16. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA STORNI

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y Garantías en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se incorpora el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, sobre obtención del ácido desoxirribonucleico del imputado o de otra persona para su identificación

Señor Presidente:

Una vieja consigna anarquista dice –o advierte- “Una ley más, un derecho menos”.

Sin duda resulta terrible comenzar una exposición en el parlamento con esta frase, pero la verdad es que no se me ocurre otra para bien definir esta nueva propuesta del oficialismo.

“Una ley más, un derecho menos…” ¿Y cuántos derechos menos llevamos? Mejor no contarlos y limitarnos a considerar el expediente 24-PE-2009, mediante el cual se propone un agregado al Código Procesal Penal a efectos de establecer la extracción-obtención compulsiva del ADN.

Mucho se ha hablado sobre este tema en los últimos días, algunos a favor, otros en contra, la mayoría con muchas dudas, pero lo cierto es que nadie dudó en expresarse.

Lo que también es cierto es que gran parte de quienes opinaron lo hicieron desde el desconocimiento: Hay quienes ni siquiera leyeron la propuesta; hay quienes lo hicieron contemplando sólo la cuestión jurídica; también quiénes sopesaron el texto desde las necesidades personales y quienes, a conciencia, optamos por sentarnos a estudiar, hacer consultas, considerar las necesidades y evaluar los riesgos de aprobar o no lo propuesto por el Ejecutivo.

Así, nos adentramos en el complejo universo del ADN y pudimos ver que esta maravilla de la ciencia tiene una incidencia directa en la vida íntima de la persona, en la afectación de sus derechos fundamentales y, por ello, requiere de una protección especial en el ordenamiento jurídico, de una serie de reglas especiales que garanticen esa especial protección.

No importa si las mismas se toman o nos remiten a instrumentos internacionales, como las directivas de la UNESCO; si se basan en los derechos protegidos por nuestra constitución o en la aplicación de la parte que nos convenga del fallo que nos convenga de la Corte. No importa si son innovadoras, si hay o no antecedentes, si contradicen el formato de un código obsoleto o si se incluyen en una ley especial; si refieren a un procedimiento penal o a un procedimiento civil:

Lo que importa es que protejamos los derechos de las personas, que al momento de legislar recordemos que los derechos humanos son inherentes y, por tanto, irrenunciables, intransferibles, inviolables…

Obviamente esta serie de reglas de especial protección no sólo deben atender al ADN sino también su depósito y custodia, la congruencia y racionalidad de su utilización y, por supuesto, su recogida, obtención, extracción, o como quieran llamarle.

Lamentablemente, la propuesta del Ejecutivo, para variar, avalada a ciegas por el bloque oficialista, no contempla ninguna de estas cuestiones
Y en nombre de defender los derechos humanos decide, una vez más, violarlos y, como siempre, para hacerlo, apela a la mentira.
Y en base a esa mentira llegamos a este recinto en medio de una discusión que pretende dejar a la oposición como verdugos y al oficialismo como un esbelto Quijote que propugna la verdad.

Pero el esbelto Quijote no es tal, es más, nunca lo fue. Prueba de ello es la paradoja de que en esta misma sesión vamos a tratar el proyecto de binomio, mediante el cual vamos a abrir aún más las puertas para facilitar el tráfico de niños y niñas y el cercenamiento del derecho a la identidad.

Decía que toda esta discusión gira en torno a una mentira y voy a explicar por qué:
- En primer lugar se dice que la propuesta del Ejecutivo tiene por objeto facilitar, promover la identificación de hijos e hijas de personas víctimas de desaparición forzada que fueron secuestrados/as junto a sus padres o bien nacieron durante el cautiverio de sus madres.
FALSO
Por un lado, la propuesta del Ejecutivo no pretende el dictado de una ley especial referida sólo a los crímenes de lesa humanidad;
La propuesta del Ejecutivo propicia la modificación del Código procesal penal, aplicable a todos los casos, no sólo a esos crímenes de lesa humanidad.
Tampoco refiere sólo a la filiación, ya que establece que las muestras de ADN podrán obtenerse para otras circunstancias ¿Cómo cuáles? ¿Quizá para la constatación de otro delito? ¿Quizá cómo prueba de un delito que nada tenga que ver con el derecho a la identidad? ¿Quizá para avanzar sobre los datos de salud?
Quién sabe!
La pretendida nueva norma no lo dice, sólo establece que el juez o jueza, según su buen o mal criterio tendrá derecho a extraer u obtener por otros medios el ADN de una persona, sin importar que se trate de la persona imputada, de un testigo o de la presunta víctima.

