52. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA OCAÑA

Fundamentos de la abstención de la señora diputada en la votación de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Desde el descubrimiento en Comodoro Rivadavia del primer pozo de petróleo en diciembre de 1907, se comenzó un largo camino para asegurar que este recurso estratégico fuera explotado en beneficio del país. El gobierno de Hipólito Yrigoyen creó la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales designándose como director general, en 1923, al coronel Enrique Mosconi, quien desarrolló una labor central para el desarrollo de la empresa estatal.
Según relata Horacio Salas en su libro Centenario del Petróleo Argentino: “...una de las primeras acciones llevadas adelante por Mosconi fue la elaboración de un plan cuatrienal; contrató geólogos con el objeto de explorar nueva posibilidades en la zona de reserva, adquirió maquinarias de perforación, incorporó a la flota petrolera el buque tanque “Danville” y habilitó surtidores para venta de nafta y kerosene.
Asimismo, organizó la Oficina de Estadística, que debía reunir toda la información sobre hidrocarburos, precios en la Argentina y el mundo, y toda información al respecto…”.
Por su parte Mosconi, en su libro El petróleo argentino expone: “...Y esto no se obtendría mientras la Dirección General de Petróleo no pudiera conocer con exactitud y diariamente, por información directa de la Aduana, la cantidad de petróleo y derivados importados al país.”
Pensar que casi cien años después, nos encontramos como en esos primeros tiempos: sin controles y descubriendo de golpe que la Argentina aumentó sus importaciones y bajó considerablemente el nivel de reservas del país.
Sin duda el déficit de los recursos de hidrocarburos que afecta a la Argentina es consecuencia del colapso generalizado producido por la política energética implementada en el proceso de desregulación y desnacionalización de los hidrocarburos, llevadas adelante a partir de la década de 1990 y que fueron continuadas e impulsadas por muchos de los integrantes del Frente para la Victoria, que hoy las plantean como un grave error.
Estoy convencida de que todos podemos equivocarnos y rectificar errores, pero por honestidad intelectual se debe reconocer lo hecho y las equivocaciones. No vale justificar que en esa década de los 90 no se podía resistir a esas políticas. Muchos resistimos y peleamos para que esta entrega de los recursos argentinos no se produjera. Basta leer los periódicos de esos años o el propio Diario de Sesiones para comprobarlo. O analizar los procesos vividos en los países vecinos que jamás vendieron las “joyas de la abuela” y comprendieron que ellas constituían un eje central para el desarrollo de sus naciones.
Los que defendieron la privatización lo hicieron enarbolando banderas de soberanía, de transformación, de recuperar recursos para las provincias productoras que posibilitaran su desarrollo.
Se justificaban, como ahora, en la necesidad del autoabastecimiento, el impulso a las exportaciones, la necesidad de no destinar las divisas al pago de la deuda –hoy a las importaciones de energía- , ampliar las reservas mediante una intensiva exploración. En definitiva, garantizar a las futuras generaciones una riqueza que es central para el crecimiento del país.
Hoy sabemos, según lo expresado en los considerandos del proyecto de ley enviado por el PEN, que este proceso benefició únicamente a Repsol, que habría desmantelado y vaciado, bajo el descontrol de la propia administración estatal, a la principal petrolera argentina.
Que, según expone en sus considerandos “…la política predatoria ejecutada por Repsol YPF implicó una creciente necesidad de importaciones de combustible.”
Lo extraño, insistimos, es que todo esto lo lleven adelante aquellos que propiciaron estas políticas, sin reconocer su falta de visión estratégica, presentándose como el bombero heroico, que viene a apagar el incendio que ellos mismos crearon. Y llevan en su dotación de salvataje a los responsables del descalabro y la privatización.
Nos preguntamos ¿quién va ejercer la potestad y el control estatal? El decreto de intervención nos dice que los mismos que consintieron y avalaron con su firma en nombre del Estado el desmantelamiento, el vaciamiento y la estrategia predatoria.
Señor presidente: temo que en los próximos años descubramos que otras empresas tuvieron la misma situación predatoria que hoy se le atribuye a Repsol YPF por ausencia de control. Por eso, me parece central que este proyecto contenga una artículo que establezca la realización de una auditoría sobre el nivel de reservas existentes en el territorio de la Nación en materia de gas y petróleo, llevada adelante por técnicos independientes designados por la Auditoría General de la Nación, la Facultad de Ingeniería de La Plata y la Universidad de Buenos Aires.
También temo que en los próximos años volvamos a discutir los errores cometidos por la falta de aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y fundamentalmente la discusión de una política de Estado sobre energía que tenga en cuenta la generación de energías limpias.
Sin duda, el debate sobre YPF merece ser analizado desde dos ejes concretos y bien diferenciados. Falta la discusión de una ley de hidrocarburos.
Uno de esos ejes tiene que ver con la forma en la cual se pretende llevar adelante la nacionalización, que incluye procedimientos controvertidos, deficiencias en el proyecto de ley y antecedentes cuestionables de la medida y de quienes fueron designados para llevarla adelante, entre otras múltiples aristas a las cuales me referiré en detalle más adelante.
