2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que se crean instrumentos financieros para promover inversiones

El proyecto en tratamiento, de aprobarse, coloca a nuestro país en la categoría de paraíso fiscal, en momentos en que en todo el mundo se combaten esas prácticas.
Estaríamos legalizando el lavado de dinero, sin conocer sus orígenes ni fecha de compra de esas tenencias.
En este Congreso de la Nación se habló de “narcoeconomía”.
Se parece mucho a una autoamnistía para blanquear recursos derivados de la corrupción.
Se les pagará un interés del 4% y pueden presentarse mediante transferencias bancarias y en billetes físicos en ventanilla del banco, violando claramente toda la legislación internacional.
El G-2 y el GAFI (Grupo Acción Financiera Internacional) algo dirán y no precisamente elogiable.
La Unión Europea hace una semana se pronunció por avanzar en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal y llevará el pedido de medidas efectivas al G-8, la OCDE y el G-20 que resolvió combatir el lavado, con la firma de la Argentina.
El GAFI mantiene a nuestro país en una "lista gris" y a comienzos del año pasado resolvió que es obligatorio penalizar el delito tributario proveniente del lavado.
La OEA hace días fijó una posición sobre la droga y el lavado de dinero. Ese organismo señala la necesidad de una ley para facultar las investigaciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que se encuentra sin conducción. Tampoco ha sido cubierta la dirección de la Sedronar tras la renuncia de su titular hace más de dos meses.
La ONU estableció un sistema para el seguimiento del lavado de dinero y este Congreso ratificó por ley esos tratados. Estamos incumpliendo prescripciones de la Convención de la ONU Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes; la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; la Convención Internacional para la Represión y Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana contra la Corrupción, de las que somos signatarios.
Luxemburgo, Islas Vírgenes, Caimán, Turks y Caicos rechazan el estigma de paraísos fiscales, donde se estiman hay activos no declarados por U$S 21 billones. Un alto funcionario de Luxemburgo, dijo que en cinco años no habrá paraísos fiscales que puedan prosperar robando los impuestos de otros países. Aunque fuera una expresión de deseos, cierto es que estar en esa nómina desacredita y merece reproches. Mientras tanto, sería conveniente que se informara sobre movimientos de fondos de un empresario y el viaje a las islas Seychelles publicado en el Boletín Oficial. Nada más saludable que despejar esas dudas.
Por cierto, esto no parece importar a nuestro gobierno. El voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto de Siria y del Tratado con Irán, más ahora que se conoce la acusación del fiscal especial de la causa Amia, Alberto Nisman, quien imputa a ese país de armar una red terrorista en Sudamérica, marcan una severa erosión de nuestra reputación, fruto de una conducta exterior cada vez más acentuada.

Elevan rango a la Unidad de Investigaciones Financieras, ¿para qué si no hay persecución al lavador? ¿Por qué no pedir origen de estos fondos a blanquear? ¿No se viola nuestra legislación antilavado aprobada en 2011 ? ¿Recuerdan lo que decía la entonces senadora Cristina F.de Kirchner en 2005? ¿Se corresponde esta acción con la persecución a quienes extraen sus dólares legales en los cajeros con sus tarjetas de crédito? ¿Es confiable la UIF después de no haber iniciado ninguna causa, por los Reporte de Operación Sospechosa (ROS) recibidos desde hace seis o siete años, respecto de empresas del empresario Lázaro Báez? Hay 588 casos irregulares detectados en el blanqueo de 2009 sin que la UIF haya iniciado causa penal. Según se sabe de las 35.800 ingresantes a ese blanqueo, la UIF sólo reportó 631 ROS y denunció 52 casos, el 2 % de quienes blanquearon.
Hasta la modificación de la ley de combate al lavado de dinero, acontecida en 2011, el 20 % de los ROS eran denunciados ante la Justicia. Desde la reforma esas denuncias representan menos del 1 % de los ROS.

Caímos de una puntuación de 6 a 3 en el ránking de Transparency Internacional. Se estima que por cada punto de caída se pierde 1/4 del PBI. Un Índice Internacional de Calidad Institucional (ICI) publica que la Argentina fue el país que más desmejoró en América Latina y uno de los peores cinco en el mundo. Desde 2007, perdió 34 lugares, quedando sólo arriba de Kiribati, Micronesia, Fiji y Madagascar. Entre 191 países revelados, la Argentina se ubica en el lugar 127; el año pasado estaba en el sitio 122.
La transparencia es un valor y la persecución penal de la corrupción, pública y privada, califica a las instituciones de un país. Este proyecto, defendido por criterios de conveniencia y oportunidad, sería aprobado cuando la opinión pública está conmocionada por denuncias de enriquecimiento ilícito, sobreprecios en obra pública y percepción de impunidad de quienes están cerca y dentro del poder político. La situación judicial del vice-presidente de la República ( ahora también imputado por el canje de bonos de 2010) y del ex secretario de Transporte, los escandalosos casos de Skanska, Ciccone, la mafia de los medicamentos y Sueños Compartidos, por nombrar algunos procesos resonantes, parecen vinculados en una red financiera oscura.

Desde su elevado magisterio espiritual, el papa Francisco denunció la corrupción tentacular y condenó la evasión fiscal egoísta.
Es irrebatible que estamos ante una iniciativa de pésima calificación ética. Si a un turista le sobraron dólares y otro gastó dólares extraídos con su tarjeta deben explicar su conducta. Cualquier contribuyente de cumple con el fisco, debe pagar sus impuestos con intereses por mora, si por algún inconveniente no cumple en término. Mientras tanto la presidenta viola el secreto fiscal y la AFIP persigue a opositores y periodistas. Este proyecto convalida la evasión, facilita y encubre la corrupción.
Se excluyen las sanciones previstas en la Ley Penal Tributaria y en el régimen penal cambiario, lo que implica un quiebre de la equidad impositiva, penaliza a contribuyentes, sean grandes o asalariados y premia a evasores y delincuentes.
Quienes exterioricen dólares no declarados, según un instituto que estudia las cuestiones fiscales, obtendrán un beneficio del 68 % si se trata de personas físicas y del 95 % si se trata de personas jurídicas o sociedades. El cotejo surge de computar los impuestos no pagados durante cinco años. En esa investigación se calcula que quienes adquieran el bono que vence en 2016, si son evasores logran una rentabilidad superior a quien se comporta como contribuyente al día. Gana 35 % si es persona física y 56 % si es una sociedad que evadió.
Quien ingrese dólares declarados por una operación gravada con impuestos, recibirá pesos al tipo de cambio oficial y quien ingrese dólares sucios, de operaciones ilícitas o que no hayan pagado impuestos, recibirán un 70/80 % más en pesos.

No menciono las denominaciones de las consultoras ni especialistas que investigan con seriedad, para no comprometerlos, pero son públicas y como nos está vedado el acceso a la información oficial, los hago propios por su verosimilitud. Los datos recopilados por mis asesores, los relevamientos dados a conocer por especialistas, lo publicado en distintos medios masivos y digital y lo que acopio de mis reuniones con asociaciones empresarias, sindicalistas, culturales y dirigentes de diferentes regiones son concordantes con lo que expongo sustentado en lo que recepto. Mucho de lo que dejo plasmado en este recinto es fruto de sus trabajos y los traslado por compartir sus análisis.

Aún no comprendo por qué este proyecto, que refiere a la materia impositiva no ingresó por la Cámara de Diputados, ¿será por la composición más favorable que tiene el oficialismo en el Senado de la Nación?
Esta Cámara, con mayoría oficialista, hace un mes que no sesiona y en la década kirchnerista, la media anual de sanción de leyes (111) estuvo por debajo del promedio registrado desde 1983 (129 por año).
Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ese promedio es de 93 leyes por año.
El filósofo de cabecera sostiene que el Congreso es un impedimento para las transformaciones y los voceros oficialista consideran que la Constitución Nacional es fruto del neoliberalismo. De allí a paralizar el Congreso y desconocer los límites constitucionales, hay un paso muy pequeño, justificado desde la teoría política del populismo. Si el cepo cambiario, artículos de la ley de medios audiovisuales y las leyes sobre la reforma a la Justicia, ya están siendo consideradas inconstitucionales, algo muy grave está sucediendo en nuestro ordenamiento institucional.
Intentar modificar la Constitución porque fija límites al poder y violentar la ley nunca puede ser progresista, porque el entramado legal tiende a acotar la fuerza del poderoso y a brindar protección a los más débiles amparados por derechos que deben ser ejercidos.

Justicia tributaria, cultura impositiva, operativos sobre monotributistas, premio a quien asume sus obligaciones, palabras devaluadas que derraman disvalores sobre toda la población. Ese desaliento a quien cumple con regularidad afecta al punto central de la convivencia en una sociedad a partir de la igualdad ante la ley.
Aún no se conoce la letra chica de la reglamentación ni las disposiciones del Banco Central para rescatar los CEDIN. No conocemos los resguardos que implementará la UIF y lamentamos que el oficialismo impida que tengamos la oportunidad de preguntárselo al licenciado José Sbatella. Tal vez lo prefieren sembrando pánico o adelantando procedimientos cuando dice que los dólares atesorados en las cajas de seguridad son el mayor factor de desestabilización que tiene el país.
La exposición del licenciado Alberto Abad, ex director de la AFIP del kirchnerismo, merece ser tomada en cuenta por su contundencia. Tengo muy presente los tres planes antievasión implementados por la AFIP en los primeros años de la administración kirchnerista; tanto como el "traje a rayas" para los evasores, prometido ante la Asamblea Legislativa. Ahora la AFIP no averigua el origen de los fondos y cabe preguntarse cómo podrían hacerlos los bancos, notarios, contadores, auditores y la UIF. Es una señal espantosa para la autoridad del recaudador que el titular de la AFIP sea un vocero aplaudidor-promotor de este blanqueo y en él se deposite la capacidad para determinar qué país es un paraíso fiscal.
En estos días un fiscal ha denunciado a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Dirección de Migraciones por negarle información en "un liso y llano alzamiento a la administración de justicia."
El blanqueo 2009 supuso un perdón fiscal de dinero lícito o no declarado, pagando un tributo del 1% al 8 %. Se declararon U$S 4.000 millones e ingresaron U$S 650 millones. Se extinguieron 8.000 causas, entre ellas, la demanda judicial de la AFIP contra Lázaro Báez, que había antes determinado la remoción de importantes funcionarios recaudadores. Ahora estalló el escándalo Báez, se lanza otro blanqueo, se reforma la Justicia, se designan conjueces ligados al empresario. De 21 profesionales confirmados por la presidenta para la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde se sustancian las causas de Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, una decena están vinculados a funcionarios y amigos prominentes del kirchnerismo. La jueza subrogante, que investigaba al empresario fue desplazada en el Juzgado Federal de Río Gallegos. Un juez no concede el pedido de allanamiento solicitado por el fiscal y remite el caso a Santa Cruz donde actúan los jueces antemencionados. De las 29 listas de conjueces que debe enviar la presidenta al Congreso, sólo cubrió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la Cámara Civil y Comercial Federal donde se tramita la Ley de Medios.
La mora en los procedimientos son pruebas que se pierden.
Tras varias semanas de denuncias que involucran a la familia presidencial, ni el gobierno ni la presidenta han hecho mención al tema. El legislador porteño dijo que tendría que haber "100 Lázaro Báez más." Lo que se advierte es intentar desprestigiar lo que antes se intentó farandulizar y ahora el uso del Fútbol para Todos (que lleva consumidos en cuatro años $ 3.000 millones del erario), para superponer horarios de trasmisión de los partidos de fútbol del domingo con un programa que sólo realiza investigaciones periodísticas. Un criterio muy particular de contribuir a brindar seguridad en los espectáculos, en este caso finalizados, cuando además de producirse a altas horas de la noche cuando no circulan el transporte público de pasajes y previo a una jornada laboral. Hace poco se adelantaron los horarios de los partidos por esas razones. Todo para que la audiencia futbolera se desentienda de un programa de información, humor y opinión política. En la primer semana, el intento distractivo falló y el programa de Canal 13 le ganó por mucho al Fútbol para Todos. Sería estimulante que la televisión pública pudiera aportar al debate, con un programa que exponga otra mirada, aunque lo normal sería que en esa pantalla pudieran manifestarse todas las corrientes de pensamiento.
¿Qué impide que este producto televisivo sea ofrecido en el mercado publicitario privado para evitar ese gasto? ¿No era acaso que ese negocio iba a brindar una utilidad de $ 1.000 millones para fomentar el deporte olímpico? La respuesta desnuda el objetivo; esa audiencia masiva debe estar cautiva para receptar la propaganda kirchnerista. El 80 % de los medios son controlados por el gobierno y el 44 % de la pauta publicitaria de 2012 se distribuyó entre diez grupos afines. ¿No les resulta suficiente ese uso confuso del Estado para difundir el relato del gobierno o es que quieren silenciar a todo aquel que no se ajuste al mismo?

