1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y a la Ley de Convertibilidad

Este debate puede ser una oportunidad para revisar la marcha de la economía y el uso de inteligente de sus instrumentos o, con los datos de la realidad, negarnos a lo evidente. Esto no se aborda con un monólogo, con hostigamiento a los medios que reflejan los hechos, estigmatizando periodistas o descalificando a los que presentamos alternativas para no reiterar errores.
No creo que el Banco Central de la República Argentina deba ser un organismo sacralizado desvinculado de la economía real. Debe trabajar coordinadamente con las políticas del Gobierno y tener la posibilidad de presentar un programa monetario y cuando haya inflación, metas para moderar expectativas. Lo que no puede ser es una caja chica o grande del gobernante que la dispone según sus designios.
No estamos ante un análisis teórico entre doctrinas porque entonces sería inexplicable que la actual Carta Orgánica del Banco Central haya posibilitado ocho años de ininterrumpido crecimiento del país: el más alto de la historia según el oficialismo. ¿Ahora lo impide o es una señal del agotamiento fiscal? No es válido hablar de ortodoxia o heterodoxia, porque en este período gobernaron las mismas personas.
Desde 2010, cerca del 90% del déficit del gobierno lo sufragó el Banco Central.
El populismo consumió stocks, tanto energéticos (U$S 200.000 millones) como vacunos (11 millones de cabezas) y apeló a las cajas disponibles, tanto la ANSES, el PAMI como el Banco Central.
Según especialistas le faltan U$S 10.500 millones para atender al sector externo y más de $ 40.000 millones para cubrir su financiamiento. Para ambos baches recurre a las reservas sin medir consecuencias, algunas mediatas y otras cercanas. No es que ahora se cambia de política como señalan algunos, es que ahora se ven los resultados de un modelo que no sustentó sus loables enunciados con políticas eficaces para modificar la estructura productiva y actuó como si ello hubiera ocurrido. El "relato" se desmiente en sucesivas etapas, en boca de los mismos emisores que siempre buscan un culpable, aunque antes fuera elogiado desde la misma tribuna con aplausos para antagónicas señalizaciones.
Las reservas han caído, pese al maquillaje de pases con entidades financieras europeas y con la ANSES comprando dólares para que el Banco Central se las pase al Tesoro para pagar deuda. Ello derrumba el latiguillo del "desendeudamiento" que, por otra parte, creció U$S 30.000 millones desde la renegociación de Kirchner-Lavagna, sin computar el Fondo Nacional del Desendeudamiento. Sería bueno conocer el monto total de nuestra deuda en default.
Hace menos de 100 días se aprobó en el presupuesto la utilización de U$S 5.674 millones del BCRA, por lo visto no alcanzan para sus compromisos. En enero, el rojo financiero del Tesoro fue de $ 2.815 millones. La recaudación del IVA, deflactada, en lo que llevamos del año crece al 2,5%, mientras que en el interanual del año pasado se incrementaba 9%. En la evolución del impuesto al cheque se puede verificar el enfriamiento que se niega.
Estamos ante una realidad, los U$S 15.500 millones que teníamos en 2009 de reservas excedentes, denominación introducida por el gobierno del presidente Kirchner, en el DNU 1599 de 2005 ratificado una ley que votó la entonces senadora Nacional y actual presidenta, Fernández de Kirchner, se han evaporado y ya estamos en un rojo de más de U$S 1.200 millones, incumpliendo aquella reglamentación respecto a reservas de libre disponibilidad.
