1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Comercio, de Comunicaciones e Informática, de Libertad de Expresión, de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento en los proyectos de ley por los que se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios

El proyecto que estamos considerando es una clara demostración de la concepción del uso del poder que tiene el oficialismo. Forma parte del espacio reservado a sesiones extraordinarias para abordar temas prioritarios de urgencia institucional que lo ameriten.
En medio de una severa crisis internacional, con previsible impacto en la vida de los argentinos, ocupamos nuestro tiempo para erosionar aún más nuestra credibilidad.
Es obvio que el mismo no es de imperioso tratamiento y merece severas objeciones constitucionales. Se invoca una causa falsa. Es indubitablemente inconstitucional. Ningún sector, persona o empresa lo reclama y no fue motivo de ningún debate preelectoral que lo anticipara. Lastima la esencia del sistema democrático y violenta el espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional, que tutela el irrestricto derecho de libertad de prensa y a publicar ideas sin censura previa como reza el artículo 14.
El artículo 32 de nuestra Constitución establece: “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.” Es una prohibición expresa. Es el único artículo que no puede ser reglamentado.
En su fundamentación en el debate de 1860, Dalmacio Vélez Sarsfield señaló: “La libertad de imprenta puede considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su explicación de los derechos que le quedan al pueblo, después que ha elegido a sus representantes al cuerpo legislativo.”
Al otorgarse jerarquía constitucional a los tratados internacionales, la Convención Constituyente de 1994 incorporó en su artículo 45 al Pacto de San José de Costa Rica. En el artículo 13, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
El texto del Marco Regulatorio Participativo para la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa para Papel de Diario y de Papel para Diarios, en su articulado y fundamentos, deja en manos del Estado el abastecimiento de los diarios. Toda limitación a la adquisición de papel, es una restricción a la libertad de expresión equiparable a la censura previa. Debe ser rechazado por apartarse de la Constitución y por las consecuencias que pudieran derivarse.
De hecho, se avanzaría en una encubierta estatización de una empresa productora de papel para diarios donde el Estado participa con el 27 % de sus acciones. Son 440 los diarios argentinos que de manera directa o indirecta se abastecen en la misma, Papel Prensa SA. Las necesidades anuales de 230.000 toneladas para papel de diario se cubren con importación sin gravámenes arancelarios y con precios que fija el mercado mundial donde hay oferta suficiente. Papel Prensa produce 175.000 toneladas por año y Papel del Tucumán con capacidad para producir 105.000 toneladas, dejó de hacerlo y por razones de rentabilidad optó por fabricar papel de obra y corrugado para embalaje. El 26 % del papel de diarios utilizado se importa y, según se informa, La Nación importa 11.400 toneladas y Clarín 16.400 toneladas. Actualmente, el precio del papel que vende Papel Prensa es de $ 3.240 la tonelada; el importado U$S 680 más 3% de otros gastos cuesta $3.080.

Si no estamos ante un monopolio que fija precios ni falta provisión, este proyecto busca otros objetivos, en otro escalón de la embestida contra el periodismo y los medios de comunicación para controlar la misma y sofocar toda mirada disidente. Se lo hace invocando el 54,11% obtenido en las elecciones y en el mismo resultado defendemos el derecho de la otra mitad de nuestra voluntad soberana. Bien conocido es aquella manda que preside la actividad periodística “es hacer público todo aquello que el poder oculta.” No hace falta repetir que la función del periodismo es la crítica al poder y el compromiso de informar a la sociedad ampliando los espacios de libertad de opinión y estimulando el debate de ideas sin sujeción ni dictados del poderoso de turno. “Periodismo sin crítica es propaganda” se repite desde espacios televisivos donde todo es alabanza a los que adhieren al oficialismo y donde ningún opositor tiene posibilidad de expresar su pensamiento. El “periodismo militante,” la adquisición de medios por empresas ligadas al gobierno, los “escraches” que se despliegan en la vía pública contra los medios, periodistas y políticos opositores, constituyen una práctica destinada a solventar a quienes se dedican a amedrentar, castigar y acallar la mentada “pluralidad” de opiniones. La acción de AFSA, AFIP y los bloqueos consentidos fueron arietes del gobierno, tal como lo fue la denuncia de la presidenta desde el Salón Blanco sobre la historia de Papel Prensa. La actividad de la agencia de noticias Télam, las licencias otorgadas y los $ 4.000 millones que se destinan a sostener un ampliado aparato publicitario empalman con la intencionalidad de este proyecto. El enojo oficial es con la realidad que se resiste a sus designios. El kilo de pan supera los $ 10 el kilo y en las panaderías no se encuentra el estipulado a $ 2,50. Los productores de trigo señalan que venden su cosecha a menos precio que hace tres años y el kilo de pan subió 500%.
