42. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA LINARES

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Retomando parte de los conceptos emitidos en la sesión del día de ayer, miércoles 2 de mayo de 2012, y profundizando otros que me resulta indispensable desarrollar, es que quería comenzar diciendo que la recuperación de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y el autoabastecimiento energético que permita superar la crisis en la que se encuentra el sector, resulta una tarea prioritaria y urgente en la Argentina.

Para ello debemos revisar todas las concesiones y derogar todo el esquema jurídico vigente. Sólo de esa manera el Estado nacional podrá retomar el control de la política hidrocarburífera.

Debemos poner fin a un sistema perverso que permite que las empresas privatizadas sigan transfiriendo enormes ganancias a sus países de origen para sus colocaciones financieras, sobre la base de la depredación de nuestros recursos naturales. Ganancias derivadas de marcos regulatorios y regímenes tarifarios o de libertad de precios que las favorecen, además de desgravaciones, exenciones, subsidios y prebendas de todo tipo.

Una YPF 100% estatal será necesaria para recuperar la soberanía sobre la totalidad del sector, así como avanzar sobre el 49% restante de las acciones de la empresa y el 70% de la extracción y producción que no controla YPF y sigue en manos privadas.

Para esto, y como paso previo, debemos realizar una auditoría integral de todas las áreas hidrocarburíferas, revirtiendo las concesiones en las que se verifique una subexplotación de las mismas. Reservas que por cierto nadie conoce, ni siquiera el propio gobierno nacional, siendo que no se han realizado auditorías y las empresas extraen los recursos a través de una simple declaración jurada, es decir, sin ningún tipo de control estatal.

Con todo esto en mente es que consideramos indispensable un debate amplio en torno de las condiciones en que se realizará la compra por parte del Estado nacional del 51% de las acciones del total de la compañía, si corresponde o no el pago de indemnización, y cómo avanzar en las necesarias auditorías sobre el patrimonio de la empresa, las cuales seguramente pondrán en evidencia la depredación realizada en los pozos concesionados, la cuantiosa remisión de utilidades al exterior durante el tiempo que Repsol estuvo a cargo de YPF, así como los pasivos ambientales que ha dejado.

También debemos discutir la estrategia de gestión que asumirá la nueva empresa, el rol del Estado nacional y los gobiernos provinciales en el mercado energético, así como el de los organismos de control y el Parlamento.

Vale también la pena destacar, como expresaron mis compañeras/os de bloque, que el artículo 15 del anunciado proyecto sustrae a la sociedad mixta con participación mayoritaria estatal -es decir, la nueva YPF- de los controles de organismos públicos como la Auditoría General de la Nación -AGN- o la Sindicatura General de la Nación -SIGEN-.

Por supuesto, la medida anunciada es un paso que nadie que defienda los intereses nacionales puede estar en contra, y menos los que nos opusimos a la privatización de YPF, que llevó adelante Menem y que Néstor Kirchner y Cristina Fernández avalaron e impulsaron, aunque ahora nieguen su responsabilidad. Pero esta medida no alcanza para recuperar la soberanía energética perdida.

Aquí hay dos grandes responsables de la pérdida de soberanía energética. Por un lado, el gobierno que avaló y garantizó los millonarios negociados privados. En efecto, la actual situación no puede explicarse más que por la ausencia de control estatal y de un plan integral de mediano plazo, junto con la participación -a través de empresarios amigos y testaferros- en fabulosos negociados.

El otro gran responsable es Repsol, que desde que se hizo cargo de YPF viene saqueando nuestros recursos, llevándose la riqueza nacional para financiar la expansión multinacional de su empresa -incluidos otros países de la región-, obteniendo desde el año 1999 a la fecha una ganancia neta de 16.450 millones de dólares, de los cuales 13.246 millones fueron distribuidos como dividendos, lo que significa que más del 80% de las ganancias de Repsol fueron sacados del país para financiar la expansión de la empresa en otras partes del mundo.