Los adelantos transitorios y otros préstamos al Tesoro representaban en 2003 el 11,9 % de las reservas (6,1 % en títulos públicos y 5,8% en adelantos transitorios) y a fin del año pasado llegaron al 45 % (29,4 % en títulos y 15,5 % en adelantos transitorios.) En los dos últimos años, el Tesoro extrajo del BCRA $ 135.000 millones; en los últimos cinco años el monto llega a U$S 60.000 millones. El año pasado el giro al Tesoro fue de $ 75.000 millones ($ 41.000 millones de reservas; más de $ 13.000 millones de utilidades y $ 20.700 millones de adelantos transitorios). En el presupuesto 2012 se prevén $ 11.680 millones de adelantos transitorios y $ 5.000 millones por anticipos de utilidades del BCRA. A ello se agregan $ 26.000 millones del Fondo del Desendeudamiento, las reservas de libre disponibilidad que ya no están. Aún así le estarían faltando más de U$S 6.000 millones para afrontar vencimientos de la deuda. Con el proyecto en tratamiento, se podrá dibujar la ya muy usada modalidad del giro de ganancias del BCRA y los adelantos podrán extenderse a $ 52.000 millones y ya no serán transitorios. Qué será lo "excepcional" que lo habilite queda al arbitrio del funcionario de turno y a la imaginación de cada uno de nosotros. Con la reforma proyectada y la modificación del art.20 estamos autorizando que se pueda emitir una cantidad que va desde el 25% de la base monetaria hasta $ 1 por cada dos que están circulando. Se pasa de tomar como referencia el 10% de recaudación impositiva al 20 % sin discusión alguna. ¿Es esa nuestra misión responsable en cumplimiento del art. 75 de nuestra Constitución Nacional? Preservar el valor de nuestro signo monetario es una función primordial e indelegable.
El 25 % de deterioro anual del peso indica que no se cumple con la obligación esencial y bien sabemos que la manipulación de nuestras estadísticas oficiales que lo oculta, implica un sobrecosto que sufren quienes procuran financiarse en el exterior. Nos piden una tasa de interés tres veces más alta que a los brasileños. La destrucción y pérdida de confiabilidad del INDEC son motivo de desprestigio internacional, objeto de severas observaciones de los organismos multilaterales y motivo de que tengamos el más elevado indicador de riesgo-país, por encima de Venezuela. Los precios crecen al 2% mensual en una región donde ninguno supera el 5% anual. ¿Es aconsejable liberar de limitaciones la "maquinita" sin advertir sus consecuencias?
Se ha invocado que se pretende un triple mandato para el BCRA: al no cumplido de custodiar el valor de la moneda se le agrega impulsar la actividad productiva y la inclusión social. Como no me inscribo entre los monetaristas, que hacen de la moneda un fetiche en sí mismo y porque comparto la necesidad de sostener el signo monetario con la producción y el trabajo, discrepo totalmente con el rumbo que se quiere profundizar porque nos aleja de esos objetivos al espantar la inversión productiva en sectores estratégicos para dar sustentabilidad al ciclo económico. Bien dice la licenciada Mercedes Marcó del Pont, la moneda se respalda con generación de riqueza. ¿Estamos en esa dirección? Se repite que la inversión es 24 % del PBI; lo que no se dice es que 7 puntos son gasto público y que el resto incluye desde celulares a aparatos de aire acondicionado y el 60 % de la inversión privada es en la construcción, gran parte de ella en emprendimientos edilicios de los sectores más favorecidos de la sociedad. En el destino de la inversión pública está el deterioro de la infraestructura vial donde se pierden 20 vidas por día y el abandono de los reiterados anuncios, entre ellos los gasoductos. Nos faltan 10 puntos, por lo menos, de inversión privada en energía y equipamiento tecnológico-industrial. Si se recauda cerca de U$S 100.000 millones, nos falta mucho, más de U$S 30.000 millones por año, por lo menos U$S 8.000 millones en exploración petrolera. Ese es el desafío, atraer ese volumen de inversiones de calidad, por ejemplo para buscar hidrocarburos en la plataforma continental y reconstruir nuestra infraestructura de base donde la obsolescencia agrega costos y cierra posibilidades a los nuevos emprendedores. En ese atraso productivo, escasamente modificado desde 2003, se refleja el valor de la moneda y cuando se procura demostrar las bondades no conseguidas o esconder la realidad con gasto improductivo, ello repercute debilitando aún más el valor de nuestra unidad de cuenta que pierde totalmente su condición de reserva de valor.