Y el otro eje reside en el fondo de la cuestión; en un análisis tal vez acotado al posicionamiento histórico, conceptual y personal de cada uno de nosotros frente al dilema “nacionalizar versus privatizar”.
Yo siempre me opuse a la privatización de YPF. Estoy convencida de que los hidrocarburos son bienes nacionales y de la necesidad de que, como país, pensemos estrategias de largo plazo en materia de exploración y producción. Es imprescindible que exista una verdadera política de Estado en materia energética.
Pero, seamos claros: el gobierno no promueve esta ley impulsado por la necesidad de proyectar una estrategia productiva para el país, sino que avanza sobre YPF por la crisis energética y los problemas fiscales que aquejan la caja nacional, entre otras urgencias que, a pesar de las infinitas señales que advertían lo que ocurría, no parecieron preocuparle hasta ahora.
La historia del vaciamiento de YPF ha sido un derrotero de malversación de recursos, desmanejo empresario, complicidad y falta de control gubernamental. Los funcionarios de este gobierno, los mismos que ahora figuran al frente de la intervención de la empresa, han sido los mismos que ocasionaron la caída general de las reservas y el incremento de las importaciones de energía.
El país pasó de ser exportador de hidrocarburos a importar más de lo que vende afuera, las reservas se desbarrancaron y la producción cayó en picada.
El crecimiento económico demandó inversiones en exploración y explotación cada vez más fuertes, pero el Estado no las exigió ni las promovió.
Estos acontecimientos se han producido principalmente en los últimos dos o tres años con la anuencia del actual ministro de Planificación, Julio De Vido, del secretario de Energía, Daniel Cameron, y del representante del Estado nacional en el directorio de la empresa, Roberto Baratta (mano derecha del ministro), quien aprobó cada uno de los balances, las resoluciones y las distribuciones de dividendos que hizo YPF.
Sin duda que hay responsabilidades penales y políticas por lo ocurrido y este gobierno, que ahora propone la nacionalización en un escenario de discusión binaria en el cual se está de un lado o del otro, ha estado de ambos lados, es el principal responsable y debe investigar todo lo actuado.
Junto con el proyecto de expropiación, el Estado debió hacer en la Justicia la correspondiente denuncia sobre los funcionarios públicos, los síndicos y también los empresarios españoles que administraban Repsol, porque estamos hablando del vaciamiento de una empresa y, en este caso particular, de la principal empresa de la Argentina.
Sin embargo, en lugar de investigar lo ocurrido, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, premia a los funcionarios como De Vido, flamante interventor de YPF, que conducía la política energética nacional e incrementaba las importaciones de combustible mientras el vaciamiento se hacía efectivo.
En su propuesta el gobierno nacional omite informar cuáles son sus planes concretos para la empresa. Es decir, el oficialismo pretende que el Parlamento apruebe a libro cerrado un proyecto de ley carente de un plan integral que explique a este Congreso, y a todos los argentinos, en qué va a consistir su política energética de aquí en más y qué va a hacer con YPF.
Se habla de millones de dólares de reservas de petróleo, pero no se discute qué implica sacar esos recursos, de dónde saldrán o qué capitales se asociarán en ese emprendimiento. Esas discusiones son las que el gobierno no da, porque no quiere o porque no sabe cómo dar.
Tampoco han explicado qué harán con las acciones de la empresa Petersen, traspasadas en una operación sin precedentes, y a costo nulo, configurada de la mano del ex presidente Kirchner, a través de la cual la familia Ezkenazi obtuvo el 25 % de las acciones contra el pago de regalías de la propia empresa, que hoy critican bajo el rótulo de "vaciamiento".
A continuación enumeraré una serie de argumentos que he presentado como observación al dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constituciones y de Presupuesto y Hacienda, correspondiente al proyecto expediente 29-S-12, que resumen los elementos que considero preocupantes y fundamentales cuando hablamos de la forma en la que se pretende llevar adelante esta nacionalización:
Se pretende asumir el control de una empresa sin conocer cuál es su situación patrimonial y financiera, sin efectuarse due dilengence, procedimiento básico que lleva adelante hasta el comprador más inexperto.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional adolece de graves deficiencias producto del apresuramiento en su confección y tratamiento.
La ley en discusión resulta una medida parcial y débil. Se alega la promoción y recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina pero, sin embargo, no se altera en lo más mínimo el sistema de concesión de áreas de explotación y permisos de exploración existente en la actualidad.
La ley debería como punto previo fijar la realización de una auditoría integral de las reservas de hidrocarburos a fin de establecer, conforme lo propuesto en el proyecto de ley presentado por el diputado Fabián Rogel, los reales niveles de reserva sin depender de lo informado por las empresas de explotación, las cuales tienen interés en alterar la información sobre las mismas.