- Por otra parte, miembros del oficialismo, algunos militantes de mi propio partido -que obviamente no leyeron el proyecto enviado por el Ejecutivo-, periodistas, abogados y hasta una respetable Organización No gubernamental –que paradójicamente forma parte del gobierno y en este tema ha llegado a oficiar de vocera- nos dicen que la propuesta del Ejecutivo no avanza sobre los llamados derechos personalísimos porque resguarda el cuerpo de la persona al contemplar que si esta se niega a la extracción de su ADN, el mismo se obtendrá por otros medios no traumáticos.
Otra mentira: La propuesta no dice esto.
La propuesta, nuevamente dice que el juez o jueza, según su buen o mal criterio, podrá determinar la obtención del ADN por otros medios.
Todas y todos sabemos que podrá no es lo mismo que deberá.

Pero aún cuando dijera deberá, igual se estaría dictando una norma violatoria de los derechos de las personas ¿Por qué digo esto? Porque este avance de la ciencia nos impone que el bien a proteger no sea el cuerpo de la persona sino también su ADN y su patrón genético, ya que los mismos forman parte de su cuerpo- porque a través del análisis del ADN podemos acceder a datos íntimos de la persona, datos que hacen a su presente, a su pasado y a su futuro.

Si entendemos esto, si logramos incorporar en nuestro razonamiento el universo que se abre a través del análisis de ADN, nos daríamos cuenta de la brutalidad que la mayoría de esta Cámara pretende sancionar.

Señoras y señores diputados: Esta Cámara está a punto de sancionar una norma cuyos fundamentos abundan en contradicciones y falacias como dije anteriormente; está a punto de convertir a jueces y juezas en amos de nuestra intimidad; está a punto de decidir que los señores y señoras juezas puedan ser nuestros dueños, nuestros reales dueños porque les estamos dando la potestad de acceder y decidir sobre lo más íntimo que tenemos.

Como, a diferencia del Ejecutivo, no me gusta discutir en base a una mentira, quiero destacar que en la propuesta del Ejecutivo sí se resguarda el cuerpo del la presunta víctima, no así su ADN ni su patrón genético. Y se lo hace con la intención de no revictimizarla. Ahora, sobre este punto, me pregunto y les pregunto a mis colegas ¿Cómo evitamos que presunta víctima no sea revictimizada al imponerle una requisa personal? ¿Qué los hace pensar que un allanamiento de morada no es violento? ¿Cómo se cuidará el pudor de alguien cuando las fuerzas de seguridad obliguen a la persona a quitarse la ropa que tiene puesta y entregarla? No lo sé, pero de todos modos, esto sería lo menos importante, quizá hasta lo menos traumático porque este trato especial, considerado, hasta benévolo que la propuesta del Ejecutivo dispensa a la presunta víctima queda brutalmente aplastado cuando, a párrafo siguiente, se le suprime el derecho de no declarar en contra de sus familiares.

Pero el tema no termina aquí, ya que aún cuando se produjera el milagro de que este proyecto volviera a comisión para ser considerado debidamente, quedaría pendiente una realidad mucho más difícil de saldar.

Como bien se dijo, al momento de abordar los temas que hacen a la filiación se ponen en juego los derechos de una cantidad de personas, derechos cuyo ejercicio puede articularse desde la coincidencia en el interés por saber quién es, biológicamente, cada persona y el vínculo que las une, o bien desde la discrepancia.
Puede darse el caso de que en ese grupo de personas haya quiénes quieran saber y quiénes no. Y esto, sin duda, genera un conflicto que debe ser atendido.
Y este posible conflicto extrema su gravedad cuando se trata de casos de supresión de identidad ligados a crímenes de lesa humanidad.