El subdesarrollo que transfiere riqueza al exterior, donde compra el trabajo que le niega a nuestros connacionales y la emisión espuria, que se utiliza para sostener el consumo sin ampliar la capacidad productiva, generan inflación. En la desvalorización del peso se pierde competitividad exportadora, abaratando importaciones de consumo final y complicando nuestras ventas de manufacturas, con valor-innovación y trabajo incorporado. Las turbulencias con los países del Mercosur, las alertas de los componentes de UNASUR y el incipiente conflicto con España, tanto en las cuestiones pendientes con EEUU y países del G-20, son un reflejo de la repercusión de las intempestivas alteraciones a las reglas de juego. Eso tiene un oneroso costo y se paga, más temprano que tarde. Las terminales automotrices, antes de que se produjeran estas paradas técnicas por el abastecimiento de partes, anuncian inversiones por menos de U$S 2.000 millones; en Brasil anunciaron más de U$S 22.000 millones. Ese país ralentizó su crecimiento y no es improbable que para optimizar su comercio exterior adecue su tipo de cambio, lo que no será indiferente para quienes lo utilizan como decisiva ancla antiinflacionaria. Con bajos niveles de inversión doméstica y externa y elevados niveles de gasto público y emisión monetaria, cualquier movimiento de nuestro tipo de cambio va a precios. Por ello, la batería de medidas debe ser simultánea, aunque con costos estamos a tiempo y no ganamos tiempo postergando lo inevitable.
Emitiendo al 35 % anual, con más de 20% de inflación y con un tipo de cambio que se ajusta al 8%, es obvio que se achique el superávit comercial donde nos proveemos de las divisas-reservas. Perdido, por esa razón, el tipo de cambio competitivo, también se produjeron caídas de inversión reproductiva y la inversión extranjera directa (apenas el 10% de lo que captó Brasil el año pasado) y fuga ininterrumpida de capitales propios (U$S 75.000 millones desde 2007, U$S 21.500 millones el año pasado, casi toda la cosecha de soja).
El cerrojo cambiario fomenta la ilegalidad y el aparente éxito en suturar la fuga tiene patas cortas; mientras tanto la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el real es del 15% y se verifican cinco cotizaciones de la moneda estadounidense. Desde el 31 de octubre del año pasado, cuando comenzaron las restricciones a la compra de dólares, los depósitos en esa moneda descendieron de U$S 14.645 millones a U$S 12.000 en marzo. Sabemos que el tipo de cambio es el precio de todos los precios y que su represión distorsiona los precios relativos, fomenta la importación y dificulta la actividad por sus costes desalineados. La presidenta informó que mejoró el balance comercial, lo que no dijo es que cayeron 66% las importaciones de bienes de capital.
La desinversión no se resuelve sino que se profundiza con los controles irracionales. Las trabas para cobrar reintegros a exportadores o para extraer dólares en cajeros bancarios en el exterior y el balance de pagos son fotografías indicativas de un problema que perdura, porque bloqueando la salida de dólares disminuye en mayor cuantía el ingreso.
Antes, nos financiábamos con superávit fiscal y externo, ahora, con déficit fiscal que el año pasado fue de $ 54.000 millones y ante la balanza de pagos negativa desde el año pasado recurrimos a la emisión monetaria y a las reservas, cuya composición desconocemos aunque presumimos que más de la mitad son letras intransferibles que no rinden intereses y tal vez nunca serán pagadas por el Tesoro. Algunos calculan que el gobierno le debe $ 180.000 millones al Banco Central. La relación entre los activos más líquidos del BCRA y la base monetaria era a comienzos del año pasado del 45 % y a comienzos de este año es de 19,5 %. Las reservas compuestas por dólares respaldaban en 2009 el 70% de los pasivos del BCRA compuestos por deuda y billetes; a fin del año pasado estaban en el 47%. Más expansión destinada al Tesoro y a las entidades financieras mediante redescuentos o encajes diferenciados que se sumarán al fondeo de los créditos del Bicentenario. Harán descender aún más ese respaldo generando incertidumbre. El patrimonio de BCRA puede debilitarse. La situación no se asemeja a los países que emiten sin respaldo de reservas pero tienen una moneda estable o las emiten como el dólar y el euro.
Por eso, con la misma Carta Orgánica tuvimos crecimiento sin inflación, luego crecimiento con inflación, ahora escaso crecimiento con inflación en dólares, control de cambios, cierre indiscriminado de importaciones de bienes intermedios, insumos, químicos y esta ampliación de facultades para emitir y financiar inflacionariamente al gobierno. Conocer la cantidad de billetes encargados por el BCRA a la Casa de la Moneda hace tres años y cotejarlos con los encargados para este año verifican la necesidad que se requiere para la circulación, casi dos veces según información extraoficial, porque pese a su promesa la presidenta del BCRA no respondió mi pregunta. Un capítulo aparte nos obligaría a analizar como es posible que una empresa privada, en realidad un fondo de inversión, pueda hacerse cargo de la impresión de nuestra moneda mediante maniobras que debieran llamar la atención de la UIF. Resulta inconcebible que no se aclare la participación de entes estatales hasta el escándalo que parece haberla frustrado. El "llamativo" procedimiento de la AFIP y las denunciadas pruebas con papel y tinta en custodia de la Casa de la Moneda deben ser aclaradas, porque la seguridad de la moneda es un requisito de su calidad. Un símbolo de soberanía que como otros deben resguardarse celosamente.
