Señor presidente: es urgente y necesario encarar la discusión y el tratamiento del proyecto de ley contra la extranjerización de tierras, ya que el mismo lo que hace es poner sobre la mesa la cuestión de la soberanía, la autodeterminación y el desarrollo económico nacional, que deben formar parte de las discusiones que se deben dar en el ámbito del Congreso de la Nación, de cara a la sociedad.
En ese sentido, señor presidente, quisiera expresar mi absoluto apoyo a este proyecto remitido desde el Poder Ejecutivo que se propone regular y limitar la tenencia de las tierras rurales en manos de extranjeros.
Es importante, señor presidente, advertir que –como siempre- existirán algunos profetas del establishment que saldrán por los medios de comunicación a decir que esta ley desalienta la inversión y no contribuye a brindar señales de lo que una selecta casta de gurúes empresariales denominan “seguridad jurídica”, pero esa es otra de las tantas mentiras que se dicen sin el más mínimo sustento, y otra de las tantas falsas profecías que no se cumplirán. En primer lugar, porque tal como lo mencionan las fundamentaciones del proyecto enviado por el Ejecutivo, existen numerosos ejemplos en el mundo de legislaciones similares y con objetivos similares, que se han aplicado precisamente en los países que muchas veces son citados como ejemplos de una especie de “civilidad” capitalista de la cual aquí carecemos.
En segundo lugar, porque de lo que se trata es de legislar sobre un recurso natural estratégico para el desarrollo de la Nación y del pueblo argentino, y no sobre un mero insumo o capital que sólo es comprendido por algunos sectores bajo una lógica de mercado y no como factor indispensable para el desarrollo humano y social de todos los habitantes del país, y que como tal el Estado nacional está obligado a establecer los mecanismos necesarios para que sea protegido.
En este sentido, señor presidente, debo mencionar que soy de una provincia en que la adquisición de grandes extensiones de tierras por parte de extranjeros, para ser utilizadas en la explotación forestal, lamentablemente es moneda corriente.
En el caso de la provincia de Misiones, se estima que aproximadamente el 7% de su territorio está en manos de capitales chilenos que se dedican a la industria de la madera. Que el 7% del territorio de una provincia argentina pertenezca a una empresa extranjera, es algo que resulta difícil de comprender, mas aún cuando los defensores de dichos intereses dicen también defender los intereses de la Nación. Extraña forma de hacerlo.
La situación es más delicada aún si tenemos en cuenta que más del 70% del territorio misionero es territorio de frontera. Por eso, resulta verdaderamente curioso que muchos de los que ahora van a votar en contra de este proyecto son los mismos que también criticaban al gobierno nacional por una supuesta inacción en los territorios de frontera y en relación al tema de la seguridad. Evidentemente, a esos legisladores no les interesa demasiado que el territorio nacional, y especialmente los territorios de frontera, estén en manos de extranjeros. Y en estos momentos en los cuales la coyuntura nos demanda poner en la mesa de discusión el tema de la tenencia de la tierra bajo una perspectiva de desarrollo estratégico a mediano y largo plazo, esos supuestos preocupados por la soberanía, la seguridad y también la propiedad de la tierra, ahora critican este proyecto de ley argumentando que desalentará inversiones extranjeras, además de dotarlo falazmente de un supuesto componente xenófobo.
Señor presidente: bastó que el gobierno nacional pusiera en discusión la tenencia de la tierra en manos de extranjeros y enviara al Congreso el presente proyecto, para que el principal multimedios del país dejara de pasar esos maravillosos informes de investigación a los que nos tenían acostumbrados, sobre las grandes extensiones de tierras y estancias en manos de extranjeros. Sería bueno volver a verlos a ahora.
Por otra parte, la existencia comprobada, a través de estudios, de gigantescas reservas subterráneas de agua dulce bajo el suelo de nuestro litoral, conocidas como “Acuífero Guaraní”, traen a la mesa de discusión el tema de la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos y los medios con los que cuenta el Estado nacional para garantizar la preservación de los mismos y establecer los parámetros para su explotación con criterios de sustentabilidad y de una racionalidad que contemple el desarrollo socioeconómico de todos los habitantes de este país.
En ese sentido, señor presidente, creo que es fundamental avanzar en el registro de las tierras rurales que propone la presente ley en el capítulo IV, artículos 13 y 14, a partir de la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales, porque también los argentinos tenemos derecho a saber quiénes son los dueños de las tierras que son parte de nuestro territorio nacional, a los efectos de indagar si esos propietarios tienen o no el propósito de hacer usufructo de las riquezas naturales a espaldas del Estado Nacional y del pueblo argentino.
Señor presidente: esta ocasión me parece oportuna también para realizar un pequeño homenaje a la memoria de Enrique Igor Peczak, dirigente agrario misionero fallecido en septiembre de 2008; auténtico y respetado luchador por los derechos de los campesinos, colonos y pequeños chacareros, y cuyo legado se mantiene vigente en cada lucha por la tierra y por los derechos de quienes la trabajan.
Por último, señor presidente, creo también que al plantear el tema de la extranjerización de la tierra y limitar la extensión de las posesiones de extranjeros, estamos planteando la necesidad de discutir la redistribución de la riqueza, con un criterio de racionalidad que evite la concentración de un recurso estratégico en pocas manos. Los misioneros, como tantos otros comprovincianos a lo largo de la historia, queremos defender el suelo argentino, queremos limitar la tierra en manos de extranjeros y, por sobre todas las cosas, queremos defender la soberanía nacional.