2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO THOMAS

Fundamentos del apoyo del señor diputado a los proyectos de ley contenidos en el pedido de sesión especial, por los que se introducen modificaciones a la ley de impuesto a las ganancias

Calificada doctrina laboral afirma que el trabajo no es ni esclavitud ni mortificación. Por el contrario, es la afirmación de la dignidad del hombre, en cuanto revela su dominio sobre toda la creación. Además, es un medio de servir al prójimo; por eso, además de satisfacer necesidades pecuniarias es una forma de colaborar al mejoramiento de la comunidad. Por ello, ésta tiende a mantener incólume la dignidad del hombre que trabaja, concediéndole un beneficio monetario. Ese beneficio denominado salario o remuneración no debe ser gravado con impuesto alguno, dado el carácter alimentario de dicho salario. Además, la jurisprudencia ha establecido que el salario no puede ser considerado como ganancia.
Siendo que las jubilaciones y las pensiones poseen una función sustitutiva del salario del trabajador en actividad, tampoco es justo que ellas sean alcanzadas por el impuesto a las ganancias.

DATOS TECNICOS
• Según el IARAF (Instituto Argentino de Responsabilidad Fiscal), un trabajador soltero y sin hijos que actualmente gana 10.000 pesos tiene una poda en su ingreso del 7,62% por impuesto a las ganancias, mientras que por el mismo poder adquisitivo o sueldo equivalente en 2001 le descontaban el 1,12%. Es decir, el peso de ganancias se multiplicó por casi 7. Y equivale a que el trabajador pierda de cobrar casi un aguinaldo entero ($ 9.910 de impuesto). A mayor salario, la pérdida salarial es mayor y ya un sueldo de $ 12.000 pierde de cobrar casi un aguinaldo y medio.

• Lo que pasó es que durante todos estos años el gobierno aumentó el mínimo no imponible y demás deducciones menos que la inflación o la suba de los salarios. Y directamente no ajustó las escalas salariales sobre las que se aplican las alícuotas que se mantienen en los mismos niveles que en 2000, durante la gestión de Fernando de la Rúa- José Luis Machinea. Por esa razón, los trabajadores sin cargas de familia que, después de los descuentos de jubilación y salud, ganan más de $ 5.789 están alcanzados por ganancias.

• Según el nivel salarial, ganancias puede representar una pérdida salarial de 2, 5, 8, 10 por ciento del sueldo y hasta más. En esa situación se encuentran casi 2 millones de trabajadores en relación de dependencia, como operarios petroleros, de la siderurgia, docentes, camioneros, bancarios, de luz y fuerza y tantos otros gremios y hasta 200.000 jubilados. Además, con cada aumento de los salarios, si no se eleva ese piso salarial a partir del cual se paga ganancias, el impuesto aumenta y de manera creciente. Y en lugar de un 5 por ciento, el descuento salta al 8%, al 10% y así cada vez más.

• A eso se agrega que siguen congeladas –hace 12 años– las escalas sobre las que se calcula el impuesto. Entonces, en lugar de que le retengan una alícuota baja, del 9 por ciento, el trabajador tributa una alícuota del impuesto más alta –del 14, 19 o 23%– y que rápidamente puede llegar al 35%. También por eso muchos trabajadores no quieren hacer horas extras porque, en ese caso, una parte del mayor ingreso de ese mayor esfuerzo se lo lleva el impuesto.

• Si el gobierno hubiera ajustado por la inflación o la evolución de los salarios el piso de ganancias debería ser de $ 9.500 y las escalas serían más amplias (el primer nivel, con la alícuota del 9%, en lugar de llegar hasta $ 10.000 debería subir hasta $ 45.000). De ese modo, estarían alcanzados por este impuesto, no casi dos millones de trabajadores, sino unos 300.000 empleados, quienes, además, pagarían mucho menos.

• En el pasado, ganancias alcanzaba al personal jerárquico. Ahora por este procedimiento de no ajustar por inflación, pagan hasta maestros y operarios simples.

• La suba del mínimo no imponible no implica que el gobierno tenga un “alto costo fiscal” o “subsidie” a los empleados de sueldos medios o altos. Simplemente, evitaría que la AFIP siga captando una parte mayor del ingreso nominal de trabajador por el simple expediente de no ajustar los valores por la inflación de cada período.