En esa escalada, donde el director del AFSA y gobernador del Chaco lanzó la propuesta para controlar a los periodistas y los domicilios particulares de dos de ellos fueron allanados y otro atacado con pintadas intimidatorias. El edificio de la empresa Cablevisión fue baleado, sin que el gobierno repudie el hecho ni se conozcan avances en la investigación.
El rol asignado a Télam por la diputada Diana Conti, de oficiar como gacetillería "alcahueta," según sus dichos y los de empleados de esa agencia, relevan de comentario porque blanquean el tipo de periodismo militante que quieren imponer.
La pauta publicitaria oficial, de $ 23 millones en 2003 escaló a $ 6.851 millones en 2012.
La pluralidad de voces en estos días tiene un saldo preocupante. Disienten con el relato oficialista tres diarios, un canal de aire, dos radios AM, una de cada cinco señales de cable y una de cada cincuenta emisoras de FM, según un periodista especializado en medios.
En esta Cámara se presentó un proyecto de expropiación de Papel Prensa del 24% de sus acciones, para tomar el control accionario del 51 % de esa empresa. El artículo 14 de la Constitución Nacional lo prohíbe. Es un derecho absoluto que el Congreso no puede reglamentar por medio de una ley. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ha dicho que la sustentabilidad de los medios no es una cuestión patrimonial sino que afecta a la libertad de expresión.
El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica nos inhibe de actos arbitrarios que destruyen la libertad de expresión. La condena internacional sobreviniente profundizará el deterioro de nuestra imagen en un mundo cada vez más interconectado y sensibilizado por temas relacionados con los derechos humanos.
Los trece requerimientos, dispuestos en cuatro días por la Comisión Nacional de Valores (CNV), incluido el nombre de los apoderados, dicen sobre la posible intervención, directa o indirecta, a los medios del Grupo Clarín, mucho más que las desmentidas gubernamentales cuando las expresiones de rechazo se multiplicaron en el país y en el exterior. La nota de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a la Comisión Nacional de Valores y la defensa que el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, hizo sobre su facultad de intervención, sin que aún se conozca la reglamentación de la ley 26.831, adelantan los pasos que pueden darse sobre empresas con participación minoritaria del Estado. El artículo 20 de esa ley pone en riesgo la propiedad y en este caso la libertad de prensa.
El gobierno, por el proyecto de los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, dispondría entonces del papel para diarios producido en el país (75 %); el permiso de importación de ese insumo (el 25 % restante) y el control sobre los contenidos y la programación de un medio que no repite el relato oficial. Todo para consagrar la impunidad, el silencio de quienes critiquen y descubran ilícitos y el dominio de una Justicia adicta que ampare al gobierno y sus funcionarios para eternizarse en el poder.
La 13ª Carta Abierta es un ejemplo del doble estándar para analizar esta cuestión corrosiva, la corrupción estatal. Una penosa claudicación de quienes, como intelectuales podrían aportar su pensamiento crítico para enriquecer el debate político y la participación activa de ciudadanos libres a todas las miradas y opiniones sin sentir temor por expresarlas. Catalogar de novela de terror gótico, folletín popular, letrinas amarillistas, castillos draculianos salidos de Edgar Allan Poe, a investigaciones periodísticas no desmentidas y constituidas en causas judiciales, es más un intento de destruir al periodismo independiente, relativizando y hasta justificando a la corrupción, que una contribución a discutir lo que le importa a nuestro pueblo.
Un fiscal recibe amenazas y su superior, lejos de respaldarlo, le señala objeciones sobre la parcialidad de sus actuaciones. Se sabe, con años de retardo, que otro fiscal sufrió el secuestro de su hijo cuando debía apelar el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner y no se conoce que su superior haya iniciado una causa por semejante hecho.

Mientras tanto, la Relatoria Especial de la ONU cuestiona la reforma judicial sancionada por el Congreso porque pone en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura y porque es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de esa organización.

La denominada exteriorización voluntaria de activos es otro eufemismo grandilocuente para encubrir el fracaso y los desvíos reprochables que deben permanecer ocultos para disfrazar sus propósitos.
Si se cumple el optimista pronóstico de lograr una exteriorización de U$S 3.000 millones, es menos de lo que se fue en el año. Además tenemos que pagar en setiembre U$S 1.800 millones, el DONAR 13 que rinde 13 %.
Es probable que recuperen algún nivel de reservas, temporariamente para ganar tiempo y ello invalida el supuesto decisionismo de un gobierno que reitera su vocación de generar iniciativas transformadoras y revolucionarias. Van detrás de los acontecimientos con disparatados ensayos.
Si se recurre a este mercado negro y sucio, se ahuyenta al inversor, algo grave sucede.
Hasta ahora sobran dólares en el mundo y permiten financiamiento de largo plazo y a tasas muy bajas. Ruanda toma fondos a 6 %; Marruecos a 4,22 %; Bolivia a 4 %; Chile a 3,25 % y Petrobras colocó U$S 11.000 millones a tasas que oscilan entre 2, 14 % y 5,7 % a 30 años (le ofrecieron U$S 45.000 millones, a diez años).
Con una tasa de riesgo de 1.200 puntos, la Argentina no podría acceder a tasas menores de 13 % como se advierte con YPF. La Argentina y Corea son los únicos países que no acceden al mercado de capitales. En el mercado de los CDS, los seguros de default a cinco años, califican a nuestro país en 3.023 y escaló 700 puntos en los últimos meses.
Se ha publicado un Índice de Capacidad de Pago de la Argentina (ICPA) tomando como indicadores las reservas del Banco Central, el resultado fiscal primario medido en tipo de cambio oficial, balance comercial y tipo de cambio real. Arroja una declinación, en febrero, del 17,5 % respecto de enero y 31,3 % comparado con febrero del año pasado. Según ese estudio, sin aportes del BCRA, el resultado fiscal primario de febrero fue deficitario en $ 2.044 millones y entonces la caída del ICPA hubiera sido aún más pronunciada.
No tener en cuenta el frente externo es un error inconcebible para quien conozca algo de historia.
Desconocemos fallos del CIADI; recibimos censuras del FMI por las estadísticas; los países centrales votan contra créditos del BID y no damos importancia al fallo de la Justicia de Nueva York por los holdouts. Creer que es glorioso estar fuera de la agenda de los países centrales y no ser recibidos ni visitados por sus mandatarios resulta un desatino.
No renegociamos vencimientos de deuda y recurrimos a las reservas. No podemos acceder a financiamiento blando de largo plazo para infraestructura. No negociar con el Club de Paris nos impide acceder a inversiones en máquinas y equipos tecnológicos para energía. No hacemos nada para financiarnos en proyectos estratégicos a bajas tasas y estamos debatiendo asociarnos a capitales especulativos, que cuestan más caro y no contribuyen a ningún fin que no sea una urgencia autogenerada.
Se repite que nos castigan por nuestro modelo virtuoso y que la desconfianza es fruto de nuestro pasado, siendo esto último un dato que pesa sobre nuestra credibilidad. No explica mucho porque en 2007, la Argentina y Brasil tenían la misma calificación de riesgo país, 227 puntos básicos. Ahora la calificación brasileña es seis veces más baja que la nuestra.
En 2006 los bonos argentinos tenían una sobretasa de 3 % más cara que los bonos estadounidenses; ahora deberían pagar 11 % por encima de ellos.
La Argentina es un país fronterizo donde los fondos no pueden venir, por sus inconsistencias cambiaria, fiscal y la inflación, por no poder disponer de sus utilidades, por no tener una hoja de ruta previsible, por su falta de seguridad jurídica, que este proyecto agrava porque da una señal de ahogo que lo lleva a asociarse con portadores de fondos espurios.
Después de anunciarse este blanqueo, salieron U$S 300 millones del stock de depósito en dólares y se vaciaron muchas cajas de seguridad. Es clarísimo que el deterioro de la confianza se profundiza con estas iniciativas.
Los certificados anticipados tendrán un encaje del 100% en los bancos comerciales, pero pasan al BCRA y éste puede disponer para pago de deuda por la laxitud de su reformada Carta Orgánica. ¿Tendrán que reformarla nuevamente este o el próximo año? ¿Tiene el BCRA asegurado cómo impedir que circulen CEDIN sin respaldo?

El problema es que estamos ante un escenario de crisis del sector externo.
La presidenta, ante ese desenlace, en vez de corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que no llegan disimulados a las próximas elecciones, ensaya este parche peligroso y cumple su sueño de imprimir dólares truchos pero convertibles en dólares para circular en el mercado ilegal del blue. Una cuasimoneda, otra bicicleta financiera para competir en el mercado paralelo con el dólar ilegal, otra fuente de ganancia para los especuladores más avezados. Uno será nominativo, otro al portador endosable para circular en un mercado secundario.
No obstante, para el turismo y otras transacciones, estos certificados no son de ninguna utilidad y seguirá la presión sobre el único billete estadounidense disponible, el ilegal. Si alguien quisiera blanquear pesos en negro, también deberán recurrir al blue para hacerse de dólares para cambiarlos por estos bonos. Quien reciba un CEDIN por una venta podrá acceder a dólares billetes y venderlos en el blue o atesorarlos, cuestión que estaba prohibida, hasta hace pocos días, según la conducción monetaria del país. ¿A qué precio se cambiarán los dólares que un constructor inmobiliario reciba cuando deba pagar materiales y salarios? ¿Si es al oficial perderá mucho por los costos imperantes y si es en el blue obtendrá una ganancia ilegal? ¿Se hace todo esto para descomprimir el mercado paralelo del dólar?

En eso consisten los tres instrumentos, el CEDIN (Certificado de Depósito para Inversión), el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico (PADE) y el BAADE (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico.) Estos dos últimos para proyectos energéticos.
El BODEN 2015 paga 14 % anual y vence 2015, el PADE rinde 4% y vence 2016. Compite con los bonos en pesos emitidos por YPF que rinden 19 % y en la última emisión ya no hubo tanta demanda como en las anteriores y se prorrogó un día el cierre de la colocación.

El modelo nacional y popular es nada más que un relato, cada vez más contradictorio.
Hasta hace poco se criminalizaba el ahorro en dólares y ahora el viceministro, Axel Kicillof, dice que no son dos o tres argentinos, sino pequeños ahorristas que se protegieron inocentemente, argumento que antes era desacreditado cuando se los exponíamos.
De la batalla cultural de la pesificación a mayor dolarización, reimplantando el bimonetarismo que denuncia el diputado Roberto Feletti. Un tenedor de CEDIN podrá cancelar una deuda contraída en dólares y el mismo se podrá endosar ilimitadamente.
Del modelo con dólar alto, ahora elogiar dólar bajo. Aquel nivel empobrecía ¿Éste, cercano al 1-1, no se parece al discurso neoliberal de la convertibilidad?
En mi provincia, la pobreza es 26,8 % y la indigencia 5,6 %, mucho más que lo medido en diciembre y ello afecta a 800.000 personas. En 1983, la pobreza era del 5 %.
El 75 % de los jubilados (unos 4,5 millones) reciben haberes mínimos. Once millones de argentinos son pobres y cuatro millones de trabajadores están en la informalidad. La mitad de los trabajadores argentinos ganan menos de $ 3.500 mensuales.

La declamada década ganada mantiene un brecha social que interpela a nuestra conciencia.
Según el índice del PNUD, el ingreso entre el decil más rico y el decil más pobre tiene una diferencia de 27 veces. Los planes asistenciales no achican la misma sino que la cristalizan. El intento prepotente de redistribuir riqueza, tal como se lo declama, es muy pernicioso y no contribuye al objetivo de redistribuir ingresos, que es lo que cuenta para achicar las irritantes desigualdades. Para lo primero bastaría con expropiar lo existente, para lo segundo hay que generar ampliando la riqueza global y ello requiere atraer inversiones que no vienen por el riesgo de confiscación.
Un informe señala que los programas sociales representan el 26,9 % de los ingresos de las familias indigentes y el 16,2 % de los hogares pobres.
El asistencialismo, necesario en situaciones de emergencia social y para socorrer a los más vulnerables, debe formar parte de un plan integral, para paliar una urgencia pero dentro de una estrategia, para que sean transitorios. Salir de la pobreza y del desempleo requiere un programa económico con ese objetivo.
En los años 70, los diversos planes asistenciales beneficiaban al 10 % de la población; en los 90 el 27 % y este año se estima abarca al 40 % del total poblacional.
Son tres millones menos los chicos que reciben menores asignaciones familiares que en 2009 (1,5 millones cobran menos subsidio y 1,5 millones nunca lo cobraron) por los topes en las desactualizadas escalas.
Es buena la anunciada actualización de la asignación universal por hijo de $ 340 a $ 460, pero llega solamente a los hijos de los informalizados y desocupados. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, más del 40 % de los adolescentes de familias indigentes, menores de 18 años, no recibían el año pasado ese beneficio. En ese relevamiento se observa que el 18,7 % de los hogares indigentes y en el 29,1 % de los hogares pobres, no reciben ningún plan.

Según una fundación, el desempleo juvenil bordea el 20 %. De cada diez jóvenes de 18 a 24 años ocupados tienen empleos precarios. En ese universo son 2,5 millones los jóvenes con problemas laborales. En 2003, los jóvenes que no estudian ni trabajan representaban el 13,1 % de esa franja, en 2012 es del 15,3 %.
De la participación de los jóvenes en la vida política y la inclusión a la sociedad del conocimiento con las muy destacables entregas de netbook, tenemos desempleo juvenil y el 60 % de los estudiantes secundarios no culminan sus estudios en término. En estos días siguen los paros docentes en varias provincias, cuatro días sin clases en Buenos Aires en esta semana y seis en Tierra del Fuego con la Casa de Gobierno tomada. ¿Quién y cómo se restituye ese tiempo que pierden de aprendizaje nuestros adolescentes?
En esta sesión, rindo homenaje a los siete docentes que fallecieron en un accidente cerca de Tostado, mientras se dirigían a cumplir con su noble tarea de enseñar. Víctimas de la inseguridad vial, donde diariamente se pierden más de veinte vidas humanas.

La pobreza abarca al 38,8 % de los niños y adolescentes del país; en 2011 ese porcentaje era del 37,2 %. Lo que más preocupa, además de la cantidad (4,8 millones de chicos que viven en esas condiciones), es la tendencia creciente.
Cuando analizamos el 5,7 % de desocupación de Brasil, además de ese número, lo diferente es esa curva que les permite crear anualmente dos millones de puestos de trabajo en el sector privado e incorporar, en la última década, a más de treinta millones de pobres a sus clases medias.
Desde 2010, según el Ministerio de Trabajo argentino, se crearon 45.000 puestos registrados. Contrariando lo que se repite sobre la creación de trabajo industrial, desde 2003 a la fecha, el porcentaje de operarios en la industria es el mismo: 17 %; en los años 90 ese porcentaje era del 23 %.

