayer nomás ampliaron el gasto público en $ 768 millones.
En subsidios económicos, durante enero-agosto se consumieron $ 117.266,1 millones, un 74 % superior a ese período de 2013.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), los subsidios energéticos crecieron en ese período interanual 87 % ($ 87.366,5 millones); los destinados a empresas de transporte sumaron $ 25.267,2 millones y a otras empresas estatales $ 3.765,3 millones. En lo que llevamos de 2014, la administradora del mercado eléctrico mayorista Cammesa, recibió de subsidios $ 48.860,5 millones (con un incremento en ese período de 92 %); Enarsa $ 30.407 millones (con un aumento del 73 %) y la empresa de agua Aysa $ 2.037 millones (un 39 % por encima de 2013.)
Las estatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral, desde 2008, recibieron subsidios por $ 17.786 millones, para cubrir su quebranto de $ 18.100 millones (U$S 2 millones diarios.)
Aerolíneas Argentinas, el año pasado, tuvo una pérdida de $ 2.397 millones y sumado al de Austral redondeó un rojo de $ 3.844 millones y recibieron de subsidio $ 3.763 millones. Es evidente que lejos de potenciar las inversiones, estos recursos fueron destinados a enjugar su déficit.
En julio, el Tesoro transfirió 3.892 millones a las empresas públicas, 177 % por encima del año pasado. En julio 2013 había transferido $ 1.045 millones. El acumulado de esas transferencias en los primeros siete meses suma $ 14.729 millones, 204 % por encima de ese período de 2013.
Se estima que el déficit diario de las empresas públicas supera los U$S 4 millones, el 95 % superior al año pasado.
En lo que va del año, el gasto creció $ 224.780 millones, un 26,1 % por encima de lo previsto para todo el año, según Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP.) Esa consultora prevé un rojo, en el resultado primario de $ 72.307 millones y un déficit en el resultado financiero de $ 156.000 millones.
Pese al secretismo, diferentes estudios calculan que se incorporaron 11.000 agentes a la Administración Pública y Aerolíneas Argentinas.
Como contracara, el empleo no registrado, según el Indec, en Córdoba creció del 32,5 % al 38,6 %.
Mucho gasto y nulo impacto en nuestra calidad de vida. El ajuste lo hace el sector privado, los empresarios con su necesaria rentabilidad, los trabajadores con su empleo y salario, los jubilados con sus haberes.

En el presupuesto no se describen las obras comprometidas y hace tres años no se publica la distribución geográfica del gasto ejecutado. Lo anunciado no cuenta con fechas ni plazos de ejecución.
Para mi provincia, se destina para rutas el 5 % del plan de inversión. Se trata de corredores estratégicos como la ruta 9 norte entre Córdoba y Totoral; la ruta 19 que une San Francisco-Córdoba; la ruta 158 trayecto San Francisco-Las Varillas; la Avenida Circunvalación y la ruta entre el sur de Río Cuarto y Villa Mercedes en San Luis.
El titular de la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac), Pablo Trapani lo ilustró con precisión: transitamos en rutas primarias decadentes y las secundarias inexistentes.
El ancho de las rutas es inferior a los 7,30 metros exigido para dos carriles. Sólo el 23 % de la red vial de las provincias está pavimentada. Apuntó algo más respecto de la rentabilidad del sector, dado el combo explosivo de alza de los precios los combustibles, la tasa vial y la caída de la cotización de las commodities.
El gasto improductivo, con criterio clientelar, deja sin posibilidad de mejorar nuestra infraestructura. El peso asfixiante del gasto público, mayormente improductivo, conspira contra el desarrollo. Esto no es una cuestión ideológica sino de la succión de recursos del sector privado productivo, con destino al agujero negro estatal que no los administra adecuadamente para retornarlos en mejoras estructurales. Esa es una ventaja que damos a otros países y un peso que cae sobre las espaldas de nuestros productores y comerciantes, esos a los que ahora serán sujetos de inspecciones, decomiso y clausuras arbitrarias.