Los monetaristas creen que puede haber moneda fuerte en una economía subdesarrollada y terminan achicando la producción mientras aumenta el endeudamiento externo. Como otra cara de la misma moneda, este gobierno le otorga virtudes milagrosas a la emisión de moneda sin la fortaleza que surge de la estructura de producción integrada y pretende enjugar el déficit imprimiendo más billetes. Siempre reaparece el síntoma de esa disfuncionalidad y de golpe o mes a mes, la inflación perjudica al tejido social e hipoteca el futuro.
Para el objetivo invocado de impulsar el desarrollo vamos mal, porque con inflación y pérdida de confianza, no atraeremos inversiones, no aumentaremos el ahorro en nuestro sistema financiero y no crearemos empleo privado genuino. Esto sucederá porque descapitalizaremos el Banco Central y se deberán incrementar los fondos destinados atender a los que empobrece la inflación.
Por eso, dado nuestra responsabilidad respecto a la moneda, es necesario que nuestra delegación en el directorio del BCRA se haga sobre algún parámetro que relacione la emisión monetaria con el nivel de reservas genuinas, antes de que nos sorprendamos con otra novedad como la anunciada por la presidenta cuando señaló hace días que importaremos U$S 10.000 millones en energía. En mi primer discurso en 2005 señalé esa cuestión: la escasa inversión de calidad, especialmente en exploración de gas y petróleo, donde se invierte la mitad que en los años 80. ¿Cómo puede ser que con un barril de petróleo a U$S 20 las reservas hayan crecido el 43 % y con un precio promedio de U$S 90 hayan caído en picada? Tiene su explicación: pagando en boca de pozo U$S 2,6 el millón de BTU de gas e importando a U$S 17 es como aplicar una política de promoción de importaciones y desaliento a la producción local. En esa sangría radica hoy gran parte del problema que no resolveremos de esta manera. No faltaron voces de opositores, especialistas y de la AGN que supieron, como el propio gobierno, que hace más de cien meses que cae la producción de gas (13% menos que 2004) y petróleo (32% menos que en 1998) y que las reservas de gas se achicaron 53% y las de petróleo 18% en diez años. No quisiera tener que decir lo mismo dentro de algún tiempo, cuando con la desaceleración productiva latente que preanuncia un 3% para el año, (la industria creció en enero del año pasado al 11% y ahora crece al 0,8 %, caída de la construcción que crece a mucho menos de la mitad de lo que creció en 2011) tengamos menos reservas para afrontar cualquier evento o contingencia.
El precio de la soja disimula una tendencia recesiva, pero muchos la anticipan, de lo contrario no se justificaría el abrupto descenso en la venta de máquinas agrícolas (comparando 2011 contra 2010 la venta de cosechadoras cayó 40%, la de tractores 57% y las expectativas son retractivas en estos días, pese a los altos precios de la soja.) La venta de herbicidas es 24 % inferior en ese período. La actividad industrial cayó 2,1 % tomando septiembre 2011-enero 2012, un indicador de que el discurso industrialista, el agregado de valor y la creación de empleo están en serios problemas, por causas propias y ello requeriría una corrección del rumbo que los provoca. No es recomendable soslayar esta realidad y utilizar artilugios porque el tiempo que se pierde no se recupera y correr detrás de los acontecimientos hace más gravosa su reversión.
Es cierto que no hay un criterio único para establecer la relación entre reservas y base monetaria y ellos mismos deben adecuarse a nuestra realidad, pero ¿Cuál de ellos es el elegido y a que reglas se sujeta el directorio del Banco Central para determinar la emisión? Esa es otra respuesta no brindada. Allí radica la desconfianza, la distancia entre lo que se dice y lo que se encubre para hacer sin control y sin rendir cuentas de lo obrado. En un régimen de flotación administrada que demanda para operar como tal un sólido colchón de reservas.