De la matriz industrializada y diversificada, a depender del "yuyo," la soja, con caída del 18 % de las exportaciones industriales.
El año pasado, el sector agropecuario aportó U$S 47.000 millones y el sector industrial tuvo un déficit de U$S 31.000 millones. En 2010, las manufacturas de origen industrial representaban el 35 % de nuestras exportaciones; en 2012 significan el 34 %. Las ventas de productos primarios entonces ocupaban el 22 %, el año pasado fue el 24 %.
En el primer trimestre, el intercambio automotriz fue deficitario en U$S 1.342 millones. En el intercambio de productos plásticos, química y caucho, el déficit fue de cerca de U$S 1.000 millones.
En el primer cuatrimestre las exportaciones de productos primarios crecieron el 43 % y las manufacturas industriales 7 %. ¿Ello indica avance en la industrialización, integración productiva o primarización?
La estructura productiva es la misma que en la década de los 90. En 1993 representaba el 18 % del PBI, en 2012 representó el 17 %.
En abril, la industria alimenticia cayó 4,1 % y en el cuatrimestre la disminución fue de 2,1%. En textiles la baja fue 3,3 % en abril respecto de 2012, y 5,6 % menor tomando el cuatrimestre. El leve incremento del sector fue motorizado por el incremento en automóviles y caucho demandados por Brasil, cuyo crecimiento se estanca y es utilizado como reserva de valor en el mercado interno.
De la creación de una burguesía nacional pujante, pasamos a los negocios para amigos y testaferros; de la argentinización a oscuras vinculaciones a la trasnacionalización brasileña y ahora a la huida de ellas.
La concentración y la extranjerización se han incrementado en el sector empresario. Eso acontece en la industria y es mucho más pronunciado en el sector agrario.
En 1997, de las 220 empresas que más ganancias obtuvieron, 104 eran extranjeras; el año pasado fueron 128. Hasta el cepo, las utilidades giradas durante el período kirchnerista superaron largamente a lo ocurrido durante la convertibilidad Menem-Cavallo. Las 500 empresas más grandes del país significan el 23 % del PBI, más que durante los 90 y recibieron durante el kirchnerismo $ 17.000 millones de subsidios.
En 2005, el 37 % de las exportaciones eran operadas por las empresas más grandes; en 2012 esa concentración llegó al 49 %. Esas grandes empresas acaparan las ventas de aceite, granos, derivados alimenticios, química, biocombustibles

Del desendeudamiento (aunque la deuda se acerca a los U$S 200.000 millones), pasamos a endeudarnos con tenedores de dólares que pueden provenir de la evasión, del juego, de la corrupción, del narcotráfico, de la venta ilegal de armas, de la financiación de actividades terroristas o de la trata de personas.
En estos días se han vendido títulos públicos que vencen en 2015/17, incrementando el endeudamiento estatal con rendimiento del 15 % en dólares y al caer su cotización, también bajó un 10 % el costo de la fuga legal de billetes estadounidenses.
No se está cancelando deuda sino pagando a bonistas tomando deuda del BCRA. Además, ¿quién puede sostener que todo crédito es malo? ¿No tendrán que ver el uso del mismo y las condiciones en que se toma? ¿Es lo mismo endeudarse para gasto improductivo que para una obra de infraestructura intergeneracional?
Agotadas las cajas, se apela al bolso de quienes infringieron la ley.
De la acumulación de reservas del Banco Central (U$S 52.634 millones al asumir Cristina Fernández de Kirchner) pasamos a un patrimonio neto negativo de más de $ 200.000 millones actuales.
El déficit cambiario fue de U$S 6.000 millones en 2011; U$S 3.000 millones en 2012 y para este año se estima un monto semejante.
En dieciocho meses las reservas del BCRA disminuyeron U$S 8.500 millones. En los primeros tres meses la caída fue de U$S 2.844 millones.
Según el informe de la propia entidad, hoy ese stock es de U$S 38.557 millones, U$S 152 millones menos que ayer y U$S 252 millones menos que el lunes.
El stock de depósitos en dólares es el más bajo desde 2008. Cuando se aplicó el cepo, acumulaban U$S 14.800 millones; ahora están en U$S 7.140 millones. Desde comienzo de 2013, cayeron U$S 1.700 millones.
En lo que va del año se perdieron U$S 4.400 millones, el 10,2 % del stock total.
Un especialista, con el inconveniente de no contar con información adecuada, publicó hace unos días que las reservas líquidas disponibles estarían alrededor de U$S 29.000 millones. Según un consultor, que fue secretario de Hacienda, representan el 6 % del PBI.
Restando encajes por depósitos en dólares, ese monto estaría en menos de U$S 24.000 millones.
Los activos netos del BCRA estarían en U$S 12.000 millones y la base monetaria alrededor de U$S 60.000 millones.
Aunque el monto de reservas informado es U$S 14.000 millones menor a aquel momento, el viceministro Axel Kicillof dice que el nivel es récord, aunque la disminución fue del 53 %. ¿Se puede creer en quien emite semejante juicio ante los senadores nacionales?
Las reservas del Banco Central en 2003 alcanzaban para pagar doce meses de importaciones; en 2009 alcanzaban para quince meses de compras externas; en 2012 alcanzan para seis meses.

Es probable que hasta julio-agosto ese nivel de reservas monetarias se estabilice y crezcan, pero luego seguirá la sangría y esto obliga a replantear el rumbo antes que ese piso complique todo. Si los CEDIN van directos a la compra inmobiliaria, su resultado monetario sería neutro porque inmediatamente retiraría los dólares blanqueados.
La presidenta del BCRA reitera que tenemos holgada situación de reservas, aunque sólo el 27% de los activos están conformados por reservas. Pasamos de aquel nivel récord de reservas a poco más de U$S 38.500 millones. A ese monto, hay que descontarle pases del Banco de Basilea por alrededor de U$S 3.600 millones, encajes de depósitos en los bancos por U$S 7.149 millones (mayoritariamente fondos institucionales porque los ahorristas minoristas huyeron) y Letras del Tesoro; entre Nobac y Lebac habría U$S 23.455 millones.
Más de la mitad de los activos del BCRA son préstamos al gobierno, que en tres años extrajo U$S 24.000 millones para pagar deuda (U$S 8.000 millones de promedio anual). En ese activo computado, los Adelantos Transitorios significaban el año pasado un 22 %, cuando en 2008 representaban un 10 %

Ese monto total prestado al Tesoro nacional se ubica en U$S 64.000 millones. A ello hay que agregar que en los dos últimos años el BCRA financió al Tesoro por $ 120.000 millones. Uno de cada dos pesos emitidos fueron para financiar al Tesoro. La emisión monetaria para el gasto estatal pasó de representar el 0,7 % del PBI en 2007 a 3,2 % en 2012 y para este año se estima una emisión de $ 100.000 millones, lo que significa llevar la masa a un equivalente al 4 % del PBI.
Si el circulante y los pesos en cajas de ahorro crecieron 33 % en mayo y la inflación está en 23 %, con una economía creciendo a menos del 2%, un columnista destaca que la cantidad de dinero emitido es diez puntos mayor que la necesaria.
Leí hace días el cálculo de un joven economista que mide la base monetaria en términos del producto y la ubica en 15 % del PBI, tres puntos por encima del promedio existente en los últimos años. Según él sobra un 20 % de los pesos que circulan. Ante ello, lo que se necesita es un instrumento atractivo para ahorrar en pesos, acorde a los encendidos discursos sobre la pesificación.
Allí hay que buscar una de las causas de la inflación, el blue y otros efectos, aunque la titular de la entidad monetaria sostenga que la emisión no impulsa la inflación. A esto lo denominan “monetización para estimular el crédito”. Sólo el 17 % de las empresas que tomaron esos créditos fueron del sector industrial.
Repito: uno de cada dos pesos que se emiten se destinan a financiar el gasto público, altamente improductivo. Entre febrero y marzo, el 65 % de la emisión monetaria se destinó al financiamiento del gasto público.

Hasta mayo, pese a las liquidaciones de exportaciones, el BCRA compró solamente U$S 520 millones. El año pasado, a este mes, el BCRA había comprado U$S 6.600 millones.
En el primer cuatrimestre del año pasado, las reservas aumentaron U$S 1.610 millones, en ese período, este año se perdieron U$S 3.500 millones.
Años atrás, de cada U$S 10 ingresados, U$S 7 iban a engrosar reservas, ahora de cada U$S 10 que ingresan, sólo U$S 2 van a las reservas del Banco Central.
El blanqueo es para ganar reservas, como también el anunciado swap con la República Popular China por 10.000 millones de yuanes para importar bienes de ese país.
El relato imputa al mundo nuestra pérdida de reservas monetarias y el uso de las mismas para impulsar el desarrollo. Lo último está a la vista. Respecto del contexto internacional, el declive de nuestras reservas monetarias contrasta con la evolución operada en algunos vecinos. Brasil las incrementó 20 %; Chile 26 %; Perú 45% y Uruguay 73 %.
Nuestras reservas cubren actualmente el 40% de los pasivos monetarios. Se perdieron U$S 4.400 millones en 2013 y U$S 13.100 millones desde enero 2011. Se fueron U$S 8.000 millones en el último año y U$S 935 millones por mes este año.
Estamos ante un severo problema de reservas y por eso la batería de restricciones en curso; la más reciente este bloqueo para el uso de tarjetas con los países vecinos que tienden a impedir el turismo con el resto del mundo. Se podrán extraer U$S 150 por trimestre en los países vecinos.

Ante esa debacle, se justifica cualquier medida aunque contradiga lo dicho anteriormente con igual énfasis.
El diputado oficialista Carlos Heller declaró que era bueno que caiga la construcción, y horas después defiende este blanqueo para reactivar la construcción.
El jefe de Gabinete y otros funcionarios ligan el desplome inmobiliario a la crisis internacional. Si miramos bien lo sucedido comprobaremos la falacia de esa relación. Como lo destaca el columnista de un diario, entre 2007/11 mientras en la Argentina la construcción creció 14, 4 %, en España cayó 30 % y en Irlanda 60%.
Fue desde el cepo de octubre 2011 y por la incertidumbre desatada por las inconsistencias económicas siguientes, que se paralizó esa actividad en nuestro país. En ese período, la construcción en Chile creció 8 % y en Uruguay 14 %. En mayo, la caída interanual del sector inmobiliario fue de 36,3 %.
La brecha entre el dólar oficial y el paralelo era entonces de menos del 10 %. Hace días estuvo cerca del 100 % y ahora bordea el 60/70 %.
Diagnosticaron mal y quisieron pesificar obligatoriamente sin tener una unidad de cuenta confiable. Ningún propietario quiso desprenderse de sus propiedades a cambio de pesos y en un mercado dolarizado. Es poco probable que quieran hacerlo ahora mediante el CEDIN.
Un ex ministro de Economía del kirchnerismo estima que en el mejor los casos, según el monto estimado de blanqueo, podría mejorarse entre un 2 % y un 6 % la actividad inmobiliaria. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se necesitarían U$S 2.400 millones para igualar la cantidad de lo que se escrituraba antes del cepo.¿ Se podrán comprar propiedades rurales ?
Agravaron las dudas y ese refugio es menos atractivo en comparación del dólar.
Con el cerrojo creció el minúsculo mercadeo ilegal del dólar y con los sucesivos torniquetes para suturar filtraciones, lo hicieron tan robusto que algunos lo calculan en U$S 100 millones diarios, cuando la liquidación de divisas es apenas superior a U$S 200 millones.
Desde el oficialismo se denuncia a los productores de soja. En primer lugar, hasta fin de mayo, esas liquidaciones están en U$S 9.590 millones, un 3,5 % más que en ese tramo de 2012. En segundo lugar, es obvio que el productor administre sus ventas protegiéndose de la inflación. Lo cierto es que por primera vez (desde 2005, exceptuado el año del conflicto por la 125), en un mes de mayo, las reservas del BCRA disminuyeron. Debemos recordar que a comienzos del año se autorizaron operaciones y se abrió el registro de ROE para que los exportadores paguen derechos de exportación por adelantado.
Calificarlos de especuladores puede servir para un discurso, para atizar enfrentamientos, pero el problema seguirá latente, porque sus causas son otras: las políticas en curso.
Todo ello es producto de falsos supuestos: son los grandes, destituyentes y devaluacionista quienes presionan. Desconocieron que en todos los sectores sociales se quiere proteger el ahorro y cerrando las pequeñas operatorias minoristas fogonearon la apetencia de esos billetes, agrandando la brecha y ese nivel desmesurado que poco a poco comienza a trasladarse a los precios, que cuando menos promedian entre el oficial y el blue. Cuando, sin que nada de ello se anticipara en la campaña electoral de 2001, impusieron el cepo cambiario, la brecha entre oficial y paralelo era del 5 %; ahora supera el 70 %. Eso es un resultado concreto.
Leí que, en décadas anteriores, en los años en que la brecha superó el 50 %, se registró caída de exportaciones. Nada para sorprenderse ahora, ni en ello ni en la ausencia de inversiones. No puedo creer lo que escucho en los discursos esta tarde: con este proyecto pretenden producir un "shock de inversiones." En abril de 2010 el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, dijo: "Habrá un flujo fuerte de inversiones hacia el sector productivo que permitirá crear puestos de empleo de calidad." Lo hizo promocionando los beneficios de la reapertura del canje de bonos.