Frente a esto, entiendo que nadie duda que el estado debe, inexcusablemente, administrar justicia. El tema es si ese deber habilita al estado a hacerlo desde cualquier lugar, con cualquier método y violando los derechos humanos.

Entiendo que no. Entiendo que en ese deber de administrar justicia, el estado no puede –como se dice comúnmente- “Llevarse puesta a la víctima”. No puede, no debe revictimizar... No puede, no debe, en pos de la verdad, de la justicia, de la defensa de los derechos humanos violar los derechos que pretende garantizar.

Cierto es que ante un caso de supresión de identidad y en el marco del accionar terrorista del estado quedamos situados ante un abanico de delitos y ante un abanico de víctimas.

Situación compleja si las hay, mucho más compleja cuando no podemos prescindir del dolor y el afecto, hablo específicamente del afecto que sentimos hacia las abuelas ¿Cómo hacemos para decirle, por ejemplo, a nuestra querida Chicha que si su nieta no quiere saber quién es, ella debe aceptarlo y resignar su derecho?
¿Cómo hacemos?
Pero también debemos preguntarnos ¿Cómo hacemos para decirle a un posible nieto o nieta que si no quiere saber quién es, el estado lo va a obligar a resignar su derecho a favor del de su abuela y que para ello va a apelar a métodos cruentos?
¿Cómo hacemos para decir que el estado con tal de favorecer los derechos de una abuela puede, incluso, llegar a torturar? Digo, porque todas y todos sabemos que la tortura no se limita al dolor físico; todas y todos sabemos –y de hecho- esta Cámara ha ratificado la Convención que la tortura tiene por objeto anular la personalidad de la víctima, quebrantar su voluntad, destruir su poder de su decisión.
Y pregunto, cuando el juez o jueza le digan a la presunta víctima que no tiene derecho a decidir si quiere o no saber quién es, y fíjense lo que estoy diciendo: Que la persona no tiene derecho a decidir si quiere o no saber quién es! No tiene derecho a decidir sobre lo más íntimo de su ser ¿Qué estaría haciendo con esto? ¿No estaría quebrantando, anulando, destruyendo su capacidad y poder de decisión? ¿No estaría anulando su personalidad? ¿No estaría negándole uno de sus derechos fundamentales?

Claro que, como dije, también están los derechos de las abuelas, de los otros familiares biológicos. Y ante estos, también debemos preguntarnos ¿Con qué derecho esta Cámara va a decidir que no pueden ejercerlos?

La verdad es que ante esto, hasta me gustaría no ser diputada para que no recaiga sobre mí tamaña responsabilidad.

Pero no hemos llegado aquí para mirar para otro lado cuando la responsabilidad que nos cabe no nos gusta o nos angustia. Debemos resolver.

Nos encontramos ante una situación de derechos humanos en pugna y debemos definir a favor de quién fallamos.

Entiendo que ante esta terrible y dramática situación debemos tener la capacidad de abstraernos de los afectos, de nuestras propias situaciones íntimas que necesariamente se movilizan y nos afectan ante un tema como este y, por si esto fuera poco, en este recinto, hay quienes deberán hacerlo desde su propia condición de víctimas, desde su propia conformación de este abanico de víctimas.

¿Y cómo lo hacemos? La verdad es que no lo sé porque soy, porque somos humanos y como tales no estamos capacitados ni capacitadas para prescindir absolutamente de nuestros afectos, compromisos y necesidades.

Y en este no saber, se me ocurre que quizá la única posibilidad de zanjar esta situación sea fallando a favor de los derechos más y mejores tutelados o sea de quién tiene más y mejor derecho, o de quién tiene más posibilidades de ser revictimizado.

Señor Presidente, desde la oposición hemos trabajado en la redacción de una nueva propuesta, propuesta que, sin dudas, no resuelve íntegramente este conflicto pero que sí intenta respetar y garantizar los derechos de todos y todas las personas. Puedo asegurarle que trabajamos a conciencia y tratando de ponernos en el lugar de cada persona afectada. Así, redactamos un texto superador que, entiendo, debiera al menos ser considerado debidamente por esta Cámara, debiera ser analizado objetivamente, dejando de lado la pertenencia partidaria.