Me parece que con estas modificaciones no habrá más crédito y como tendremos producción estancada, con inflación se ahuyentan los depósitos en pesos a largo plazo. En esa restricción se explica que no haya créditos para apuntalar nuevos emprendimientos y que pese a los recurrentes anuncios no haya crédito hipotecario. Por otra parte, esta reforma, según el art.28 del proyecto, retiraría de los bancos unos $ 20.000 millones que quedarán administrados por el BCRA, perdiendo un tercio de su disponibilidad de dinero. ¿Ello redundará en ampliar la oferta crediticia y bajar las tasas de interés?
Aun con una coyuntura internacional que todavía nos favorece, se verifica escasez de divisas porque las utilizamos para financiar gasto sin ninguna noción de eficiencia como lo es la montaña de subsidios sin control, por caso los $ 19.000 millones en medio del colapso de los transportes y la tragedia de Once que costó 51 vidas sin que nada cambie en los ferrocarriles. Lo único anunciado en la línea del ex Sarmiento es que funcionan 8 formaciones menos constatándose que hasta el día de la catástrofe las mismas no eran controladas y funcionaban peligrosamente, pese a recibir en subsidios el 80% de sus ingresos. En mayo de 2002, se destinaron $ 18 millones para subsidiar colectivos del área metropolitana; en diciembre del año pasado, la transferencia para este transporte que incluye una porción para las provincias, trepó a $ 1.760 millones. Los informes de la AGN y la CNRT lo certifican y demuestran cómo las advertencias son desoídas y las medidas inconducentes y tardías, detrás de los acontecimientos previsibles. La exculpación o la victimización lastiman la credibilidad en las instituciones y desmerecen la autoridad de los gobernantes. Pese a lo expresado por la presidenta, Aerolíneas no "tiene la flota de aviones más nueva de toda América Latina," porque Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y las dos empresas brasileñas, tienen flotas de menor antigüedad; Aerolíneas pierde U$S 2,2 millones por día y desde 2008 el Tesoro le giró U$S 2.400 millones, sólo el 10% destinado a la adquisición de nuevas aeronaves. Cabe recordar que el 94% del paquete accionario de Aerolíneas es del grupo español Marsans y nunca se publican balances contables, eludiendo toda posibilidad de control. Ese estatismo “bobo” dilapida recursos y despoja al Estado de lo necesario para cumplir cabalmente sus obligaciones.
La presidenta Fernández de Kirchner imputó al pago del BODEN la falta de recursos para modernizar los ferrocarriles y señaló los U$S 19.000 pagados en ese concepto, lo que no dijo es que cerca de U$S 8.000 millones fueron emitidos por la administración de Néstor Kirchner. Aunque se lo niegue, el "viento de cola" es inocultable; el precio de la soja creció tres veces desde 2002 y el complejo sojero reportó en cinco años U$S 90.000 millones y el Tesoro recibió más de U$S 30.000 millones por derechos de exportación. En ese tramo, los países de la región, con excepción de Venezuela incrementaron sus reservas entre el 80% y el 40%. Las de la Argentina se mantuvieron estancadas en poco más-menos U$S 47.000 millones. No es casual que nuestros bonos y los de Venezuela sean los de mayor volatilidad y que nuestras empresas, comparadas con las de la región, sean las que tengan menor liquidez de caja.
Tuvimos en 8 años un superávit de U$S 113.000 millones y tenemos que mantener subsidios por $ 70.000 millones para la seguridad social y una cantidad superior para subsidios a proveedores de servicios. En 2002, los subsidios sociales eran de $ 1.500 millones; en el gobierno de Néstor Kirchner treparon a $ 15.000 millones. Ahora, salidos de aquel "infierno" la cifra creció 50 veces y si no se domina la inflación, todo ese entramado opaco y clientelar entrará en problemas, como los que se advierten en el Plan Argentina trabaja. Aunque se lo admita en la emergencia, después de ocho años de crecimiento, no es una modalidad inclusiva aquélla que no se arraiga en un trabajo registrado. Aunque se coopten organizaciones no se podrá contener la conflictividad social atendiendo caso por caso. Nunca un gobierno tuvo tantos fondos disponibles en un período tan prolongado y, sin embargo, millones de argentinos no podrían subsistir sin estos placebos que terminan distorsionando toda la estructura de precios. La demora para avanzar en la anunciada reducción de subsidios en gas y electricidad señala esa situación.