Hace un año estatizaron YPF y siguió el descenso de la producción petrolera, como antes la consintieron los representantes del Estado en el directorio de Repsol-YPF. Entonces, puntualicé que era la política económica y energética la que debía modificarse.
Un estudio de un secretario de Energía confirma en estos días aquella advertencia que no todos comprendieron.
Llevamos diez años consecutivos de caída de producción.
Entre 2003 /12, en la Argentina, según registro de la Secretaría de Energía, la producción de gas disminuyó 7,4 % y la producción de petróleo 1,3 %.
En esta década, la producción petrolera se incrementó 44 % en Brasil, 31 % en Ecuador, 25 % en Colombia y 75 % en Perú.
En esta década perdimos la quinta parte de la producción de gas, mientras Perú la multiplicó por seis; Bolivia la aumento 57 %; Colombia la incrementó 56 %; Brasil 49 % y Trinidad Tobago 37%.
En 2002, la Argentina producía la mitad de petróleo que Brasil, ahora apenas la cuarta parte.
El año pasado, la producción de petróleo fue 4 % inferior a 2002 y la de petróleo 25 % menor.
La década kirchnerista, según otras fuentes especializadas en el sector, significó que las producción de gas haya disminuído 26% desde 2004 y sus reservas se redujeron a la mitad de 2011. En la actualidad, las reservas de petróleo alcanzan para nueve años y las de gas para ocho.
Hace 120 meses consecutivos que desciende la producción petrolera y desde 2004 cae la extracción gasífera; todo en el ciclo kirchnerista. La producción petrolera decreció 31,2 % desde 2003, según las fuentes privadas consultadas. Por falta de inversiones para explorar, la productividad de los pozos maduros decae por sobrexplotación.
Los datos oficiales informan que en el primer trimestre la producción de petróleo se redujo 5,1 % respecto de 2012 y la caída en la extracción de gas fue del 7,2 %.
YPF en el primer trimestre, cayó 0,7 % la extracción de petróleo y 3,7 % la de gas. Sus utilidades disminuyeron 2,8% y las acciones de la empresa se desmoronaron 3,36 % ayer. La nafta aumentó su precio más del 60 % en dos años.

La captación de inversiones petrolera en la región, con el barril cerca de los U$S 100 y los bajos rendimientos de las tasas de interés (por debajo del 1%) permitieron esos resultados y la ampliación de reservas de hidrocarburos. Brasil las aumentó 150 %, Colombia y Perú la duplicaron. La Argentina extrajo menos y simultáneamente disminuyó sus reservas de gas 56 % y de petróleo 14 %.

Se paga al productor local el 40 % del precio internacional del barril de petróleo y el 20 % del gas en boca de pozo. Por millón de BTU se paga a los operadores locales U$S 7,5 (hasta hace poco se les pagaba U$S 3); a Bolivia por esa medida se paga U$S 11 y por el GNL que llega a Escobar y Bahía Blanca U$S 15,5.
En la década ganada, se invirtieron en exploración menos de la mitad, en los 80 y los 90, y se consumieron más de U$S 70.000 millones de reservas de hidrocarburos.
La política económica y energética, el ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios y el secretario de Energía son los mismos de entonces; los resultados desastrosos también.
Los subsidios energéticos, en el primer cuatrimestre crecieron 75 % ($ 17.261 millones) respecto del año pasado, alrededor de $ 17.250 millones; el 80 % de los mismos son destinados a Cammesa y ENARSA y significan el 60 % de los subsidios económicos. Los subsidios a Cammesa en el cuatrimestre se incrementaron 105 % ( $9.552 millones) y a ENARSA aumentaron 46 % ($ 4.736 millones). ENARSA recibió en 2011 más de $ 10.400 millones; en 2012 más de $ 19.100 millones. El Tesoro le pagaba una comisión y habría que investigar esa operatoria donde participa YPF, que por su configuración no puede ser controlada. ENARSA explotó sólo un pozo y el año pasado participó con el 0,04 % de la extracción petrolera y el 0,1 % de la explotación nacional de gas.
En 2012, se destinaron $ 27.000 millones a subsidios eléctricos y $ 20.000 millones a subsidios al gas natural. Las empresas eléctricas están en cesación de pagos y los más pobres deben pagar el gas en garrafa sin subsidios.
Los subsidios económicos, que significan el 4 % del PBI, también son regresivos, suman U$S 100.000 millones desde 2003 y más de la mitad fueron a sectores sociales que no debieran recibirlos. El 20 % de mayores ingresos en la pirámide social, recibe el 42,5 % de ellos, el 20 % más pobre, recibe solamente el 6,3 % de esa masa que supera los U$S 20.000 millones
Hace una semana renunció quien fuera presidente de ENARSA desde 2005 y en esa gestión todo es opacidad y conjetural respecto del uso del enorme flujo de divisas y la adquisición de hidrocarburos, cada vez más voluminosa.

En los primeros tres meses la importación de energía había sumado U$S 2.090 millones; un 57 % más que ese tramo del año pasado.
En el primer cuatrimestre, la importación energética fue U$S 3.165 millones, 43 % superior al año 2012. En mayo esa importación significó una erogación de U$S 1.550 millones, lo que suma en cinco meses U$S 4.715 millones, un incremento de 33 % respecto de ese período de 2012.
Se estima que este año se requerirán U$S 13.000 millones y ello significa el 44 % de los ingresos que aportan las exportaciones agrarias; en 2003 las importaciones energéticas consumían el 5,5 % de las exportaciones sojeras.

Los más de 90 barcos proveedores de GNL importado que se prevén para este año (en 2007 llegaron 8 barcos), más el gas boliviano, implican una factura de U$S 12.000 millones a U$S 13.000 millones. U$S 1.000 millones por mes.
El balance energético de 2012 arrojó un déficit de U$S 2.740 millones y para este año se estima un rojo de U$S 7.500/ U$S 9.000 millones. En 2006, el superávit energético fue de U$S 6.000 millones.

En Bolivia, una empresa controlada por YPF ha quedado involucrada en un sobreprecio en su participación en la construcción de una planta industrializadora de gas natural.
Pese al incremento del consumo, la capacidad de refinación del país es igual que en 2003. En abril, la evolución del procesamiento de petróleo disminuyó 8,2 %. Si no se amplían las refinerías, pronto exportaremos crudo para importar combustibles. En el primer cuatrimestre la importación de naftas creció 301 % respecto de ese período de 2012.

No conozco ningún proyecto para una planta que demandaría una inversión de U$S 3.000/4.000 millones.
Aunque ahora frustrada, la eventual compra del 50 % del paquete accionario de la filial argentina de Petrobras me disparó una pregunta ¿ Cómo accedería Cristóbal López a los U$S 900.000 millones en que se estima la operación ? ¿Se los proveería el Banco Central ? ¿ Se blanquearía para luego disponer de los mismos ?
Pasamos de la recuperación de privatizadas con el capitalismo prebendario de amigos, al voluntarismo estatista y ahora a la desnacionalización de la empresa de López que asume residencia en EEUU, como antes el grupo Esquenazi la tuvo en Australia. En estos días parece postergada la operación y precisamente por las dudas que circulan en Brasil respecto de la financiación de ese empresario.
Tengo muy presente lo que no se comenta. La muy promocionada reunión de las presidentas Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff no mereció tan siquiera un comunicada conjunto, pese a las seis horas de duración. En julio termina el convenio con Brasil por el intercambio automotriz y no se sabe cómo continuará. El desencuentro es indisimulable, como la paralización del Mercosur y el rango que alcanza Brasil en el escenario internacional, ratificado en las declaraciones del vicepresidente de EEUU mientras visita ese país en estos días. El retroceso en el Mercosur, contrasta con la promisoria Alianza del Pacífico que en estos días conforman Chile, Perú, México y Colombia, erigiendo a ese bloque en la octava economía mundial. ¿Estamos advirtiendo sobre las mutaciones geopolíticas en curso y preparándonos para sacar provecho de una inserción inteligente que apalanque nuestro desarrollo?
¿Cuál es la política exterior para ese y otros desafíos? Es obvio que el ministro de Relaciones Exteriores también podría explicar cuál será la posición argentina en la próxima reunión de la OEA en Guatemala, respecto de la Relatoría de Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Han transcurrido más de tres meses del apurado trámite en este Congreso para aprobar un memorándum firmado con el gobierno de Irán. ¿Qué paso de los estipulados en ese tratado se han cumplido? ¿Se avanzó en la constitución de la Comisión de la Verdad y cuáles son los notables que presentaremos? ¿Se avanzó en la tramitación del llamado a indagatoria de los sospechados, dos de ellos candidatos a presidente en ese país y otro ministro de Defensa? ¿No cree el ministro de Relaciones Exteriores que debe informarnos? ¿Qué piensan los diputados que votaron con tanto énfasis de esta situación?

Días después de la confiscación de YPF se dijo que había asociados para explotar Vaca Muerta y es más que probable que semejante yacimiento genere mucha expectativa. Ese reservorio es el segundo en el mundo en shale gas y cuarto en shale oil. Equivale a la mitad de las reservas tradicionales de Arabia Saudita y a más de seis veces el PBI argentino.
El volumen y calidad de las inversiones para tales yacimientos y el impacto que supondría, obliga a dar máxima prioridad a esta política, tanto como resolver la cuestión del Club de París para el reequipamiento del sector privado.
En la XXII Conferencia de Energía, organizada en La Jolla, California, por el Instituto de las Américas, quedó expuesto el problema para atraer cuantiosas inversiones a ese foco de atención mundial neuquino. En esa reunión la Argentina fue calificada como el país con más negativo resultado energético en la región, durante esta larga década cuando el barril de crudo escaló de U$S 26 a U$S 96.
Hay que resaltar la falta de confianza, la alteración de pautas claras, la confiscación de empresas y lo impredecible de las decisiones del gobierno.
En ese escenario se retiran las grandes empresas, con capitales y tecnología de punta y crecen grupos de personajes cercanos al poder, sin experiencia en el sector y sin aquellos atributos.
Lejos de cambiar ante el fracaso, se impulsa el blanqueo para energía a tres años, cuando es sabido que ningún proyecto hidrocarburífero puede repagarse en ese tiempo. ¿Es para YPF, o para otros usos, por caso el ministerio conducido por Julio De Vido?
Lamento que en este recinto no podamos preguntarle al ingeniero Miguel Galuccio el porcentaje que recibirá YPF. Le preguntaría sobre la caída del 4,03 % de extracción petrolera en 2012 y el descenso del 3 % en la producción de gas.
En el primer cuatrimestre la extracción de crudo bajó 5,6 % y en gas, la disminución fue de 7,4 % menor. Casi todas las empresas privadas siguieron esa tendencia y Chevron produjo 19 % menos petróleo que en ese período de 2012.
¿Cuál es el objetivo buscado con el pacto hidrocarburífero que se les está planteando a las provincias petroleras? ¿Se descargará en ellas el próximo fracaso respecto de las inversiones y la producción?
En estos días, las noticias fueron un posible acuerdo con Chevron (por ahora para reservar el yacimiento más que para explorarlo), sujeto a un juicio que pesa sobre esa companía (embargo que la procuradora general argentina ha solicitado se levante) y un fallo de la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) que obliga a YPF a pagar U$S 1.630 millones por una indemnización a empresas brasileñas por corte de abastecimientos. La irresuelta indemnización a Repsol traba negociaciones que podrían concretarse en promisorias inversiones. Es imperdonable que ese yacimiento de shale gas, que está modificando el mapa energético mundial, con impacto geoestratégico que impacta en Oriente Medio y Norteamérica, no sea advertido por nuestros gobernantes. Podemos participar de protagonizar la revolución de los hidrocarburos no convencionales que requieren capital y tecnología, pero nos aislamos voluntariamente de ese proceso y mendigamos en la escasez, importando lo que la naturaleza nos regaló en el subsuelo. Casi un crimen socioeconómico y una pesada hipoteca futuro, resultado de la década kirchnerista.
YPF necesita U$S 7.400 millones para invertir y otros U$S 12.000 para importar. ¿Recurrirá a las reservas del BCRA para los aproximadamente U$S 20.000 millones necesarios para este vital insumo básico del país ?
Casualmente, la cuenta petrolera significa la misma cantidad de reservas que se pierden por mes, más de U$S 1.000 millones.
Aquí hay que buscar una de las causas de la sequía de dólares, precisamente en "el trimestre de oro" para nuestro ingreso de divisas de la soja, entre abril y julio.

La producción de acero crudo en abril cayó 8,3 % respecto de marzo y es 10,5 % menor que en abril del año pasado. La metalmecánica se desplomó 7 %.
Las industrias han comenzado a padecer cortes de abastecimiento de gas y con pocos días de bajas temperaturas la restricción afecta al 20% del consumo habitual en unos 300 establecimientos manufactureros. Ese anuncio indica que ese recorte es de más de cinco millones de metros cúbicos. Esto ocurre con una economía que crece al 1% y con la demanda eléctrica en caída (0,04 % menos que el primer cuatrimestre del año pasado.) La generación de electricidad disminuyó 1,4 % en el primer trimestre comparado con 2012, según el INDEC y según el ISE (Indicador Sintético de Energía) la entrega de gas se redujo 1,1 % en ese período.
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Se argumenta que habiendo dólares fuera del sistema, (U$S 40.000 millones dentro del país y U$S 200.000 millones en el exterior, según el equipo económico) hay que darles una oportunidad para exteriorizarlos y volcarlos a movilizar la actividad productiva. ¿ Quiere eso decir que faltan capitales y que la actividad está estancada ? Hace poco decían lo contrario, despreciaban las inversiones privadas y la sustituían por el estatismo.
Lo que no dicen es que U$S 90.000 millones huyeron del modelo kirchnerista (U$S 74.600 millones durante la gestión de la actual Presidenta.) Quiero recordar que los mismos argentinos que sacaron esos capitales, eran los existentes en 2005 cuando el ingreso neto de activos externos fue positivo en U$S 1.206 millones. Algo aconteció con posterioridad para que se invirtiera ese flujo.
¿Ahora regresarán, con la misma política y funcionarios; con menos reservas y más necesidades del Gobierno; confiscaciones de empresas y con la posibilidad que sus derechos están a merced de jueces dependientes del Poder Ejecutivo ? ¿ Y si se aprueban las reformas introducidas por el Poder Ejectivo al proyecto del Código Civil y Comercial, se aplicará la opción de pesificación para las obligaciones en moneda extranjera al cambio oficial, al momento del vencimiento de los bonos?

Muy significativo que se interrumpen inversiones productivas como las de la minera Vale do Río Doce (U$S 6.000 millones) y se intenta atraer dólares que vengan por poco tiempo a blanquearse sin costo y recibiendo intereses. Mayor inequidad imposible, quien quiere ingresar dólar declarados se les aplica un encaje del 15%.

