18. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GIUBERGIA

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga la vigencia del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios

Como en reiteradas oportunidades lo hemos sostenido tributos como el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias (impuesto a las transacciones financieras – ITF) y otras operatorias no deberían existir de estar vigente un sistema impositivo proclive al desarrollo económico y respetuoso de los principios constitucionales de la tributación, en vez de reinar un conjunto de normas tributarias con criterio meramente recaudatorio en su aplicación y último objetivo. No obstante, ante su existencia, el producido proveniente del ITF debe distribuirse de acuerdo a lo establecido por la ley de coparticipación de impuestos vigente. En esta línea argumental no resulta legítimo que la Nación concentre en sus manos una elevada proporción del producido de este impuesto. Consideramos que estos recursos deben corresponder mayoritariamente a las provincias.
El ITF se ha convertido en un tributo estratégico para el gobierno nacional, dado que es una de las fuentes de recursos que está sustentando el actual superávit primario de dicho sector de gobierno.
Actualmente sólo el 30% del impuesto pasa a conformar la masa coparticipable bruta. Esto significa que solamente el 14% del total recaudado mediante este impuesto se distribuye a las provincias (14 centavos por cada peso recaudado).
Cabe destacar que ello no configura una transferencia “especial” sino todo lo contrario: es actualmente el consolidado de provincias el que esta transfiriendo recursos a Nación, ya que la ley 23.548 establece que la “masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales”, no encuadrándose el ITF en ninguna de las excepciones que plantea dicha norma. Es decir, según la norma, la totalidad del impuesto debería conformar la masa coparticipable bruta y no solamente el 30% como se hace actualmente. La diferencia es que la cesión realizada por las provincias a favor del gobierno nacional se dio en el contexto de una crisis sin precedentes en el país, como ser la del año 2002.
Bajo el sistema vigente, las provincias sólo reciben el 14% del total producido por el impuesto, mientras que la administración nacional se queda con el 86%.
Si el 100% del ITF pasa a conformar la masa coparticipable bruta, las provincias pasarían a recibir el 49% de lo producido por el impuesto, y el gobierno nacional el 51%.