Si fuera sincero el principio de democratización invocado, para esta iniciativa como antes con la Ley de Servicios Audiovisuales, el Estado debería comenzar por el libre acceso a la información pública y por reglamentar el uso de la publicidad oficial de modo tan discrecional como reprochable. Se trata de fondos públicos que el Estado recauda mediante impuestos, muchos de ellos gravosos para los que menos tienen y siempre escasos para cubrir necesidades apremiantes. Es un oprobio que la pauta oficial de publicidad haya crecido de $ 46 millones en 2003 a $1.500 millones del corriente año. Lo es más aún cuando la discrecionalidad de su distribución hace que los medios oficialistas, de baja audiencia y tirada, multipliquen varias veces lo que reciben los que, ejerciendo este derecho, critican y dan lugar a otras voces de nuestra sociedad. Mientras se justifica esta iniciativa desde principios democráticos, se incumplen fallos de la Suprema Corte de Justicia respecto de la distribución equitativa de la pauta de publicidad oficial.
Según la información de que disponemos, publicada y no desmentida por lo que exhorto a quienes tengan otras cifras para cotejar, corregir si fuera necesario: entre enero/octubre 2011, los fondos recibidos por el Buenos Aires Herald creció 74% y Crónica 125%, mientras Clarín, La Nación y Perfil, recibieron 73%, 60% y 79% menos, respectivamente. Página 12 y Tiempo Argentino recibieron $ 71 millones, el 20% cada uno, del total de la pauta distribuida por el Gobierno. Clarín pasó de $ 7,1 millones a $ 2,5 millones. Canal 13 pasó de recibir $ 5,3 millones el año pasado a $ 525 millones este año. El abuso en la pauta gubernamental se puede apreciar en la televisación del Fútbol y los $690 millones asignados en el presupuesto de este año a los que se sumaron $ 225 millones en la primera semana de este mes.
ADEPA, ADIRA y COPAL, que reúne a los diarios más chicos se han pronunciado contra este proyecto.
Esta iniciativa abre las puertas a la confiscación de la empresa Papel Prensa porque la autoridad de aplicación, en manos del Ministerio de Economía puede aplicar normas, reglamentaciones y excusas de inversión y producción para cambiar la composición accionaria empresaria, licuando la participación de las dos empresas privadas, Clarín y La Nación. Estamos ante un ardid que vulnera contratos y un atropello a la propiedad privada porque ambas empresas invirtieron millones de dólares en ese emprendimiento.
La facultad que se otorga a la autoridad de aplicación para abrir y limitar importaciones y cuotificar su distribución, es una forma encubierta de censura previa y de control sobre la disponibilidad del insumo básico para los diarios. No se garantiza la posibilidad de importar ni sobre los aranceles que podrían aplicarse. Es mucho más que una amenaza, sobre la que no podríamos sorprendernos cuando sea demasiado tarde y tengamos un monopolio estatal. Establecer un registro de consumidores es un mecanismo para atenazar a los diarios. El gobierno de turno, que debe ser controlado por el periodismo libre, pasará a controlar el insumo de los controladores y falsificar la información sin contravoces. Muchos califican el funcionamiento de la República según el control que puede ejercer el ciudadano sobre el poder cuyas limitaciones garantiza la Constitución. Todos podemos opinar libremente, criticar y ser criticados, pero la descalificación impuesta desde el Estado configura una enorme asimetría.
Parece un contrasentido que en momentos en que la digitalización avanza sobre el papel, se quiera contener la información que circula y se expande mediante la multiplicidad de adelantos tecnológicos, pero así estamos, perdiéndonos el futuro por obsesiones de reescribir la historia y el presente, en clave de riña y confrontación.
El gobierno tiene herramientas para corregir lo que denuncia en materia de producción y competencia. Puede modificar la inequidad tributaria que soportan los medios regionales. Puede estimular la creación de otras plantas productoras de este insumo, expandiendo y promoviendo, nunca restringiendo para amordazar o supeditar la supervivencia de medios a su autocensura editorial e informativa. Su obligación es garantizar los derechos de los ciudadanos a estar informados, lo cual no se condice con el control de la misma por el Estado. Lo que no puede hacer es sofocar a lo que contradice su relato, en la creencia que se puede moldear la realidad, ocultándola. Es un desatino que afectará gravemente el prestigio de nuestro país. La actual presidenta de Brasil, rechazó un proyecto de su partido para “democratizar” la prensa, bajo el concepto compartido por otros líderes vecinos: la mejor ley de prensa es la que no existe. El presidente Perón descalificó lo hecho en su primer mandato cuando asumió el tercero, con aquella frase que decía: “Cuando teníamos todos los medios nos echaron y cuando no teníamos ninguno ganamos y regresamos al gobierno.”
¿Es una contribución al sistema democrático y a fortalecer el funcionamiento de una sociedad libre legislar de esta manera?
Rotundamente es un retroceso institucional y no tenemos derecho a votar afirmativamente ese proyecto.