17. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA STOLBIZER

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación General en los proyectos de ley por los que se instituye el día 3 de abril de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Trata de Personas

La desaparición de Marita Verón marcó un hito en la problemática de la trata de personas para explotación sexual en nuestro país.
La lucha incansable de su madre, Susana Trimarco, logró dar visibilidad al flagelo de estas redes criminales de las que son víctimas infinidad de mujeres y niñas a lo largo y ancho del territorio nacional. Fue ella misma quien persiguió y logró rescatar a otras víctimas, desmantelando y poniendo en evidencia la impunidad de la que gozan estas organizaciones delictivas. Impunidad que está garantizada por la connivencia de los estamentos de gobierno y las fuerzas policiales.
Fue ella quien contribuyó a conmover, sensibilizar, pero sobre todo a “despertar” a la sociedad. Hizo que comenzáramos a tomar conciencia de una realidad que no formaba parte de la agenda de los medios de comunicación ni de la agenda gubernamental, generando una menor tolerancia colectiva para con estas formas de explotación.

Si hoy todos y todas estamos hablando de la trata y sus formas de explotación, si existe una ley destinada a su persecución, si seguimos debatiendo la necesidad de profundizar mecanismos de prevención y protección a las víctimas, es debido a la cruzada desesperada y en soledad de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la causa.
Susana Trimarco -y toda la sociedad argentina- hoy se encuentra a la espera de un veredicto que dé una señal de justicia por la desaparición, secuestro y explotación de su hija, víctima de estas redes criminales.
Ello representaría sólo un paso adelante en la búsqueda de la verdad y la justicia. Tardío y, por supuesto, insuficiente en la búsqueda incansable por rescatar a Marita con vida.

Como autora de un proyecto que propone la candidatura de Susana Trimarco al Premio Nobel de la Paz y que celebra el reconocimiento que ha merecido esta luchadora en el ámbito internacional, como militante comprometida con la defensa de los derechos humanos, no puedo dejar de sumarme a esta iniciativa.

Pero no basta con distinciones, homenajes o conmemoraciones. La prevención, la lucha y la persecución de la trata y la explotación de personas debe ser prioridad en la agenda política.

Para ello hay que atacar las causas estructurales que sirven de caldo de cultivo a la consecución de este delito.

Por un lado, proceder al desbaratamiento de las redes de tratantes y denunciar sus vínculos con la Justicia, con el poder político, con las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, rescatar, asistir y acompañar a las víctimas constituye una responsabilidad ineludible del Estado. Dicha responsabilidad trasciende al proceso de investigación, debiendo garantizarse todo tipo de recursos y condiciones en orden a su protección, como a la de su familia y su futura reinserción social y laboral.
Por último, en lo que hace a la prevención, hacen falta campañas de difusión y sensibilización para evitar que potenciales víctimas sean sometidas al secuestro, el rapto, el engaño o el abuso, propios del accionar de las redes.

Desarrollar una seria política de Estado exige articular los esfuerzos de los gobiernos locales y el Estado nacional para la prevención, persecución e investigación del delito y, como hemos dicho, para una atención adecuada a las víctimas.

No es posible atacar esta problemática sin una perspectiva integral y acorde a las circunstancias que amerita toda criminalidad compleja y organizada.

La trata de personas es mucho más que un delito: en la trata están condensadas todas las violaciones de los derechos humanos. Hablamos de que la trata de personas implica la explotación laboral, la reducción a servidumbre, la explotación de la mendicidad, la extracción de órganos, la apropiación y venta de bebés, o la explotación sexual. La relevancia de esta última (87%) nos dice que la trata está mayormente destinada al sometimiento a la prostitución de sus víctimas, de las cuales un 90% son mujeres y niñas.

Estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI, del tercer negocio mundial, antecedido por el tráfico de armas y el narcotráfico y cuenta con la complicidad de las instituciones policiales, judiciales y políticas. Por este motivo es imperioso desbaratar las redes y denunciar las connivencias existentes con el poder.

Según cifras de la OIT, una persona menor de edad sometida a explotación sexual genera una ganancia de 130 mil dólares al año para la red de trata. Sólo en América Latina y el Caribe, se calcula que 250 mil personas son víctimas de trata, una actividad que en la región produce beneficios ilícitos por hasta 1.348 millones de dólares anuales.

No hay que perder de vista que estas redes de trata generalmente coinciden con las redes que administran otros crímenes trasnacionales complejos, como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas y el lavado de activos.

En nuestro país, de acuerdo al informe del CELS del año 2011, numerosos expedientes judiciales han mostrado la connivencia de la agencia policial con el ejercicio de actividades ilícitas vinculadas a la trata de mujeres, a la explotación de la prostitución ajena y al regenteo de las llamadas “casas de tolerancia”. La voluntad de brindar protección ilegal a los regentes de los prostíbulos a cambio del pago regular de una suma de dinero, garantizando el libre desarrollo de su comercio ilícito, se manifiesta en reiterados casos y constituye una práctica sistemática. (CELS, remitiendo a La investigación judicial de la trata de personas con fines de explotación sexual en la Argentina, Buenos Aires, 2010).

En 2010, el jefe de la unidad antitrata de la Policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la UFASE realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios de la Policía Federal en la falsificación de registros para proteger burdeles a cambio de sobornos; en algunos de estos burdeles se explotaban niños. En marzo de 2011, cinco inspectores de policía implicados en este caso fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, durante el año pasado el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas.

Al mismo tiempo, el desempeño de las acciones policiales y judiciales en la resolución de investigaciones que alcanzan cierto grado de complejidad es preocupante. Si bien en relación con el 2010, durante el año 2011 ha aumentado el número de condenas, procesamientos e investigaciones judiciales abiertas, ello sigue siendo insignificante en comparación con la cantidad de víctimas relevadas.

Las deficiencias estructurales del sistema de justicia penal para avanzar con eficacia en investigaciones de cierta complejidad o que se involucren con intereses de sectores de peso económico o político, pueden apreciarse tanto en el ámbito federal como en los provinciales.

En aquellos casos que involucran redes ilegales u organizaciones criminales, las investigaciones se limitan a los eslabones más débiles de la cadena, incluso mujeres que siendo aun víctimas atraviesan un proceso de conversión de “víctima en perpetrador”. De este modo, el alcance de la investigación no llega a quienes detentan el poder en estas organizaciones, quienes permanecen impunes.

Asimismo, el informe anual de la UFASE (Unidad Fiscal Especial que Persigue la Trata) revela que la mayoría de las causas llegan a la Justicia alcanzada la etapa de acogimiento y consumada la explotación y estas no aseguran el cese del funcionamiento del lugar de explotación.

Como ya mencionara, la ausencia del Estado se evidencia también a la hora de brindar protección, asistencia integral y acompañamiento a las víctimas. En este aspecto las acciones llevadas a cabo son aisladas y fragmentadas, interviniendo distintas secretarías y ministerios. Se requiere una política de Estado real y contundente, con un programa adecuado de atención integral a las víctimas y para ello es necesario un presupuesto acorde. En la actualidad sólo existen medidas paliativas que mantienen a la víctima en situación de vulnerabilidad permitiendo su reinserción en las redes por no haber asegurado su desconexión con cualquier integrante de la cadena que las redujo a la condición de explotación. Precisamente ésta es una de las cuestiones que se pretende especificar en la reforma legal que pregonamos.

Por todo lo expuesto, reitero, señor presidente, lo que hace falta es voluntad política. No alcanza con meras expresiones de deseos, reconocimientos o reformas legislativas promovidas con las mejores intenciones.