Se argumenta que no se devaluará porque ello causa empobrecimiento. Veamos ese razonamiento al que se llega admitiendo que con patrimonio neto negativo y semejante brecha la realidad les impondrá una corrección de la paridad cambiaria y recomponiendo el stock de reservas pueden llegar a octubre.
El gobierno admite, diciendo la contrario, que está empobreciendo a los que viven de ingresos fijos, trabajadores, jubilados y receptores de planes sociales.
Lo constatamos en la caída del 2% del salario real y en la canasta de los jubilados de $ 4.298, es el doble del haber mínimo ( $ 2.165 ) que reciben cuatro millones de jubilados y 1,3 millones de pensiones no contributivas que reciben aún menos, les cubre el 35 % de la canasta básica mensual.
Como en otras oportunidades, advierto sobre la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Es engañoso hablar del mismo en términos nominales, se trata de compararlo con el gasto previsional. En el último año esa desvalorización fue de más del 11 %.

El Vice Ministro Axel Kicillof sostuvo que la devaluación genera recesión e inflación, y ello es cierto si se modifica esa sola variable que es el precio de todos los precios, artificio que aplicó la convertibilidad desindustrializando y quebrando chacareros, empobreciendo con desocupación y endeudamiento.
Pero entonces ¿ a qué se debe que hace dieciocho meses la economía no crece, que el producto del primer trimestre de este año está al nivel de dos años atrás, que hace tres largos años sin creación de empleo suficiente y la inflación no baja del 20 % anual ? ¿ Se han enterado que en abril la cantidad de cheques rechazados fue un 30% mayor que en marzo ?
Durante años se predicó que el dólar alto promovía el desarrollo y ahora el dólar bajo sirve al mismo objetivo.
El gobierno, devaluó 69 % desde 2007 ( entonces el dólar cotizaba a $ 3,08, ahora a $ 5,24) y 87 % desde 2003 cuando el dólar cotizaba $ 2.88. Además todos los días devalúa y la tendencia indica más del 20 % anual. Por su parte el dólar paralelo se devaluó 100 % desde comienzo de 2011.
Es evidente que existe una devaluación de hecho, porque quien necesita un dólar, no habiendo acceso al oficial, debe recurrir al blue. Ese mercado, que se dice insignificante y que no importa a nadie, precipitó este blanqueo cuando cruzó la barrera de los $ 10 por unidad. Entonces, la Presidenta, tan adepta a la comunicación, con participación en todo evento diariamente, no dijo una palabra y envió esa faena a cinco funcionarios a justificar lo que fue objetado por especialistas, entidades empresarias y toda la oposición. Para atenuar el impacto de esta incesante desvalorización de nuestra moneda, se negoció con vendedores de ese mercado ilegal y se procedió a vender unos U$S 500 millones de títulos dolarizados de la ANSES para hacerlo bajar. Además hubo toma de ganancias, se cerró el contado con liquidación (CCL), las Lebac rinden 16 % y se aumentaron las tasas de interés interbancario para contener la trepada del dólar. Cada vez crece más la sospecha de algunos operadores y cambistas reciben dólares a tipo de cambio oficial para introducirlos en el blue y al tiempo que lo aplacan obtienen un beneficio escandaloso. Se comenta que se venden Bonar 15 para el conocido contado con liquidación. El gobierno y el BCRA deben aclarar y desmentir esta operatoria. Tras el último discurso presidencial, el dólar paralelo volvió a disparase.
El transitorio logro de controlarlo que puede obtenerse, tiene costo fiscal, empobrece el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES y no estabiliza su volatilidad. Las provincias recibirán menos fondos coparticipables del impuesto a los débitos y créditos bancarios y de los impuestos no pagados.
Les recuerdo a los diputados: aquí se extinguen las acciones comerciales, civiles, penal cambiaria y penal tributaria que existieran por deudas del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, del IVA, del Impuesto a las Ganancias, al cheque y sobre Bienes Personales. Eso afecta a las finanzas provinciales que este año tendrán un déficit estimado en $ 25.000 millones.
Estos títulos implican un dólar paralelo oficializado, un virtual desdoblamiento, o sea una devaluación encubierta. ¿Tendremos como piensa el gobierno un dólar 6,7,8: el oficial de $ 6; el CEDIN a $ 7 y el blue a $ 8? Es improbable que se logre, pero entonces lejos de tranquilizar agrava el interrogante ¿qué ajuste salvaje nos espera para después de las elecciones?
Con este blanqueo se exhibe el agotamiento del denominado modelo; faltan dólares para financiar un gasto estructural que crece (el 75 % del mismo es intocable) por encima de la inflación y la emisión está al límite porque crece al 37 % anual.

Hace 21 meses que se pierden reservas del BCRA (más de U$S 14.000 millones) y el excedente comercial (pese al cepo sobre importaciones) es el más bajo desde 2003. Descendió 42 % respecto del primer trimestre 2012. Ese superávit (único ducto de provisión de divisas que nos ha quedado) se achicó también en abril, fue 37,9 % respecto del año pasado y las importaciones aumentaron 32 %.
Para el cuatrimestre se informa que la caída de ese saldo comercial se ubica en el 44 % y que mientras la importación de bienes intermedios apenas creció 2% y de capital 5 % (con cepo a las máquinas y equipos), las importaciones de bienes de consumo aumentaron 12 % (pese al cepo, el atraso cambiario las subsidia.)
Las exportaciones cayeron durante el año pasado y se verifica un descenso de 3% en el primer trimestre. Ingresaron U$S 2.500 millones menos el año pasado y U$S 1.000 millones menos en los primeros tres meses de 2013.
El presupuesto nacional prevé un saldo favorable de U$S 13.000 millones. Todo indica que habría que comenzar a corregir en un monto inferior a U$S 9.000 millones.
El signo antiexportador del kirchnerismo se verifica en la evolución de las ventas externas respecto del PBI. En 2012 representan el 16 % del producto; siete años atrás ese porcentaje era del 22 % del PBI.
La Argentina en la última década fue en la región el país donde las exportaciones crecieron menos.
Los diversos y coloridos ROE y las DJAI son una complicación innecesaria que hacen todo más enrevesado.
En el rubro alimentación, que representa el 25 % del PBI industrial y el 27 % de los puestos laborales industriales, en lo que va del año, las ventas externas cayeron un 20 % Ello afecta a todas las economías regionales, como se puede ver con la caída del 34,8 % de las exportaciones de dulces; el 25,6 % de caída de exportaciones lácteas; 22,9 % en las exportaciones de golosinas; 19,6 % en exportaciones de aceite de oliva; 5,8 % en las exportaciones de vinos; 3,8 % en las exportaciones de la industria pesquera.
En la industria de la carne, la caída de exportaciones del 10,3 % en el primer cuatrimestre (27,7 % cayó en abril) dejó 15.600 obreros despedidos y 126 frigoríficos cerrados.
Ese declive resulta impropio con el capital humano y tecnológico que dispone el país. Hace días se conoció que China importará, desde nuestro país, genética bovina, embriones, reproductores y semen, calificados por sus elevados niveles de calidad.
Atraso cambiario y retenciones que impactan sobre el stock ganadero donde aumentó la faena de hembras que pasó de representar el 39 % del total en el primer cuatrimestre del año pasado a significar el 42,3 % en el mismo tramo de 2013, afectando a la natural fábrica de carne y a la pérdida de mercados de exportación. Pasamos de ser líderes en venta de carne al 11 en el orden mundial y 4º en el Mercosur, después de Brasil, Uruguay y Paraguay. Un informe anticipa que a fin de año seremos superados en ese rubro por Nicaragua.
En 2005 se exportaron 771.000 toneladas de carne; ahora estamos en 182.000 toneladas. Si tomamos la cotización de U$S 5.100 por tonelada de carne, por esa merma se pierden U$S 3.000 millones anuales.
Este año, el sexto consecutivo, incumpliremos nuevamente la cuota Hilton, ya que de las 30.000 toneladas asignadas sólo exportamos la mitad y vence a fin de junio.
La disminución de diez millones de cabezas de ganado, entre 2006/09 significó una pérdida de U$S 7.000 millones ($ 35.000 millones al dólar oficial.) Una fundación destaca que durante las gestiones kirchneristas, cuando el stock ganadero se redujo 20%, la cantidad de animales faenados cayó 32 %; la producción de carne 26 %; la cantidad exportada disminuyó 76 % y el consumo doméstico cayó 20 %. En esa etapa, los precios de los alimentos aumentaron 312 %.
El productor de leche argentino recibe uno de los precios más bajos del mundo, donde se les llegó a aplicar una retención del 50% por tonelada exportada de leche en polvo cuando esta cotizaba a U$S 4.100 por tonelada. En los primeros tres meses de este año, cayó 29 % el volumen de leche en polvo vendida al exterior, comparada con igual período del año pasado.
El kilo vivo de carne vacuna como la leche al tambero se paga al mismo precio que hace tres años, pero en las góndolas se multiplican mes a mes. El kilo de harina se paga $ 2,5 y el kilo de pan $ 18. El pan de manteca cuesta cerca de $ 10; en los 90 costaba $ 1.
La mesa de los argentinos no es protegida por los organismos de competencia y lealtad comercial y los productores son castigados por políticas que tienden a la mayor concentración.
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), seis de cada diez explotaciones agropecuarias en las economías regionales que abarcan horticultura, apilcultura, olivicultura, fruticultura, algodón, azúcar, yerba, lácteos, pesca, lanas y vitivinicultura, (unas 156.000 pymes que dan trabajo a 900.000 personas) están en problemas de rentabilidad. Por cierto también a la metalmecánica, agroindustria, el turismo y a los exportadores de servicios.
Los productores de cítricos reciben $ 0,72 por kilogramo de naranja. Un productor de lechuga recibe menos que hace un año ( $ 0,75 kilogramo), situación que se repite entre los que producen tomate ( $1,5 kilogramo). En la góndola los precios, lejos de bajar, aumentan todas las semanas.
En el trigo, tras la magra cosecha, en vez de terminar en el 23% de retenciones, se constituyó el CEPAGA, un fideicomiso para devolver un 15 %, mecanismo discrecional y opaco que es rechazado por los productores que en casos anteriores nunca recibieron lo prometido. La experiencia en los feedlot, tabacaleros y avicultores y la demora en devolución de IVA (unos $ 11.000 millones retenidos sólo a los productores de granos) y exportadores de granos, muestra una tardanza que llega al año.
Lo que se mantiene inmutable es la política que desalienta. Qué sólo se reponga el 30 % de los nutrientes consumidos por distintos cultivos indica la descapitalización a la que se somete a nuestros privilegiados suelos. Desatender la rentabilidad y los incentivos a la inversión es una mirada cortoplacista que ahuyenta la innovación por los costos que implica.
La ecuación es muy sencilla, según un estudio muy elocuente: el glifosato aumentó 50% desde la cosecha pasada y más del 100 % respecto de la anterior. Los costos en dólares para el cultivo de una hectárea de soja y maíz, pasaron de U$S 169 a 237,9 en un año. Para el trigo y girasol, ese aumento fue de U$S 181 a U$S 219 por hectárea. Un tractor cuesta más del 55 % desde hace dos años. El gasoil aumentó 4 % respecto de 2012 y 50 % desde 2011. Para la invernada ganadera, su costo en un año escaló de U$S 151 a U$S 183. El costo de las vacunas antiaftosa se incrementó 30 % en un año y 70 % desde 2011.

En 2007 se sembraron seis millones de hectáreas de trigo y se cosecharon 16,3 millones de toneladas. La campaña pasada se redujo de 3,1 millones de hectáreas y la cosecha fue de seis millones de toneladas.
La superficie fue similar a un siglo atrás. Sequía hubo, pero el intervencionismo en el mercado continúa aunque acompañe el clima y las lluvias sean oportunas.
El trigo argentino cotiza 20 % por encima del precio internacional. La cotización del trigo disponible supera a la soja disponible en U$S 45 (U$S 383) pero no tenemos saldo exportable. Según el estudio realizado por un ex vicepresidente cordobés de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) la cantidad de trigo disponible para la industria molinera alcanza para cubrir la demanda hasta octubre. Llega a esa impactante conclusión a partir de sumar 1,49 millones que tendrían en su poder los productores y los molinos tendrían 930.000 toneladas, pero la molienda mensual es de 520.000 toneladas. Ese panorama podría cambiar si las compañías exportadoras destinan sus stocks al mercado interno. Los exportadores tendrían 2,3 millones de toneladas, aunque otros dicen que ya vendieron al mercado interno 1,6 millones y les quedan sólo 700.000 toneladas. Por lo pronto no se consiguen semillas y sus precios son muy elevados para la próxima siembra.
En el caso del maíz, si la cosecha alcanza los estimados 24,5 millones de toneladas, con la autorización de exportaciones por U$S 17 millones, como el consumo interno (para aceites, harina, abastecimiento para cerdos y el complejo avícola) demanda 9 millones, estaríamos ante un posible faltante desde octubre en adelante. La Argentina era hasta hace poco el segundo vendedor mundial de ese cereal, ahora Brasil nos relegó al tercer puesto.
Esa oportunidad es otra de las tantas perdidas en esta década desaprovechada.
El trigo duplicó su cotización en estos diez últimos años; el maíz pasó de U$S 110 a U$S 200 la tonelada; la soja de U$S 235 a U$S 550 de estos días; la leche en polvo de U$S 1.800 la tonelada a U$S 5.000 y la carne de la cuota Hilton, de U$S 6.500 la tonelada a U$S 15.000.
Ante la queja, el gobierno promueve la fractura de Coninagro y la separación de ACA, persiguiendo a uno de los dirigentes de la Mesa de Enlace. Eso sí, el año próximo el gobierno destina más de $ 20 millones para organizar Agrópolis, para competir con la Exposición Rural que se realiza en el predio de Palermo desde 1886. Antes, sería muy oportuno que se diluciden las irregularidades denunciadas en los gastos de Tecnópolis edición 2012.
El campo le aportó al Tesoro, desde 2003, sólo en concepto de retenciones U$S 69.000 millones. Desde que asumió el kirchnerismo, el sector agrario y agroindustrial significaron ingresos de exportaciones por más de U$S 255.500 millones.
El sector agropecuario invierte anualmente U$S 65.000 millones (más de $ 320.000 millones) y pese a la exacción fiscal, ni siquiera se les protege de la creciente inseguridad rural con prevención de delitos que padecen los productores de todo el país.
En las ventas de biodiésel, fruto de barreras de la Unión Europea, pero esencialmente por el aumento de retenciones (16,6 % a 24,2 %) y eliminación del reintegro del 2,5 %, nuestras exportaciones se redujeron a la mitad. En el primer trimestre se exportaron 200.000 toneladas. Si tomamos el valor de esas exportaciones, en el primer trimestre 2013 se vendieron por U$S 254 millones, contra U$S 521 millones del primer trimestre de 2012. En 2011 las exportaciones de biodiésel alcanzaron los U$S 2.087 millones.
Además, para el mercado interno se les bajó el precio ($ 5.440 a $ 4.405 por tonelada) causando quebranto y cierres de pymes que agregaban valor a la cadena, una consigna repetida por la presidenta.
Parece que se prefieren las exportaciones de aceite por sobre las de biodiésel.
En 2012, el aceite nacional cotizaba U$S 30 por sobre el precio de Chicago; en mayo de este año cotiza U$S 115 por debajo. Las retenciones de soja están en 35 % y las de aceite 32%.