En estos días se debatió la cuestión del transporte, donde, cómo y a qué costo se moviliza nuestra producción. Allí se sostuvo que para reconstruir la red vial se necesitan U$S 120.000 millones y para su mantenimiento U$S 1.500 millones anuales. Significa una inversión del 1,5 % del PBI. Por el impuesto que se aplica a los combustibles, se recaudan $ 45.000 millones por año, pero se destina a otros usos.
El costo de transporte de cargas por ferrocarril es siete veces inferior al camión, pero solamente se transportan 600.000 toneladas por kilómetro por tren. En Chile se transporta por ese medio más de un millón de toneladas; en México, 11 millones; en Colombia, 12 millones.
El costo del transporte de cargas por vía fluvial es catorce veces más barato que el terrestre, pero la hidrovía está subutilizada, según lo dijo el director de Gestión Portuaria de Itba. Entre ambos, ferrocarril y barcazas, debería vincularse una estructura intermodal con los puertos. Ello redundará en menores costos, mejores precios y en la eficiencia para competir sin recurrir a bajar salarios o rentabilidad.
Este debate se hizo fuera de este Congreso, como si no nos interesara el impacto de los costos de logística en la competitividad.
Según lo recordó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Fondo de Emergencias para Sequía, Granizo e Inundaciones es de solo $ 500 millones y se incumple la emergencia agropecuaria para atender a miles de productores con sus tierras anegadas. Las prioridades que determinan que los fondos para FPT tripliquen ese monto, desnudan la despreocupación para con quienes generan riqueza y el dispendio para hacer propaganda.

Otro debate demorado es la cuestión energética, fundamental para cualquier proceso de desarrollo sustentable. El proyecto de ley de hidrocarburos, que se trata con las provincias, parece más vinculado a la cuestión del reparto fiscal y prórroga de concesiones que al diseño de una política para explorar y explotar recursos convencionales en territorio y la plataforma marítima. Enarsa tiene el monopolio de la explotación off shore en jurisdicción nacional. Las cuencas explotables triplican la cantidad de cuencas en explotación y ello requiere garantías y estabilidad de precios, tipo de cambio e impuestos.
Todo indica que este acuerdo con las provincias sólo se reduce a los hidrocarburos no convencionales y al rápido ingreso de divisas, sin un plan integral como desenvolver e industrializar esos recursos demandantes de reglas estables, cuantioso capital y tecnología de avanzada, para su explotación a ritmo acelerado y contemplando parámetros ambientales sustentables. ¿Cómo se puede pensar en atraer inversiones para Vaca Muerta manteniendo irresueltos litigios internacionales y sancionando estas leyes?
Entre 2003/11 tuvimos un superávit en la balanza energética de U$S 33.500 millones. Entre 2011/13, con caída de actividad, ese intercambio resultó deficitario en U$S 11.500 millones. Aplicaron decretos intervencionistas como el 1.227, estatizaron YPF, generaron recesión, pero las importaciones energéticas siguen creciendo.
Seguridad jurídica, leyes consensuadas dentro de la Constitución y políticas inteligentes serán indispensables para aprovechar esa riqueza dormida.