Luego de más de 10 años, el balance de la privatización de YPF y de la continuidad –y evidente fracaso- del modelo energético neoliberal nos deja como resultado la consolidación de un oligopolio privado, integrado verticalmente, que sobreexplotó los recursos naturales no renovables, subexploró y en consecuencia redujo el actual horizonte de reservas, imposibilitado de garantizar la provisión interna frente al crecimiento de la demanda y la reorientación hacia el mercado externo, consolidando de tal forma la pérdida del autoabastecimiento energético nacional, la necesidad de importación de combustibles, todo esto acompañado y financiado por un aumento exponencial de los subsidios y las tarifas de los servicios de gas y electricidad (que se genera principalmente a través del gas), así como de los precios de las garrafas que consumen los sectores más necesitados.

Vale aclarar que Repsol compró YPF por 13.158 millones de dólares en 1999, y a la fecha, considerando las ganancias obtenidas y acciones vendidas, la empresa española no solo recuperó su inversión inicial sino que se retiraría con un saldo positivo de 8.813 millones de dólares.

Para decirlo más claro aún: Repsol se ha dedicado durante todos estos años a aplicar una feroz política extractiva de corto plazo y sin invertir en reposición de reserva, maximizando ganancias y distribuyendo la mayor cantidad de ganancias posible.

Esta falta de reinversión de utilidades en nuestro país explica la caída sistemática de reservas y producción que obligó a la Argentina a importar combustibles (gas natural, fuel oil y gasoil), llegando el año pasado a la suma de 9.400 millones de dólares, el doble que en el 2010, y generando por primera vez en 17 años un saldo negativo en la balanza comercial en esta materia, déficit que alcanzó los 3.029 millones de dólares.

Esta importación de combustibles se dio, en el caso del gas, a través de los famosos y peligrosos buques metaneros que descargan en mi ciudad, Bahía Blanca, así como en Escobar. ENARSA es la responsable del proyecto, contratando, entre otras empresas, a Repsol YPF, quien se encontraba hasta hace poco a cargo de la ejecución técnica de la operación (desconocemos cuál es la situación actual con todos los cambios recientes). Hasta hace poco Repsol compraba el gas a Atlantic LNG de Trinidad y Tobago, la mayor planta de licuefacción de gas (de gas natural a GNL) del mundo, en la que Repsol participa con aproximadamente un 23%, junto a la British Petroleum que posee un 37,78% y British Gas, con un 28,89%. El gas que alimenta a Atlantic LNG proviene en su mayoría de los pozos ‘off-shore’ de bpTT, compañía en donde tiene una participación del 30%. Para su transporte utiliza los buques de la compañía Stream, en donde Repsol tiene una participación del 50%, junto con Gas Natural-SDG que tiene el otro 50%. De esta manera Repsol se aseguró los últimos años la provisión de gas natural a las empresas instaladas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, entre otras a las compañías Mega S.A., en la cual YPF S.A. tiene una participación del 38%, y Profértil, de la que posee el 50%.

En vista de lo anterior, la importación de gas en barcos se parece más a una operación intrafirma que a un intercambio comercial internacional. Desde ningún punto de vista, podemos aceptar la continuidad de un mecanismo que utiliza los recursos públicos -provenientes de los bolsillos de los propios consumidores- para ser destinados a ganancias privadas.

En este punto, y considerando todo lo anterior, nos preguntamos: ¿debemos indemnizar a los accionistas de Repsol, como anunció la señora presidenta? ¿Aceptará el pueblo argentino premiar el vaciamiento que significó la gestión de Repsol? ¿De dónde saldrá la plata para ello? ¿De los fondos de la ANSES, cuando el 80% de los jubilados cobra la mínima? ¿De los fondos del Banco Central, tan necesarios para desarrollar las economías provinciales, una política de vivienda, salud y educación integradora? Aún hay demasiados interrogantes; esperamos encontrar las respuestas en estos días de discusión parlamentaria.

Aquí también debemos ser claros: una recompra de la compañía con fondos públicos no sólo sería una estafa a todo el pueblo argentino, también dilapidaría el dinero que se necesita para realizar las inversiones necesarias para revertir esta desastrosa situación. En el mismo sentido, la mención hecha por la señora presidenta de que la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo de reservas de gas no convencional nos obliga a observar que la extracción de estos hidrocarburos tiene un altísimo costo económico, y que por el gran impacto ecológico y las cantidades de agua que exige, ya ha sido prohibida en países como Francia, y se encuentra en discusión en países como Irlanda del Norte, Bulgaria, Canadá y Suiza.