Debería contemplarse la creación de una comisión bicameral con facultades para auditar los niveles de inversión de las empresas que poseen concesiones de áreas y permisos de explotación, a fin de evaluar si han cumplido con los compromisos asumidos y, en caso de incumplimiento, declarar la caducidad automática de los acuerdos y/o convenios oportunamente celebrados.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sólo provocó un cambio en la tenencia del paquete accionario de YPF S.A., sin que ello resulte una verdadera recuperación de la soberanía alegada. El Estado nacional es socio mayoritario, pero socio al fin de una empresa privada donde inexplicablemente el grupo Petersen sigue asociado y sentado en la mesa del directorio. Es inocente pensar que los españoles son sólo responsables de los malos resultados.
Sin perjuicio de lo expuesto, y con el objeto de alcanzar la verdadera soberanía en materia de hidrocarburos, el proyecto debe contemplar la creación de una empresa nacional gestionada e integrada en un 100 % de sus acciones clase “D” por el Estado Nacional y todas las provincias y no sólo por las provincias petroleras. Ello afianzaría la verdadera naturaleza federal de los recursos de gas y petróleo.
La ley debe contemplar la intervención de la Auditoria General de la Nación para asumir el rol de oficina técnica competente en los términos del artículo 13 de la ley 21.499, conjuntamente con el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Compartiendo lo propuesto por el diputado Rogel, se deberá prever la creación de una comisión bicameral con facultades de auditar el cumplimiento del plan de inversión de las concesiones otorgadas desde el año 1990, y en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, proceder a su revocación.
La ley enviada por el Poder Ejecutivo en la redacción de su artículo 9º contiene una trampa para las provincias. Se habla de la cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones expropiadas a favor de las provincias, pero la cesión incluye de manera obligatoria la celebración de un pacto de sindicación para ejercer en forma unificada los derechos accionarios por 50 años.
No debemos engañarnos. Es el Estado nacional quien fijará e impondrá las condiciones del voto a las provincias y los términos del pacto de sindicación. En los hechos las provincias serán nominalmente tenidas en cuenta. Se pretende mostrar un federalismo que en los hechos no se materializará: se le da al Estado nacional un cheque en blanco.
Deberá designarse a la Auditoría General de la Nación, órgano de fiscalización externo de YPF en resguardo del patrimonio estatal mayoritario, sin perjuicio de la fiscalización establecida por la ley 19.550.
Para concluir, considero que el fondo de la propuesta de nacionalización de YPF va en la dirección que muchos de quienes nos oponemos a este gobierno hemos propiciado a lo largo de nuestra trayectoria, sobre todo en los momentos en los que quienes integran hoy el oficialismo impulsaban y votaban lo contrario.
De manera que sería contradictorio si hoy me opusiera a que YPF volviera a ser parte del Estado.
Sin embargo, estoy convencida de que la forma en la cual se está llevando a cabo este proyecto es corrupta y conlleva un gran daño para el país.
Siempre he luchado por romper con las estructuras corruptas en el Estado. He trabajado incansablemente como legisladora, como funcionaria y desde la sociedad civil para eliminar las mafias enquistadas en el poder que producen daños irreparables en la sociedad.
No puedo avalar la trampa que esconde este proyecto.
Es inadmisible el marco de encubrimiento por parte del gobierno a quienes tomarán las riendas de su conducción y que, insisto, son los mismos que deberían ser investigados por producir la mayor crisis petrolera de nuestra historia.
Es un error estatizar esta empresa para que sea manejada como una sociedad anónima, ajena a procedimientos de auditoría por parte de los organismos de control. Ya hemos visto lo que sucede en Aerolíneas Argentinas u otras empresas a las cuales despojan de controles institucionales y desvían fondos ilimitados y discrecionales, cuyo destino desconocemos.
El proyecto es arbitrario, profundiza la superposición de la figura del gobierno sobre la del Estado y lleva a su punto máximo la evasión del control de otros poderes sobre el Ejecutivo. Adolece de graves deficiencias, la ley es parcial y débil y, fundamentalmente, no plantea la recuperación soberana que proclama el gobierno así como tampoco permite la configuración de un esquema verdaderamente federal de los recursos hidrocarburíferos como pregona el oficialismo.
En la política existe la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.
Sigo teniendo la convicción de que YPF debe ser estatal, pero mi responsabilidad como diputada y como representante de todos aquellos que luchan por construir una sociedad mejor, más justa y menos corrupta y que me votaron para que dé esa pelea, no me permite apoyar esta iniciativa.
Muchas veces se ha dicho que la corrupción está alejada de los problemas o las preocupaciones de la gente. No es cierto. Hubo una mafia en la Argentina que vendió medicamentos adulterados a nuestros enfermos.
Yo llegué a una institución como el PAMI, que era modelo de la corrupción, y la saqué de ese lugar para transformarla en una obra social para los jubilados. Sé que eso se puede hacer con decisión política.
No es fácil y menos aún hacerlo sola, pero se puede hacer si uno tiene las manos limpias y no tiene compromisos.
Tal vez, como dicen algunos, la corrupción sea algo estructural al Estado. El problema es que en la Argentina a la corrupción se le suma la impunidad.
No me resigno a convivir con la impunidad. El día que hacer política me obligue a soslayar la corrupción o a justificarla por un objetivo mayor, ese día dejaré de dedicarme a la política.
Por lo tanto voy a solicitar autorización para abstenerme de votar.