Un productor debe liquidar a 5,20 menos retenciones. A un evasor o lavador le reconocen el dólar real. Un productor agropecuario recibe poco más de $ 3,30 por dólar, un lavador, en el peor de los casos, recibirá un dólar de $ 7,5.
Aquí se puede encontrar otra causa de la escasez de dólares.
La pérdida de competitividad por la inflación y la brecha cambiaria por el cepo y las expectativas destruyeron el pilar del superávit comercial y de la balanza de pagos.
Es lamentable que ello ocurra en un superciclo de precios para las materias primas que puede morigerarse o variar por varios motivos: salida de fondos especulativos, desaceleración de demanda, pese a la presencia de China o supercosechas. EEUU puede dejar de imprimir dólares y aumentar las tasas de interés. Europa relajar su criterio para reimpulsar la actividad y todo ello significará menores precios de las commodities. Hay quienes prevén, para el año próximo, un rango de U$S 450 a U$S 550 para la soja. Tengamos presente que el ingreso fiscal por ese cultivo, este año estará en más de $ 39.000 millones, más del 4 % del total recaudado, para advertir el impacto que esas variaciones tienen sobre nuestras finanzas públicas.

Pese a que el director de la ANSES haya asegurado que: "El tipo de cambio sigue siendo competitivo. Lo midas como lo midas y sin considerar los avances de competitividad que ha habido en los últimos años," la realidad señala lo contrario. Sin tomar como referencia la evolución de costos y precios internos o la comparación con EEUU, el tipo de cambio real con México y Chile se debería ubicar en $ 8 y con Brasil en 7,48. Con lo que sucede en la frontera con Paraguay se puede advertir los efectos de la distorsión del tipo de cambio y el paralelo.
Desde hace cuatro años, la cantidad de brasileños que hacen turismo en el exterior se multiplicó por dos, pero cada vez vienen menos a nuestro país.
Veamos cómo detona ello en la balanza turística. El año pasado los gastos de turismo de argentinos al exterior fueron de U$S 7.610 millones, un 53 % mayor que en 2011. En el primer trimestre ese gasto fue de U$S 2.800 millones, un 67 % mayor que en igual período de 2012.
En abril el déficit de esa balanza fue $ 88,7 millones; el año pasado el rojo en igual mes fue de $ 40,3 millones. Este aumento de 120 % del déficit entre turismo receptivo y emisivo. En marzo el rojo había sido $ 62,2 millones. En abril se recibieron 18,3 % menos turistas que en ese mes de 2012.
Los gastos con tarjeta de argentinos en el exterior crecieron 75 % en 2012 respecto del año anterior y hasta febrero, en el año la suba alcanzó el 80 %. Por su parte los ingresos de turistas extranjeros en el país, hasta marzo fue un 35 % inferior al primer trimestre de 2012.
Se dice que la crisis internacional causa estos estragos. Es probable, pero en 2012, Chile recibió 14 % más turistas que en 2011; Perú incrementó esas visitas un 9 %; Brasil 4,8 % y Colombia 2 %.
Según el Índice de Competitividad Global (ICG), confeccionado por el World Economic Forum (WEF), estamos en el lugar 94 (nueve escalones más abajo que en 2009). Arriba de la Argentina están Chile, Panamá, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Es evidente que son los desajustes de nuestra macroeconomía los que generan esa situación.
La Escuela de Negocios suiza IMPD, en su índice de competitividad, que elabora desde 1985, ubica a la Argentina en el lugar 59 sobre 60 países relevados. La Argentina estaba en el sitio 28 en 1997 y en 55 lugar el año pasado. En el rubro "eficiencia del gobierno" descendimos del lugar 57 del año pasado al 59; en "desempeño de la economía" del 50 al 55; en "eficiencia de los negocios" del 50 al 54 lugar y en "infraestructura" del puesto 46 al 53. Sólo está debajo de nosotros Venezuela, país al que nuestro gobierno pretende que nos asemejemos cada vez más.
En marzo las acciones en la Bolsa perdieron el 20 % de su valor y ello ilumina el clima de negocios y la ausencia de ese mercado de financiamiento de empresas.
La capitalización bursátil argentina equivale al 14 % del PBI; en Perú representa el 54 %; en Colombia el 63 %; en Brasil el 78 % y en Chile el 144 %. En Venezuela representa el 1 % del PBI.

En esta década el país perdió productividad y ello complicó la competitividad efectiva.
Un estudio reciente concluye que la ganancia de productividad promedio de la Argentina no llegó al 0,5 % anual, menos de la mitad de lo alcanzado en la década de los 90. El trabajo mide el crecimiento promedio desde mediados de los 90 y demuestra que la Argentina creció al 2,3 %, por debajo del promedio latinoamericano del 3 %. Si se toma el piso de 2001, el crecimiento argentino es cercano al 6% y el regional muy similar, sin inflación.
Destaca que ese crecimiento, se basó más en utilización de factores ociosos que en ganancias de productividad. Duró hasta que ocupó la capacidad instalada y el ejército de desocupados con bajo costo laboral por la brutal devaluación. Luego hizo falta inversión de calidad con innovación y recapacitación laboral para pegar el salto cualitativo aprovechando el viento externo favorable. No se hizo y vino el ciclo de mediocre crecimiento, puja entre Estado y particulares por la hipotética renta. Se da la paradoja de que los salarios de la mayor parte de nuestros trabajadores no alcanza para llegar a fin de mes y sin embargo el costo laboral es muy elevado en dólares. Un estudio de una prestigiosa fundación señala que, en la década, el costo laboral industrial en dólares, corregido por productividad es 47,9 % más alto que en 1997. Si se toma base 100 en ese año, en 2002 ese costo era 26; en 2008 escaló a 91,7 % y actualmente es 147,9; un 33,6 % por encima del costo de salario industrial formal de Brasil. Esta es otra de las distorsiones de la desvalorización del peso y de no gobernar con un programa consistente que tenga como objetivo atraer capitales a los sectores más dinámicos y eslabonar a grandes, pequeñas y medianas empresas, abriendo espacios a los emprendedores y ocupando a nuestros creativos talentos que salen de las universidades.
El ecosistema de emprendedores ocupa a 50.000 personas en nuestro país y puede multiplicarse si los incentivos y las políticas los apuntalan, con premios a los riesgos y continuidad en las reglas de juego.
La productividad es dependiente del volumen, calidad y dirección de las inversiones privadas, porque de lo contrario se consigue a partir de precarización y menor retribución al trabajo.
En esta década, se ahuyentó la inversión privada y se gastó la inversión pública sin un plan estratégico.

En el caso del colapsado sistema de transporte el incremento en el cuatrimestre fue del 8,7 % ($ 7.125 millones). Desde 2002, el costo de transporte y servicios de logística crecieron 1.100 % y las distorsiones que se producen en las economías regionales achican los márgenes de utilidad. En la zona núcleo ese costo redujo las ganancias más del 40 % en la década y para el Noroeste un 80 %. Ese costo significa el 16 % del valor FOB de productos exportados desde provincias del Norte. La distorsión impactó en el costo de transporte y logística. El flete de carga de Salta al puerto de Rosario es similar al costo de Rosario a Turquía.

Un estatismo bobo, ineficiente y muy costoso.
El déficit fiscal del año pasado fue el doble que en 2011 y este año, después del pago de intereses, se aproxima al 4 % del PBI.
Se derrumbó otro de los pilares del modelo, el superávit fiscal. Pasó de 2,6/3 % en 2003/2004, a un déficit entre Nación y provincias del 4 % al 4,5 % del PBI.
Este año el déficit fiscal real, con las provincias) estará entre $ 102.000 millones y $ 120.000 millones.
Si BCRA y ANSES aportan $ 35.000 millones, estaría en un piso de $ 67.000 millones, un 20 % más elevado que en 2012.
Entre 2012/13 el déficit primario creció de $ 4.400 millones a $ 22.000 millones, un 400 % y el resultado financiero negativo estimado pasa de $ 31.500 millones a $ 58.000 millones.
En marzo del corriente año, el superávit primario (ingresos y egresos previo al pago de deuda) fue de $ 483,3 millones, 48, 4 % más chico que en ese mes de 2012. El resultado de este año, sería similar a los de los años 80 y 1996. En abril los ingresos fiscales fueron producto del aumento del 96 % del IVA-Aduana-DGI y de más del 100 % de las retenciones a las exportaciones y ganancias aduanas. El impuesto a las importaciones, con gran incidencia de automóviles de alta gama, fue determinante en esa suba de ingresos y muestra la falacia discursiva de la sustitución virtuosa de importaciones.
En el primer trimestre, ese rojo, sin aportes del BCRA y la ANSES fue de $ 15.134 millones, 75,7 % mayor que en igual tramo de 2012.
Otro dato, el déficit financiero, en marzo, fue de $ 3.577,7 millones (49,6 % mayor que en marzo 2012) , pero si agregamos $ 6.369,7 millones que el Tesoro recibió de la ANSES, BCRA, Lotería Nacional, el Pami, el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas y hasta de la subsidiada Cammesa, estaría cerca de los $ 10.000 millones, un 73,9 % por encima de marzo 2012.)
En marzo (tomo este mes porque el Ministerio de Economía recién las difunde con más de un mes de atraso), el déficit de las empresas públicas creció 190 % (de $ 271 millones de marzo 2012 a $ 787 millones este año.)
En el primer cuatrimestre los fondos destinados a las empresas públicas fueron de $ 3.420 millones, un 141 % mayor que el año pasado. Los subsidios al transporte suman en ese tramo $ 7.124 millones, un 8,7 % superior a 2012. AySA receptó $ 2.000 millones, 125 % más que en el primer cuatrimestre del año pasado. AR-STA (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales) recibió $ 964 millones, un 268 % más que 2012. Aerolíneas Argentinas recibió $ 13.111 millones) un 22 % más que en los cuatro primeros meses del año pasado.
Brasil anunció que invertirá U$S 25.000 millones para modernizar 34 puertos estatales con sus terminales y 129 puertos mixtos porque los considera una prioridad estratégica para su competitividad. No conozco ningún proyecto en materia de puertos, rutas y caminos en el país, donde no hay nuevas obras, los peajes aumentan y los subsidios también.
En marzo de 2013, los gastos de capital, infraestructura y obra pública crecieron sólo al 10,8 % y la inversión real directa pública creció 6,5 %, en ambos casos entre la mitad y un tercio de la inflación, o sea hubo desinversión.
Hace cinco años el monto destinado a subsidios era semejante a la inversión pública ( poco más de $ 16.000 millones); el año pasado los subsidios duplicaron la inversión, ( $ 44.000 millones- $ 99.000 millones.)
Los subsidios impactan fuerte; ya significan el 4 % del PBI y triplican la inversión pública real. Según la consultora vinculada al primer ministro de Economía kirchnerista, ese monto alcanzará este año la cifra de $ 130.000 millones, 5% del PBI del año pasado.
La actualización del retraso tarifario es una bomba de tiempo por su impacto en el bolsillo de quienes menos tienen. Los subsidios al transporte y la energía crecieron 76 % en el primer cuatrimestre. Desentrañar esa madeja, de manera selectiva y paulatina requiere focalizar beneficiarios y un plan integral que articule salarios, créditos, impuestos y tipo de cambio.