En cuatro años el tipo de cambio se incrementó el 36% y el gasto público primario el 224%. Duplicamos el gasto público y su asignación no está iluminada por el criterio de prioridades, una de ellas abrir camino a la iniciativa privada. ¿Se justifica que en poco más de dos años se hayan destinado más de $ 2.000 millones al Programa Fútbol para Todos? Ese gasto agobia a quienes producen y trabajan porque se nutre de una presión impositiva que supera el 30% del PBI, otro récord del fiscalismo que asfixia y desalienta inversiones. ¿Es beneficioso dar de baja el bono fiscal del 14% para los fabricantes de bienes de capital y duplicarles el IVA que impactará en los precios, demorar el ingreso de productos claves y máquinas necesarias y atrasar el pago de proveedores como en el caso de las distribuidoras de electricidad y ligadas a la obra pública o es una señal inequívoca de que no hay dólares y pesos para mantener este modelo?
No es cierto que la opción sea este proyecto o el ajuste, porque el ajuste está en curso, la inflación lo hace cruelmente y causa las distorsiones que inspiraron esta iniciativa que no las resuelve sino que las potencias. ¿Acaso utilizarán los topes salariales del segmento formalizado y mucho más a los que están en la informalidad para licuar el costo de los salarios? ¿Ese es el método progresista que les permitirá controlar la inflación por menor demanda y recuperar competitividad por disminución del costo laboral?
No puedo comprender cómo diputados de las provincias, entre ellas Córdoba, puedan acompañar este proyecto que sostiene el impuesto inflacionario que afectará a nuestros comprovincianos y aumentará el gasto en el funcionamiento del Estado provincial y el costo de la plantilla salarial pública. Las insuficiencias del sistema de salud, el agravamiento de la inseguridad y los paros docentes que hacen perder días de aprendizaje a nuestros niños, son fotos que no pueden pasar desapercibidas para quienes vivimos en las provincias. ¿Se deberán financiar las provincias con endeudamiento privado a las tasas que los obliga la baja confiabilidad de estas erráticas medidas? La agitación de consignas federalistas, en el caso del subte o de los micros de la Ciudad de Buenos Aires, (donde se pagan $ 30.000 por mes por cada unidad contra una simple declaración del concesionario) resulta una denuncia a sí misma, porque dedicar el 50 % de los subsidios a esta región es una política del gobierno que ahora sólo quiere sacarse de encima gastos y triplicar el costo a los usuarios, precio que actualmente pagan los pasajeros del transporte urbano en Córdoba. El agravio de que el centralismo captura el 76 % de lo recaudado y distribuya el 24 %, tan reprochable como la discrecionalidad para repartir fondos (Santa Cruz recibe $ 8.900 p/hab/año, mi provincia $ 937), será más gravoso por los efectos antiproductivos de la inflación y será verificable en la actividad industrial y en la creación de empleo privado, (quiero señalar que tenemos 4,2 millones de compatriotas trabajando en negro, uno de cada tres ocupados que no están registrados y comparado el cuarto trimestre de 2011 con el mismo tramo de 2010, el porcentaje creció de 33,7% a 34,2%, según el INDEC) objetivos que se dice inspiran esta iniciativa que despachamos en pocas horas como si fueran neutros sus efectos.
El desnivel de costos y la interrupción de insumos y repuestos, se intensificará con la maraña de tramitaciones que hace que no se pueden administrar con la celeridad que imponen los procesos productivos. Se comenta que se deben analizar entre 3.000 y 4.000 declaraciones diarias y se pretende indagar a cada una de las 6.000 empresas que operan. Ello no puede sino desbordar al pequeño grupo de seleccionadores de la Secretaría de Comercio que las despachan.
Las torpes interferencias que obturan exportaciones agrícolas y procuran impedir el giro de utilidades, resultará en menores ingresos de divisas y capitales. Todo al revés de lo que hacen nuestros vecinos que tienen inconvenientes por lo opuesto dado que reciben tantas inversiones que deben seleccionar su canalización y contener la apreciación que les producen a sus monedas. ¿Nadie advierte en el gobierno que por cada punto que crecemos crecen tres o cuatro veces las importaciones de partes y que, por lo tanto, el camino adecuado sería atraer inversiones para producir esos eslabones que demolió el aperturismo suicida y entretanto no interrumpir las cadenas productivas?