Por cierto que ello no parece formar parte del accionar del gobierno. Hace días, en un estadio colmado, se ratificó el desprecio por la ley de la organización oficialista que mejor interpreta al kirchnerismo. Si no fuera tan grave la tentativa sobre nuestra pauta de convivencia, se podrían calificar los dichos del hijo de la presidenta como una cortina de humo, distractiva para soslayar el debate de la realidad, retener poder en la interna justicialista para resistir y hostilizar en el futuro como opositores desde espacios de poder. Pero que posteriormente, un diputado nacional haya hablado de cerrar el Parlamento si no se puede derogar una ley, tratándose de la Constitución Nacional y que otro señale que, por no poder participar en la próxima contienda electoral Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno que la suceda carecería de legitimidad, son verdaderos agravios institucionales desplegados. Todo esa andanada verbal, ¡por cumplir la Constitución Nacional y sus límites establecidos, para la periodicidad en la renovación de mandatos y el ejercicio del poder!
Allí se incuban muchos de los desvíos incomprensibles de estos años que nos impidieron aprovechar este ciclo económico mundial excepcional. El populismo destruye las instituciones y pretende un contacto directo con lo que ellos denominan el campo nacional y popular, que por su parte los lleva a desplegar todo tipo de beneficios para mantener su seguimiento. En esa práctica se consumen recursos sin ninguna prioridad y se impide la reproducción ampliada de riqueza por alteración de las reglas de juego más elementales.
Con ropaje de todo signo, el populismo signó nuestra decadencia desde el comienzo del siglo XXI. En la primera década estábamos entre los primeros siete países del mundo; en los treinta nos comparábamos con Australia; en los 50/60 con Brasil; ahora nos comparan con Colombia.
Nuestro ordenamiento institucional es una democracia republicana y federal y la actitud del kirchnerismo se inscribe en la democracia populista y plebiscitaria, aunque cuando la opinión mayoritaria se expresa contra sus deseos o los resultados electorales se pronuncian en su contra, tampoco les prestan atención ni lo respetan porque, según su sectario dogmatismo, son expresiones de las corporaciones nacionales y extranjeras. Faltó invocar a la sinarquía para que el tufillo apolillado fuera completo.
Mientras tanto y sumando imputaciones, el procesado Amado Boudou estará al frente del Poder Ejecutivo durante la semana que la presidenta esté en el Vaticano, almorzando en el papa Francisco y en Nueva York, hablando en la ONU.
En ese pensamiento de doble vara se inscribe lo que acontece en la UIF, donde no se escuchan voces y denuncias disidentes, por la inacción ante operaciones de lavado de dinero que podría provenir del narcotráfico. Resulta incomprensible que no se haya permitido que la oposición informe a la delegación del Gafi de visita para ver su sacar al país de la lista gris. Existe una investigación de la Auditoría General de la Nación que detectó severas deficiencias y violaciones en materia de prevención de lavado que vincula a la UIF y AFIP. Eso no se trata en la Comisión Bicameral Permanente de Revisión de Cuentas en este Congreso.

Lo inocultable es que esas conductas, permisivas respecto de la ley y el poco apego a las normas derraman comportamientos contrarios a la convivencia pacífica.

Si los atajos resultan premiados y el esfuerzo no reconocido, nuestras jóvenes generaciones no tienen estímulos para formarse con esfuerzo y capacitarse para la vida.
Si educamos para el facilismo y la calificación resulta un estigma para quienes deben mejorar. Como se deduce de la resolución educativa de la provincia de Buenos Aires, será imposible que haya vocación y voluntad por capacitarse en la comunidad docente y aún menor el deseo de aprender y comprender el aprendizaje entre nuestros alumnos, en la edad donde se consolidan valores. Reconocer como docentes a quienes no tengan título pedagógico acreditante, como se impulsa en esa provincia, es una pésima señal, lo opuesto a la búsqueda de la excelencia educativa, el perfeccionamiento docente y la equiparación de oportunidades mediante el conocimiento y los saberes. El premio al estudio y la dedicación debe ser para todos, docentes y alumnos y en ese empeño se gana en equidad y en dignidad.
Es importante retener a los niños y adolescentes en la escuela, pero dentro de los establecimientos se debe aprender, para incluirlos a la sociedad del conocimiento. La deserción en el ciclo secundario se estima entre 350/500.000 jóvenes por año. En la Universidad pública el 28 % de los cursantes no aprueban una materia anualmente.
La Unesco, en su Global Education Digest 2010, informa que en nuestro país, solo la mitad de los alumnos se recibe en el ciclo secundario y solamente el 43 % lo hace en los plazos establecidos. Estamos en el lugar 59º entre 65 países relevados en las pruebas Pisa. Sin explicaciones consistentes, se descalifican esas investigaciones y se considera que esas pruebas de evaluación no sirven para ponderar el nivel educativo de una sociedad. Los padres advierten algunos aspectos, por ejemplo la pérdida de días de clase y entonces vemos cómo las escuelas públicas, desde 2003, perdieron 7 % de su matrícula hacia las de gestión privada. Pero el proceso de aprendizaje es más complejo y tal vez sea tarde para reparar cuando se lo constate.
Pasado ese tiempo, todo es más difícil y muchas veces nos sorprendemos cuando la violencia estalla dentro y fuera de las aulas. Sin una economía en crecimiento y un sistema educativo para el trabajo, quedan miles de jóvenes postergados, al amparo de complicidades tal vez involuntarias y expuestos a las redes delictivas donde opera el narcotráfico.
Resulta paradójico que el Estado, que aumenta su distorsivo intervencionismo en la economía y en los medios de comunicación, no potencie su intervención en lo que le compete: garantizando el acceso a la Justicia y a bajar los niveles de inseguridad, desde la radarización de fronteras al combate contra el narcotráfico; optimizar la infraestructura de transporte y comunicaciones, lo referido a educación y la salud cuya ejecución del gasto en el primer semestre creció muy por debajo del incremento del gasto público total.