¿Si no hay pobreza, por qué mantener congeladas las tarifas, por qué los subsidios, por qué los miles de planes sociales, por qué este nuevo congelamiento de precios para 500 artículos (sobre más de 30.000) si por otra parte no hay inflación, dado que el INDEC informa del 2,4 % en la canasta básica desde enero a la fecha? ¿Por qué carne para todos, milanesas para todos, merluza para todos, bicicletas para todos y ahora ropa para todos, si la pobreza sólo es del 5,4 % como mide el INDEC y la indigencia es del 1%? ¿Si no hay inflación para qué enviar batallones de militantes políticos a controlar 200.000 bocas de expendio, almacenes y supermercados, que por otra parte no tienen listados y a quienes ahora se libera de productos esenciales? ¿Por qué sólo se incluyen 40 productos imprescindibles entre los 500 con precios congelados, apenas el 20% de los cien productos más consumidos en la canasta familiar? ¿Se toma conciencia de lo que puede suceder con esta vigilancia política? ¿El Estado no tiene estructura profesional para hacerlo y cuál es la resolución firmada respaldatoria para aplicar multas? ¿Por qué no se constituyó el Tribunal de la Competencia y se suspendió el trabajo de Asociaciones de Consumidores? ¿Qué resultado efectivo puede tener además del amedrentamiento y el encono que puede suscitarse? ¿Creen que aparecerán los productos o habrá desabastecimiento, límites de compra y maniobras sobre cantidad y calidad? ¿No se aprende que desde hace 3.800 años todos estos intentos, ensayados en distintas civilizaciones, fueron fallidos y que con esa controlmanía se agrava la situación de los que menos tienen? ¿Los funcionarios han tomado nota del incremento del endeudamiento de los usuarios de tarjetas de crédito? Ahora se terminan los descuentos del 10/20 % que los bancos otorgaban desde 2002 para electrodomésticos y grandes superficies comerciales ofrecían con planes de cuotas a dos años y se promoverán denuncias por precios o faltantes de productos. ¿No se enteran de lo que está pasando en Venezuela con los productos de consumo masivo y las milicias bolivarianas?
Una vez más se descarga la responsabilidad sobre los empresarios de un problema generado por la inviabilidad de incentivar artificialmente el consumo sin atender la producción y oferta de bienes. ¿Acaso en los años anteriores a 2007, los empresarios eran otros ? ¿Por qué entonces no había inflación ? ¿Cómo es posible que para desligarse de ese problema el oficialismo diga que "hay una cultura empresarial que roza lo delictivo" al mismo tiempo que pacta con los supermercados precios y que se sostenga que con estos aprietes autoritarios, englobados en el eslogan Mirar para Cuidar, "vamos a eliminar las expectativas inflacionarias" y dinamizar la economía con más consumo, más producción y más empleo."
Aunque parezca mentira, tal como se hiciera durante la convertibilidad, otra vez se pretende atacar la inflación, por desórdenes macroeconómicos groseros, con apertura. Ello se está verificando en los supermercados con calzados y alimentos, aceites y botines que crecieron en la importación entre un 20% y un 100 %.
Es evidente que al kirchnerismo no le interesa aumentar la producción ni defender el bolsillo de los consumidores; sólo le preocupa el impacto mediático de los números de inflación y su repercusión en las encuestas que deterioran la imagen del gobierno y la presidenta cuyo desmejoramiento se vincula a ese flagelo, a la rampante inseguridad y al derrame de casos de corrupción que se suceden.
Si tuvieran un compromiso serio para abatir la inflación, qué sólo padecen Sudán, Bielorrusia, Venezuela y un puñado ínfimo de países, estaríamos haciendo otras cosas y no repitiendo ensayados fracasos.

Con una asfixiante presión impositiva que grava a la producción registrada, la recaudación creció en la década un 10 % del PBI y en marzo los ingresos aumentaron 21 %.
El diputado Roberto Feletti exhibe orgullosamente que la presión impositiva era 19,9 % del PBI en 2002 y el kirchnerismo la llevó al 36,7 % en 2012. Increíble que no se pondere cuánto se perdió por ello en reinversión de utilidades, cuánto se ahuyentó en nuevas inversiones y que hayamos entrado en déficit y ahogo fiscal. Casi una confesión de la mala praxis.
Pero el gasto público (especialmente destinado a subsidios económicos) creció 13 % del PBI y en marzo, respecto de 2002 creció 23 %.
El gasto consolidado con las provincias es de U$S 250.000 millones. En los 90, el gasto era de U$S 90.000 millones; era el Estado ausente, la prédica de que Estado chico agranda la nación y otros conceptos que desarticularon nuestra geografía productiva, nuestra soberanía para autodeterminar nuestros objetivos y desgarraron el tejido social. Otro bandazo del péndulo. Ahora, crece el gobierno y se degrada el Estado, colonizado por una agrupación política sectaria que abusa del usufructo de la administración para acumular poder y recursos, para disciplinar al borde de la extorsión, configurando una corporación temible en vez de constituirse en un confiable y razonable arbitrador entre intereses en pugna. Para esto hace falta la idoneidad de una calificada y bien retribuida meritocracia. Para el ahora denominado cristinismo vale la militancia acrítica y aplaudidora que no rinde cuentas de sus actos ni resultados de su gestión. Ello no es nuevo, pero es indudable que se agrava en estos años, como si con ello el Estado recuperara su eficiencia por estar al servicio de una facción, para rentar sus actividades políticas.
Uno de los grandes desafíos a futuro es reconstruir el Estado sobre parámetros de calidad profesional y prestacional, que tenga aptitud para ejecutar políticas. El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y su tamaño el necesario para cumplir sus funciones, que pueda ser financiado sin estrangular a los contribuyentes.

El modelo de la inclusión y la redistribución del ingreso contrasta con esta realidad y dispara el interrogante sobre el uso del gasto público que pasó de representar el 22 % del PBI al 43 % (lo duplicó), en estos días años donde el producto se multiplicó por tres. Su ineficiencia gestionaria es notable. El caso más lamentable es el desaprovechamiento del presupuesto educativo. En los 80 representaba el 2 % del PBI; en los 90 el doble (4%) y ahora el 6 %. En el primer trimestre del año, sólo se lleva ejecutada el 10 % de la partida presupuestaria del Programa Más Escuelas Mejor Educación.
¿Por qué no se cumple la cantidad de días de clase y decrece la calidad del aprendizaje? ¿No tendría el ministro de Educación que explicar al país y buscar la cooperación de todos para revertir esta catástrofe social? ¿Por qué mientras se declama sobre la escuela pública crece el pasaje de alumnos de ese sector hacia la educación de gestión privada, incluso en familias de escasos recursos?
El 38 % de los niños de 3 a 4 años no accede a las salitas de educación inicial.
Entre 2004/10, el 17 % de los nuevos alumnos que se matricularon fueron a la escuela pública y el 83 % lo hicieron en las escuelas de gestión privada. Otra investigación señala que entre 2003/10 la cantidad de alumnos en el primer grado se redujo en 70.000 casos, uno de cada diez se trasladaron al sistema privado donde esa primera inscripción creció más del 20%. El 50 % de los alumnos del ciclo secundario no terminan sus estudios y la mitad de quienes se reciben no comprenden lo que lee.
Si observamos el porcentaje de escolarización en la franja de 12 a 24 años (61,7 %), es similar a la existente en 2001/2003.
Si observamos la performance en el sistema universitario, los datos alarman y deben ocuparnos. Solamente el 27 % de los ingresados se gradúan. Mientras en las universidades privadas se reciben el 40 % en las universidades estatales esa cifra desciende al 23 %. Ello merece atención por los recursos humanos y económicos que se desaprovechan y por las desventajas que se proyectan sobre el futuro del país. En Japón, de cada 100 estudiantes ingresados se gradúan 91; en Inglaterra 79; en Francia 67; en México 61; en Chile 59 y en Brasil 50.
El informe de un centro de estudios señala que en Brasil, por cada millar de habitantes, se reciben 4,3; en la Argentina esa cantidad baja a 2,5. Por cada graduado en ingeniería se reciben cinco en ciencias sociales.
Se trata de vincular a la universidad y todos los estudios terciarios al modelo de país y contribuir a su desarrollo aportando en conocimiento para optimizar los procesos productivos. Esa alianza orientará la dirección de los programas de estudio y capacitación y acercarán la ciencia y tecnología a las empresas de todo tamaño, en todo el territorio y para todas las ramas productivas. Allí está la clave de la productividad global y de no perder la carrera con los pueblos que la encaran con denuedo, corrigiendo y actualizando metas conforme con las necesidades nacionales y atento a lo que acontece en la aldea global. Trabajar en conjunto con la comunidad educativa para buscar la excelencia con mejoría continua de profesores y alumnos y orientarlos vocacionalmente es un imperativo urgente.
La Argentina se ubica en el sitio 65, uno de los escalones más bajos cuando se mide la desigualdad en la educación.

El gasto público consolidado, nacional, provincial, municipal y de obras sociales, pasó de representar el 28 % del PBI al 51 %, cuando todo indica que por no es posible financiarlo por encima del 30 %.
El gasto público representa en Perú el 19 % del PBI; en Chile el 23,9 %; en Colombia el 26,5 % y en Brasil el 37,2 %.
Sólo la décima parte del fenomenal aumento del gasto público verificado desde 2003 se destinó a inversiones de capital y menos del 7 % de ese aumento se destina a educación, ciencia y tecnología.
Este año se destinan $ 100.000 millones a empresas públicas y prestadoras de servicios y $ 40.000 millones a subsidios sociales para contener la pobreza. El 26 % de la población está inmerso en pobreza estructural y el 38 % en la informalidad laboral.

La inflación del 24/26 % seguirá condenando a compatriotas a la pobreza y la indigencia. En seis años, el valor de nuestra moneda se redujo a su quinta parte.
Desde diciembre del año pasado a abril 2013 el peso se desvalorizó 25% en el mercado paralelo donde pasó de cotizar 15 centavos de dólar por cada peso a 11 centavos.
Ese es el problema que hay que atacar, efecto por cierto de la falta de inversiones.
Desde enero de 2007, cuando se intervino el INDEC, los precios según ese otrora prestigioso instituto aumentaron 73,9 %; según las provincias que miden precios, registran un aumento de los mismos de 263 %. Si tomamos la década kirchnerista, la inflación que se acumuló fue de más de 280 %. En tanto, el acumulado de ese período en Chile fue del 34 % y en Perú 29 %.
Para la caja del kirchnerismo este impuesto injusto significará este año una recaudación de más de $ 100.000 millones y el 14 % de los ingresos netos de coparticipación y cerca del 3 % del PBI. Según una consultora, cuando asumió la actual presidenta, por ese impuesto inflacionario ingresaron $ 18.100 millones. Al año pasado le significó un ingreso de $ 74.880 millones. Ese incremento recaudatorio por ese mecanismo, del cerca del 34 %, se parece mucho al aumento de la emisión del Banco Central.
Yo recuerdo el discurso inaugural del presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa en 2003 cuando habló de equidad fiscal y vinculó la emisión con la inflación. ¿Se acuerdan colegas diputados?
En el primer cuatrimestre la emisión creció 36 % y el oficialismo lo hace creyendo que con ello estimula el consumo y el crédito, pero manipula las mediciones que reflejan ese espejismo.
Esta falsificación distorsiona índices como el de pobreza y crecimiento. En el primer caso esconde la cantidad de pobres que oculta el proyecto kirchnerista. En el último genera una pérdida por sobrestimar el crecimiento porque impacta en el pago del cupón atado al PBI. Una denuncia de colegas diputados estima que de los U$S 9.920 millones pagados por ese bono, se pagaron U$S 1.000 millones de más por esa maniobra que sobrestimó en 3 puntos del PBI. La denuncia por malversación de fondos públicos y defraudación contra la Administración Pública, agrega que para cometer ese ilícito destinado a la propaganda oficial con estadísticas falsas, el INDEC gastó $ 2.000 millones.
Lamento mucho que de las diez provincias siete hayan delegado en este INDEC el procesamiento de sus indicadores de precios. Otro baldón para el federalismo.
La subsecretaria de Comercio, María Lucila Colombo, lo admitió el lunes cuando dijo que esas estadísticas no sirven para medir la inflación, para hacer compras ni para negociar paritarias. ¿Entonces para qué sirven si no para el relato mentiroso?

Las improvisaciones y la nula confiabilidad del equipo gobernante expuesta también ante este Congreso originan problemas que no padecen los países de la región.
En el pasado la Argentina recibía la mitad de la inversión directa extranjera que llegaba a América Latina, ahora recibe menos del 2%. En 2011 recibimos IED por U$s3.976 millones.
En 2012 este monto fue superior, (el 8,7 %, según la CEPAL) no por llegada de capitales sino por el cepo a la remisión de utilidades. Más del 70 % de lo que en estos días se computa como IED, son reinversión de utilidades a la fuerza, traspaso de manos de empresas y pymes y adquisición de edificios para resguardo de valor de ganancias de las filiales, pero ningún proyecto nuevo o ampliación ha sido puesto en marcha ni anunciado.
El informe de la CEPAL, donde se calcula un ingreso de U$S 12.551 millones de IED a la Argentina en 2012, también destaca que sólo ingresaron U$S 3.354 millones en concepto de aportes de capital. Ese aporte de capital, en la Argentina significó el 25 % del total de IED, en Colombia representó el 60 % y en Brasil el 81 %. En este último país, en 2012 ingresaron U$S 65.000 millones, tanto que valoriza inconvenientemente su moneda. Por ello y la pérdida de productividad por insuficiencia de sus inversiones, Brasil está devaluando su moneda con mayor velocidad y el real se ubica a 2,14 por dólar, la cotización más baja desde 2009. Otro tema a tener en cuenta porque gran parte de los 800.000 automóviles que se producirán este año tendrán ese destino. Por ahora, la reducción del comercio entre Brasil y la Argentina es del 22 %. En mayo, por segundo mes consecutivo creció el déficit comercial con Brasil (U$S 329 millones), un rojo 36 % mayor respecto de mayo del año pasado.
Otro Instituto que sigue esa evolución concluye que el monto real ingresado de IED en 2012 fue de U$S 3.700 millones, menos del 1 % del PBI. Ese porcentaje, IED sobre PBI, en Chile fue del 11,6 %; en Perú 6,1 % y en Colombia 4,3.
Un economista muy respetado escribió en estos días que los plazos fijos de grandes montos crecen al 60/70% anual y precisa que ello es porque las utilidades que las multinacionales no pueden remitir al exterior, tampoco van a reinversiones, sino que se acumulan en depósitos cuya tasa de interés es superior a la devaluación. Ello implica un riesgo porque si van a bienes impactaría en precios y muestran su volatilidad porque donde encuentren cómo, entonces fugarán.
Mientras tanto Chile receptó en el primer trimestre un 87 % más de IED que en ese tramo de 2012 (U$S 9.113 millones contra U$S 4.870 millones) En 2012, Chile recibió U$S 30.000 millones. En estos diez años, México recibió U$S 245.000 millones de IED, a razón de 22.000 por año, el 75 % con destino a la industria.
En 2011, Brasil recibió U$S 66.000 millones de IED, México U$S 19.400 millones; Chile U$S 17.299 millones; Colombia U$S 13.200 millones y Perú U$S 7.650 millones. La Argentina receptó U$S 7.423 millones; el sexto lugar.
En los primeros tres meses de 2013 (con las salvedades antemencionadas), el ingreso de IED fue de U$S 651 millones, 37 % inferior a ese tramo del año pasado.
El presidente de Uruguay declaró que ese país "está embuchando de dólares, atorado" y mientras los argentinos llegan en barcos para extraer dólares de los cajeros de Colonia en Uruguay.
En el primer trimestre las extracciones en efectivo con tarjeta redondearon U$S 120 millones. En 2012, los retiros de dólares con tarjeta era inferior a $ 30 millones, para 2013 se estima que se retirarán U$S 1.000 millones.
Se dice que tenemos esa manía por nuestra historia y ello es cierto, pero a ese razonamiento hay que agregar el dato que desde 2002 hasta 2006 la ciudadanía usaba el peso, no compraba dólares y no había fuga, legal ni ilegal. Entonces se pensaba en poner ciertos límites al ingreso de dólares golondrinas.
Uruguay estudia medidas para que no ingresen más dólares porque genera una revaluación inconveniente del peso uruguayo.