Me sorprende que no aprendamos de la memoria histórica, de la situación que tras años de bonanza y expansión del consumo, intervencionismo y estatismo, en 1952 llevó al presidente Perón a convocar al Congreso de la Productividad, la ley de Inversiones Extranjeras y la Atracción de Capitales Privados para Extraer Petróleo. Quien no recuerda la inflación reprimida y los controles de precios y salarios que terminó en el rodrigazo en 1975. Muchos de los presentes conocen la entretela y el final de la Ley de Convertibilidad, sin inflación y con atraso cambiario. Hoy, fruto de la inflación, la paridad cambiaria se acerca al mismo nivel (1,5) y parece que los que viajan al exterior saben lo que los funcionarios niegan.
En estos días recordatorios del desembarco en Malvinas, además de declaraciones debemos analizar políticas y nuestra estrategia productiva, verificando sus resultados, para encuadrar la importancia de las prioridades internas y su repercusión externa que no debemos desconocer cuando se adoptan posiciones. No estamos solos en el mundo y a cada exabrupto imprevisible le puede responder uno similar o más costoso del país o bloque involucrado. Hace horas escuché que EEUU liberaría sus reservas estratégicas de petróleo dado el impacto en su economía de U$S 125 por barril Brent y se trabaja en un acuerdo con Gran Bretaña con ese objetivo. Dato para ver cómo se mueven las relaciones de poder y cuáles son los temas sobre los que se relacionan los países.
Una mirada integral permite articular iniciativas y todas ellas pueden o no concurrir convergentes para lograr el objetivo buscado. De ello se trata cuando resolvemos sobre las reglas de juego, generales, transparentes y operativas que parecen desligadas pero configuran un todo. Por ejemplo: ¿Cree el gobierno argentino que denunciando a los que apañaron lo acontecido en YPF, alentando una compra de amigos con distribución de utilidades, aumentarán las reservas y la producción de gas y petróleo? Cuando YPF tenía un valor de U$S 15.000 millones, Petrobrás tenía una cotización de U$S 10.000 millones. Ahora YPF vale U$S 13.000 millones y Petrobrás U$S 250.000 millones. ¿Puede el gobierno desentenderse de la descapitalización de YPF a la que hace quince meses la presidenta elogió por su management empresario? ¿Es sólo YPF la que decreció su producción? ¿El crecimiento de Petrobras y su tecnología off shore que le permite explorar y descubrir yacimientos en el mar, es fruto de la casualidad o de políticas coherentes de su gobierno? ¿Creen que haciendo denunciar contratos a las provincias recuperaremos el autoabastecimiento energético perdido y que con esa retórica supuestamente nacionalista generaremos confianza a los inversores? De eso se trata, reconstruir y consolidar la confiabilidad. En ese trato también de basan las transacciones en las que se entregan bienes y horas de trabajo a cambio de billetes que simbolizan tanto el valor inscripto como su estabilidad.
Por eso, esta licencia otorgada a la presidencia de la entidad monetaria es una pésima señal, porque tenemos un pasado cercano que impuso hábitos y conductas; a nuestra moneda le recortamos trece ceros. Por ello, no es bueno concentrar funciones de dirigismo sobre el pequeño sector financiero y permitir se eludan los informes ante el Congreso, más aún cuando la actual titular del Banco Central está sujeta a un decreto porque no existe voluntad oficialista de impulsar el pliego de designación. Los bancos privados, que captan depósitos, han transferido $ 130.000 millones al BCRA en letras y la menor cantidad de reservas afectará al sistema. Por lo expuesto, ratifico lo que vengo expresando desde 2007, cuando se comenzó a reprimir el entonces incipiente proceso inflacionario: la política monetaria no puede analizarse sin el contexto macroeconómico, la evolución de la inversión reproductiva y el funcionamiento de las variables cambiaria, crediticia, salarial, tarifaria, comercial y fiscal, tanto impositiva como en el gasto público, cuyo déficit motiva esta reforma. Lamento que ninguna de estas puntualizaciones obtengan eco favorable, porque el gobierno arriesga mucho, trasiega recetas fracasadas y el país sufrirá sus consecuencias.