Aprovecho la oportunidad para repudiar el ataque al periodista Gustavo Sylvestre en la Ciudad de Buenos Aires y las intimidaciones al equipo de Jorge Lanata en Formosa. Antes, fue golpeado en pleno centro porteño Alfredo Leuco y otros tantos que fueron víctimas de exabruptos y destrato, sin que se conozcan sus autores materiales. La inspiración intelectual es la intolerancia y la impotencia para concretar el “vamos por todo”, tras el pronunciamiento de la ciudadanía. Con la delicada fractura social visible en tantas expresiones, atizar la confrontación es lo menos recomendable para la convivencia en paz que estamos obligados a preservar.
Lo que comenzó con la Ley de Medios Audiovisuales y se profundizó con la pauta publicitaria y el entramado de medios oficialistas, es muy costoso y dañino para la libre circulación de ideas. Una pérdida de tiempo tendiente a ocultar lo que todos saben, advierten e intuyen en su vida cotidiana.
Tendríamos que estar en otra cosa, trabajando en un marco regulatorio para estimular la competencia y la convergencia entre las empresas de cable, lo satelital y las telefónicas. El desenvolvimiento de las plataformas digitales y la velocidad de los cambios tecnológicos requieren inversiones continuas de calidad para no quedar rezagados. Las dificultades en el funcionamiento de la telefonía celular verifican el costo del atraso y el apuro de ciertas licitaciones parecen estar impulsadas por la necesidad de ingresar dólares.
Por el contrario, trasciende el trueque para ingresar en una telefónica, entre un fondo de inversión mexicano y el gobierno que lo pretende como aliado en su lucha antibuitre. Parece ser que hay denominados fondos buitres más benignos que otros y que no les cabe la condena, dado que la presidenta de la República se reunirá en Nueva York con Georges Soros, titular del Soros Fund Management, propietario del 3,5 % de las acciones de la estatizada YPF, como de otros dos fondos de inversión que el gobierno acusa como desestabilizadores.
Capitalismo de amigos, con prebendas e impunidad para la corrupción de los allegados y socios del poder político. Ello no sería posible sin las fallas en el sistema judicial, expuesto a embestidas inconcebibles.
Entre otros retrocesos que sufre nuestra democracia, está la cantidad de personas que por diferentes motivos padecen situaciones de escarnio público, muchas coincidentes con las campañas de desprestigio impulsadas desde lo más alto del poder.
Es muy auspicioso que se recuerden los 30 años de la entrega del informe Nunca Más por parte de la Conadep, al que el kirchnerismo le modificó su prólogo. Fue una manera de reparar el olvido del entonces presidente de la República, Néstor Kirchner al presidente Raúl Alfonsín, quien impulsó la investigación sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar e hizo posible el juzgamiento de sus responsables en momentos muy convulsionados.
Culpabilizar a los medios de comunicación, por causar pánico y desánimo, es un ardid para descalificar la información, donde se nutre la diversidad de opiniones de toda democracia plena. Lamento que ya no causen estrépito estas manifestaciones y se banalicen otras, hipotéticas, que no es conveniente azuzar. La referencia a estallidos con imputados de antemano, esgrimido por la presidenta hace pocas horas, no contribuyen a la paz social y tampoco a ver las cosas como son, única manera de poder resolver los problemas que preocupan a nuestros compatriotas. Estar pensando en diciembre de 2015, obviando lo que le pasará durante estos más de 400 días al país y a los argentinos, complicará la vida y dejará peligrosos escollos que podríamos estar removiendo. Gobierno y oposición. Unos y otros con sus responsabilidades. Para culminar bien la transición y para que coincidir en políticas de Estado permitan un cambio sereno y esperanzador.