El problema está en la creación de riqueza, en la oferta de bienes, en la creación de empleo privado registrado (que cayó 0,1 % en el primer trimestre y si tomamos las horas trabajadas en la industria, esa disminución alcanzó el 4 %.)
En el primer cuatrimestre, según el INDEC, la desocupación alcanza el 7,9 % de la población (0,9 % más que hace un años) y la subocupación escala al 8 %, o sea el 15,9 % (2.800.000 personas) con graves problemas de empleo.
De la creación de empleo genuino, llegamos al primer trimestre cuando se destruyeron 255.000 puestos laborales privados. Eso verifica el agotamiento de las políticas y parches, aunque el ministro de Economía diga que: "no estamos perdiendo empleo," tan agraviante como el "me río mucho cada vez que veo la cotización del dólar." Lamento profundamente que ante lo que sufren y padecen millones de compatriotas, la presidenta haya recomendado reírse para no arrugar el rostro. Es demasiado, casi ofensivo.
En América Latina, según la CEPAL, el desempleo promedio descendió 0,3 %.
Durante 2011 la creación de empleo ya mostraba un perfil que luego se profundizó. El 45 % de los empleos que se crearon ese año fueron empleos públicos y el 6 % fueron privados en blanco. El 21 % fueron personal doméstico, el 17 % cuentapropista y el 17 % trabajo precario, informal.
Actualmente el 23,3 % de los asalariados son dependientes del Estado. Más del 70 % de los afiliados a la Asociación Trabajadores de Estado, que trabajan en administraciones provinciales y municipales, cobran menos del salario mínimo de $ 2.875, aunque el promedio lo duplica si trabajan en la administración central.
Entre los jóvenes de 18 a 25 años, como señalé, el 19,8 % no estudian ni trabajan. Según el Observatorio de la UCA esa cantidad llega al 21,8 %. Una investigación comparó esa situación juvenil; entre 2003/2012 creció 2 %. En Brasil ese porcentaje denominado "ni-ni" abarca al 12,9 % de ese segmento etario.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que crecimiento y empleo no se cruzan. O sea están desvinculados uno del otro. Si lo fuera, demuestra que este patrón productivo no crea empleo acorde con el crecimiento. ¿Y la inclusión? ¿En qué manos está el timón de nuestra economía y quien coordina las distintas áreas de la economía y finanzas del país?
En este segundo período de la presidenta Fernández de Kirchner, el promedio de creación anual de nuevos puestos de trabajo del sector privado formal, no alcanza a cubrir el 40 % de la demanda laboral.
En 2003, el empleo privado creció 9,1 %; en 2004: 6,2%; en 2005: 3,1 %; en 2006: 3,8 %. Desde 2007 en adelante la tasa de creación de empleo privado nunca alcanzó el 1 % anual.
Para bajar un punto la desocupación, necesitamos una tasa de inversión superior al 26 % del PBI para sostener un crecimiento del 4/5 % sostenidamente. Ese umbral consistente es el piso necesario para crear el empleo necesario. Estamos en el 20%, pero la inversión privada se ubica en 16,7 % del PBI (en 2007 era de 20,9 %) y los menos de 4 % de inversión pública se destinan sin planificación estratégica.
Ahora se anuncia la creación de Eanarse, empresa estatal para el control aéreo. Es paradójica esta nueva empresa para la burocracia camporista cuando no se radariza el territorio ni las fronteras y todo escándalo parece vehiculizarse en vuelos privados. ¿Alguien está analizando la vulnerabilidad estratégica de este desarticulado sistema de radarización, tan precario como promocionado en la frontera norte? ¿Alguna vez tendremos que tratar en este Congreso alguna ley para la detección, disuasión y represión de estas actividades criminales que demandan equipamiento tecnológico y entrenamiento de personal? El tiempo perdido en esa materia acarrea costos sociales muy penosos.
Visibles son los resultados de la administración de Aerolíneas Argentinas y las medidas arbitrarios de Intercargo para ahuyentar del país a la empresa LAN, que opera el 30% del mercado aerocomercial, responsable de 14 vuelos diarios desde Ezeiza y 27 vuelos diarios desde Aeroparque. En el transporte público de pasajeros, a la montaña de subsidios le corresponde una flota envejecida y paros como el que se anuncia para esta semana y que perjudicará a los compatriotas que más lo necesitan.

El gasto público representa como mínimo el 37 % del PBI, pero sólo el 8 % se destina a obras.
La percepción impositiva es tan regresiva como que casi la mitad se nutre del IVA ( $ 250.000 millones) y la Seguridad Social ($ 230.000 millones). A esto hay que agregar los distorsivos impuesto al cheque y derechos de exportación que suman unos $ 130.000 millones y el Impuesto inflacionario, que no se coparticipa y degrada el ingreso de las familias, mediante el cual el gobierno nacional se apoderó de otros $ 75.000 millones el año pasado.
La presidenta dijo el miércoles pasado que no aumenta impuestos, ¿y éste, que es ineludible no cuenta a la hora de verificar los pesos en cada familia? ¿La demora en actualizar el mínimo no imponible de ganancias y bienes personales no es un incremento para el contribuyente?
Es muy probable que pronto se traiga a esta Cámara otra prórroga del impuesto al cheque, mediante el cual el tesoro nacional capturó $ 37.431 millones (el 85 % de los recaudado) y distribuyó sólo el 15 %, unos $ 6.590 entre las 24 provincias.
Esa ley debe ser tema de campaña, evitando su prórroga para verificar quiénes defienden los intereses de sus distritos y quiénes se someten al centralismo. Ese criterio debe también regir para considerar la Ley de Emergencia Económica. El rojo de las cuentas públicas y la caja para disciplinar partidariamente distorsionan el sistema político y lastiman severamente a las instituciones que regulan la convivencia armónica.

Ante esa situación, se rompe toda equidad con este blanqueo para percibir impuestos de los evasores, para recomponer las reservas que se pierden en un par de meses, les paga un interés por esa conducta antisocial.
Ante ello, el supuesto incentivo al consumo arroja una inflación de dos dígitos desde hace siete años, en una región donde Brasil tiene una inflación cinco veces menor y Chile diez veces inferior.
Las ventas minoristas cayeron 7,1 % en mayo (la mayor caída en diez meses) y en abril los shopping tuvieron una disminución de ventas del 3,1 % respecto de ese mes del año pasado. La facturación de los grandes supermercados en abril, fue 7,6 % inferior a marzo. Las ventas de las pymes, según la Fundación Observatorio Pymes, cayó 3,1 % en el primer trimestre comparado con el último trimestre del año pasado.
El IVA-DGI que refleja el consumo interno creció enero/abril al 13,6 %, la mitad de la inflación y allí no hay evasión, hay retracción porque con absurdos controles, sin listados de referencia, los precios se mueven más que los ingresos.
Por supuesto, ello es negado hasta el ridículo a partir de la falsificación de las estadísticas oficiales y el cepo publicitario para que los supermercados informen sus precios de góndola en los diarios. Sólo falta que apliquen la ley antiterrorista a quienes difundan indicadores que desmientan el dibujo oficial. Lo que acontece con la comunidad Qom en Chaco y Formosa indica el modo de actuar con las minorías y pueblos originarios por parte de los gobernadores más alineados con el kirchnerismo.
Afortunadamente cuatro salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal acaban de rechazar las multas impuestas a las doce consultoras privadas por elaborar índices de precios. En el Congreso Nacional, con las limitaciones del caso, mensualmente se trata de reflejar un índice aproximado, porque la burla del INDEC deja sin referencia a la sociedad.
La ruptura del CER no fue gratuita, fue tal vez un default de deuda que disparó costos que hoy estamos pagando.
Sin seguridad jurídica y un plan económico consistente estamos expuestos a las crisis que la realidad propina al populismo irresponsable.
El pasado 25 de mayo, la presidenta pidió otra década porque de lo contrario "irán por ustedes". Es evidente que estarán dispuestos a todo, porque la alternancia sería, según ese chantaje retórico, un triunfo de la antipatria.
La década significó un retroceso en el funcionamiento de las instituciones, que incluso permitieron sortear la crisis del 2001, pero el mayor daño está planteado en la política, porque sin diálogo y reconocimiento respetuoso de la diversidad, la violencia verbal planta otros males porque coloca a quienes no coinciden con todo el relato, en categoría de enemigos expuestos a la acción de los seguidores gubernamentales, defensores que gozan de protección y legitimidad para sus actividades tendientes a prolongar otra década kirchnerista.
Un columnista hizo una cuenta básica y suma que el gobierno dispondría para ese objetivo de $ 124.600 millones hasta fin de año, si utiliza reservas. Si éstas se destinan al pago de deuda, por utilidades contables y adelantos, tendrían para incrementar el gasto hasta fin de 2013, unos $ 82.600 millones y hasta las Primerias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) unos $ 55.000 millones. A esto hay que agregar, según ese informe, unos $ 16.000 millones disponibles del FGS de la ANSES.
Todo ello verifica la fragilidad de los supuestos logros, algunos muy ciertos comparados desde 2001, pero también la audacia temeraria de atemorizar con el caos que significaría un cambio de signo de gobierno, que por cierto no está en juego en octubre próximo, donde lo único que podría cambiar es la composición del Congreso, más propiamente en la Cámara de Diputados.
Ante el discurso para fanatizar, quienes tenemos un compromiso con la democracia republicana tenemos que dialogar y no caer en ese terreno faccioso que nos divide en campos sembrados de odio. La vida sigue y debemos reintroducir la tolerancia, dotando a la política de los criterios de verdad y autocrítica que mejoran el relacionamiento entre ciudadanía y servidores públicos.
Sin confianza en las políticas y en la palabra de los gobernantes es imposible todo proyecto de Nación.
Por ello es muy delicado este manotazo de desesperación, cuando aún hay margen para rectificar el rumbo y reencaminar toda la energía nacional hacia objetivos compartidos.
En el reciente discurso de la señora presidenta, en la Universidad de La Matanza, señaló que no propondrá la reforma de la Constitución Nacional, pero señaló que es necesaria para reformar la Justicia a la que atribuye los dolorosos casos de inseguridad. Destacó la ligazón de los delitos de trata de personas y narcotráfico con el lavado de dinero y la Justicia, exaltando la articulación para atacar la inseguridad que padece la población. Es increíble que ese discurso sea expuesto por quien nos envía este proyecto de ley, porque su incongruencia no puede ser más evidente.
Si quieren democratizar es increíble que no se avance en la boleta única para evitar maniobras que malversen la voluntad popular.
Si quieren fortalecer la democracia por qué colocan todo el peso del Estado y sus recursos institucionales y económicos para sofocar y desprestigiar a los dirigentes opositores y para condicionar y coptar a gobernadores e intendentes que se encuentran ante la disyuntiva de arriar su pertenencia partidaria o condenar a quienes los votaron a la indigencia de obras y recursos.
En ese acto, por la democratización de la Justicia, expresó que las seis leyes tienen ese objetivo, por lo que o no es verdad que la Constitución lo impide o estas leyes la modifican.
Como es costumbre del kirchnerismo, bajo nobles propósitos ciudadanos, se intenta lo que sólo conviene al grupo que ejerce el poder. En ese marco se inscribe este proyecto destinado a cubrir de impunidad a quienes delinquieron, a quienes protagonizaron actos de corrupción y compromete a los legisladores que le otorguen cobertura.
El formulario de las declaraciones juradas de la reciente ley promulgada tiene menor nivel de detalle de bienes a declarar, no se individualizan, no tiene fecha de adquisición ni se exige detalle de origen de los fondos, no se individualizan las deudas ni los motivos que las originaron. Un blanqueo como éste, todo en la misma línea. Librar de persecución penal a los funcionarios, muchos invisibilizados por su intrascendencia, los más muy visibles por sus desafortunadas gestiones.
El fracaso de la campaña antártica, investigada en la Justicia, obliga a tener en este ámbito al ministro de Defensa de la Nación y sin embargo su presencia fue bloqueada aunque la base Marambio aún no recibió 1.500 barriles de combustible para su abastecimiento. Alguien nos debe informar sobre las peripecias del buque de investigación pesquera “Eduardo Holmberg” durante su viaje a las islas Georgias y Sandwich del Sur. ¿ Es cierto que se suspendieron las investigaciones sobre especies ictícolas en el Atlántico Sur? ¿Cuáles son los planes estratégicos que se están elaborando respecto de la cuestión antártica que por obvias razones será motivo de debate internacional? ¿Nunca trataremos estos temas en este Congreso?

Apelo a muchos diputados del Frente para la Victoria que no están convencidos. Las presiones y amenazas de perjuicio sobre sus provincias ponen en crisis las razones invocadas y la disciplina de la pertenencia. Digo esto con respeto, porque estoy seguro que tienen dudas, como los honestos intelectuales y los militantes que no pueden explicar la mancha de corrupción que se extiende.
Todos sabemos que la corrupción, no es de izquierda ni de derecha, es un cáncer que corroe la democracia y mata compatriotas. Nunca puede ser tolerada y apañada porque nos daña a todos y aunque algunos la crean una cuestión secundaria y hasta inherente al poder, nos constituye en cómplices y encubridores Evitémosle otra vergüenza a este Congreso.