YPF debe ser una empresa 100% estatal, con participación plena de todas las provincias a partir de un criterio realmente federal, redistributivo, equitativo y solidario, y no sólo de aquellas que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI-.

Las eventuales ganancias que surjan de la gestión de YPF deben ser reinvertidas en la ampliación de la red de gas natural a todo el territorio nacional, de puntos de venta de garrafas a precios accesibles y justos, así como a diversificar la matriz energética a través de energías alternativas, renovables y no contaminantes.

Vale la pena recordar que casi el 40 por ciento de los hogares del país, es decir más de 15 millones de ciudadanos, no tiene acceso a las redes de gas natural, concentrándose la gran mayoría de ellos en algunas de las provincias más pobres del país, ubicadas en las regiones del Noroeste –NOA- y Noreste –NEA-, siendo que en ésta última casi el 100 por ciento de los hogares carece del servicio. Esto implica que la gran mayoría de esos hogares de escasos recursos tengan que abastecerse de ese servicio tan elemental como es el gas a través de garrafas.

YPF Gas, que es el principal distribuidor minorista de garrafas, y que fuera incluida en el proyecto de expropiación del gobierno, posee una clara posición dominante en lo que se refiere a producción y capacidad de transporte y almacenamiento. En numerosas oportunidades hemos denunciado que esta situación que presenta el mercado del gas licuado es resultado y consecuencia directa de la desregulación del sector, que dejó de considerar la comercialización de garrafas como un ‘servicio público’ para definirla ‘de interés público’, dejando así a criterio del mercado la formación de precios, profundizando de tal forma el proceso de concentración iniciado en los 90. El negocio de las garrafas queda evidenciado de esta manera como un claro ejemplo de cómo lucrar con los pobres, y es este el momento para revertir esta injusticia.

Por último, pero no por ello menos importante, resulta más que pertinente destacar la necesidad de saldar la deuda histórica que tiene el Estado nacional con los ex trabajadores de YPF y de Gas del Estado, que resistieron y sufrieron como nadie los terribles efectos de la entrega de nuestras empresas de bandera, y que después de tantos años de lucha siguen sin obtener el justo y legítimo reconocimiento de sus derechos de propiedad participada sobre las mismas. Vale la pena recordar que en esta Honorable Cámara se encuentra a la espera de ser tratado un proyecto de ley que prevé tal resarcimiento económico, que cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, y que esperamos será tratado y aprobado en breve por el pleno del cuerpo, teniendo en cuenta que siempre hubo un amplio consenso sobre el tema por parte de todas las fuerzas políticas.

Estamos convencidos que, llegado el inevitable fin del insostenible modelo de mercado, debe ser el energético el sector que encabece el cambio de las condiciones socioeconómicas que nos permitan, de una vez por todas, romper con la situación de dependencia en que nos encontramos, afianzando de tal manera una nación socialmente equitativa, geográficamente equilibrada y, esencialmente en lo político, soberana.

Para ello, la Argentina debe recuperar, a través del Estado, el autoabastecimiento energético perdido, además de recuperar una renta anual de 8.750 millones de dólares para ponerla al servicio de la industrialización del país con energía barata y para todos, revitalización de las economías provinciales, inversión en viviendas, salud y educación, así como en el desarrollo de energías renovables que permitan modificar la matriz energética actual, sumamente dependiente de los hidrocarburos -y en especial del gas-, todo enmarcado en una estratégica articulación energética sudamericana.

Si la actual gestión pretende mejorar el nivel de vida del pueblo, no sólo debe excluir de su gabinete a quienes adhieran a las mismas ideas neoliberales que guiaron a las administraciones anteriores, sino que también deberá dejar de compartir el poder con los grupos empresarios beneficiados por la aplicación de tales políticas. Nos genera algunas dudas si efectivamente es ésta la visión del gobierno nacional y sus consejeros, entre los que se destaca la figura de Roberto Dromi, uno de los grandes responsables de organizar la estructura jurídica del saqueo que significaron las privatizaciones menemistas.-