• Se calcula que por no ajustar el “mínimo”, el gobierno se quedaría este año con unos $ 3.500 millones que deberían haber ingresado en las familias de los trabajadores. Además, por no actualizar el tope salarial que da derecho a cobrar las asignaciones familiares, el gobierno se queda con otros $ 1.800 millones que también deberían haber sido percibidos por familias trabajadoras.
El impuesto a las ganancias pasó a cobrar un lugar clave en el mundo laboral, porque desde fines de 2007, cuando asumió la Presidencia Cristina Kirchner, casi 1.100.000 trabajadores y unos 150.000 jubilados pasaron a pagar este impuesto. Y eso no se debe a que en términos reales ganen mucho más. En estos 4 años y medio, descontada la suba de los precios el salario real aumentó sólo un 4,8%.
CIERRE
Aun en el sentido extendido del término “ganancia” que se le da en la ley que crea el impuesto, los salarios y remuneraciones que cubren la subsistencia del trabajador asalariado y de su familia no pueden ser considerados como rentas del trabajo.

Si se lee atentamente la ley, la llamada cuarta categoría de ganancias debe estar ajustada a las remuneraciones más altas o que evidenciaban una importante capacidad contributiva. Por lo general, actividades autónomas o profesionales y de dirección de empresas.

Por eso, la ley prevé un mínimo no imponible: para proteger del alcance del impuesto a la parte del ingreso que las personas deben destinar a solventar el costo de vida personal y familiar. En la ley también se admiten las deducciones por cargas de familia y otros conceptos. Y también establece una escala ascendente de tasas de imposición para asegurar que el que más gana, más pague. Lo que decimos no es ninguna proclama socializante: estamos hablando de la ley existente que, con todo lo que debe corregírsele, al menos contiene un criterio de progresividad fiscal básico y elemental. El mismo criterio que no quiere aceptar la presidente.

Por otro lado, considerando la evolución de los precios, la misma ley estableció que los montos del mínimo no imponible debían actualizarse automáticamente, conforme fuera evolucionando el aumento de los índices generales de precios.

Esta es una parte de la ley que, pese a mantener su vigencia, en realidad no se aplica, porque el organismo oficial encargado de llevar la estadística nacional de los indicadores de precios, el INDEC, distorsiona esos índices, con lo cual, de manera indirecta está transgrediendo la ley. De este modo, al tomar a su cargo la corrección discrecional de esos valores, el gobierno permite que el impuesto alcance a los ingresos de subsistencia. En otras palabras, el que está violando la ley vigente es el propio gobierno nacional.

PARRAFO POLITICO MOYANO

Resulta evidente que el Gobierno nacional persigue desde hace un tiempo la sustitución del líder camionero, Hugo Moyano, por algún otro referente -más dócil y complaciente- en la Secretaría General de la CGT. Para ello, ha operado en forma indisimulada en la interna gremial, sosteniendo y colaborando con los dirigentes afines y negando toda forma de diálogo a los sectores críticos.

Asimismo, utiliza la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales como instrumento de apriete contra la dirigencia sindical crítica.

Esta intromisión, dicho sea de paso, sitúa al oficialismo en una posición muy alejada del modelo de democracia sindical que dice alentar.

También hay una embestida sobre los salarios. Me refiero no sólo al atraso que supone el techo impuesto a las paritarias respecto de la inflación real sino, también, a la pérdida que sufre el trabajador por la aplicación del impuesto a las ganancias. Dicho gravamen, en muchísimos casos, se lleva el aumento nominal obtenido en la negociación.

Tampoco se ha modificado el tope salarial para las asignaciones familiares, con lo cual miles de trabajadores quedan excluidos del cobro. Dicho de otra manera, el trabajador asalariado se ha constituido en la presa de un sistema fiscal regresivo, al que tributa no sólo el 21 por ciento de lo que consume (que en el caso de los trabajadores es el total del ingreso) sino también parte sustancial de su salario.

Tales condiciones exponen crudamente los límites de una gestión presidencial enamorada de su propio relato y cada vez más alejada de las banderas del movimiento nacional, que hace descansar la política tributaria en el salario popular.