15. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA STORNI

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación de la ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos

Señor Presidente:
Cuando en 1987 el Presidente Dr. Raúl Alfonsín impulsa el proyecto de las Abuelas de Plaza de Mayo para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, recibe el apoyo unánime de los legisladores, que aprueban la actual Ley 23511, sin disidencias ni observaciones.
Eran tiempos de acuerdos, de consensos.
Hoy, lamentablemente, no podemos decir lo mismo.
Hace casi tres años, en nombre del bloque de la UCR y de quienes habían acompañado el dictamen, correspondió a la diputada Alicia Tate informar sobre los conflictos que crearía la aprobación de un proyecto que, casualmente, tenía características muy similares al que hoy nos ocupa.

En aquella oportunidad, en condiciones también muy similares a las de hoy, esta Cámara se vio compelida a considerar una propuesta del diputado Carlotto mediante la cual, bajo otro nombre y número de expediente apelaba a las mismas falacias, a las mismos argumentos para cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos y propiciar que los bienes, obligaciones y ADN depositados en custodia pudiesen ser transferidos a la órbita del PE. En aquella ocasión la apropiación quedaba a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y hoy, esa triste función le corresponde al Ministerio de Justicia.

La verdad es que tranquilamente podríamos reproducir lo dicho en aquella sesión porque el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo mantiene los mismos vicios, los mismos errores, afecta iguales derechos, incurre en iguales ilegalidades, conlleva el mismo riesgo institucional, tiene la misma resistencia por parte de la sociedad y de las personas que de modo directo se verían afectadas.

El tratamiento en las comisiones fue exactamente igual ya que esta vez también se nos impidió consultar, opinar y modificar cuestiones sustanciales, entre ellas, algunas que hacen exclusivamente a lo científico.

Como ven, podríamos decir que nada es nuevo, no sólo en lo que hace a este proyecto porque estos actos de autoritarismo, de desconocimiento de los derechos, de desprecio a todo lo que difiera, constituyen una práctica habitual de la gestión Kirchner.

Pero lo más terrible es que todo esto se hace en nombre de los derechos humanos, y fíjense cómo será que el oficialismo garantiza los derechos humanos, que hasta pretende sesionar a escondidas de quienes piensan diferente. Hace un rato no permitían ingresar a Adolfo Pérez Esquivel, entiendo que esa situación ya ha sido saldada y que el premio Nóbel de la Paz ya puede presenciar la sesión, pero esto no niega la intención ni la actitud inicial, sólo la corrige.

Pero no ha sido Pérez Esquivel la única persona que tuvo dificultades para ingresar, algunas no lograron hacerlo y tienen que esperar en la calle que sus representantes sesionen a sus espaldas y acuerden la mejor manera de negarles sus derechos.

Pero la administración Kirchner es la defensora de los derechos humanos, la que piensa en el pueblo y la bancada oficialista la que vela porque esta Cámara proteja los derechos. Y cabe preguntarse ¿Los derechos de quién? ¿Los intereses de quién? Quizá los de las madres detenidas en la cárcel de Ezeiza que desde hace tres días están reclamando, o de la nena que en esa misma unidad fue lesionada durante la ¿represión? ¿Puedo decir represión?, decía, la nena lesionada, vaya uno a saber por quién, hace tres días y que hasta ayer no había logrado que ninguna defensoría de menores se ocupara de ella.

Pero aquí estamos, defendiendo los derechos humanos. Y en nombre de esos derechos, nos disponemos a vaciar el Banco de Datos Genéticos y a permitir que el estado todopoderoso se apropie, no ya de la aparatología sino, lo que es más grave, de los ADN, de los patrones genéticos de las personas que en un marco de legalidad y con las debidas garantías confió al BNDG el depósito, custodia y tratamiento de sus ADN. Y ante esta realidad, estaría bueno saber qué van a hacer con esos ADN porque el nuevo BNDG sólo va a entender en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, siempre que los mismos hayan sido cometidos antes del 10 de diciembre de 1983. Y entonces, sería interesante, quizá hasta justo, que al menos nos dijeran a los pobres mortales, convertidos casi en súbditos ¿Qué van a hacer con los otros ADN? Con los que fueron depositados voluntariamente para causas de filiación ajenas a los crímenes de lesa humanidad; con los que se encuentran allí para cuestiones esencialmente médicas, como los transplantes; con los que fueron enviados en custodia por la justicia y hasta por el mismo poder ejecutivo. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Me parece que antes de tomar alguna decisión debiéramos recordar que según la normativa internacional y la misma ley 23.511 el ADN es propiedad exclusiva de la persona a quién pertenece y sólo ella puede autorizar o consentir su obtención, depósito y gestión.

Pero también en nombre de los derechos humanos, vamos a establecer 2 categorías de personas: Las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 10 de diciembre de 1983 y el resto, sin importar cuál sea su condición, sin importar si también es víctima de un crimen de lesa humanidad. Por, ejemplo, Julio López, a quién no olvidamos pese al silencio oficial, a quién queremos encontrar, pese a que el gobierno no lo busque, de quién queremos saber y para quién exigimos justicia.
Esto mismo podemos decir de Luciano Arruga y de tantas otras personas que no lograron hacer conocer sus nombres pero que fueron secuestradas, torturadas y/o ejecutadas en esta democracia.

Pero la perversidad de esta iniciativa es tal que hasta va a poner en riesgo el ejercicio de los derechos de esas personas a quienes se pretende jerarquizar.

Y quiero expresar acá que respeto, comparto y acompaño desde lo más profundo de mi sentir y de mis convicciones el dolor de quienes fueron víctimas directas del accionar terrorista del estado y junto a ellas exijo justicia y junto a ellas pido que los derechos humanos, que las libertades sean garantizadas para todas y todos. ¿O vamos a atrevernos a sostener que quiénes dieron su vida en pos de un mundo mejor, de un mundo más justo, más solidario, hoy acompañarían una iniciativa que plantea derechos para unos y nada para los otros? Entiendo que no.

Pero no voy a avanzar en un tema tan doloroso para todos ya bastante dolor sentimos ante la impotencia de no poder construir igualdad.

Decía que se va a perjudicar también a aquellas personas que se pretende jerarquizar y que se va a entorpecer la administración de justicia porque, nos guste o no, el actual BNDG no fue creado ni ocupa el lugar que ocupa por azar. Transferirlo a cualquier área del PE no sólo deja al Banco librado a los avatares de la política sino que también lo inhibe como perito.

Por otra parte, y pido disculpas por no desarrollar cada tema, pero es imposible hacerlo por una cuestión de tiempo, la aprobación de la propuesta del ejecutivo también implica la afectación de todos los bienes del Banco ,que fueron adquiridos en su totalidad por la entonces Municipalidad de Buenos Aires , hoy Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya responsabilidad por el Decreto 700/89, Reglamentario de la Ley 23.511, es y fue la de 1.- Adecuación de la planta física, 2.- Provisión del equipamiento instrumental, mobiliario e informático y 3.- Designación de los Recursos Humanos Profesionales, Técnicos , Administrativos y de Maestranza, mientras que el Ministerio de Salud de la Nación sólo aportó los fondos necesarios para la compra de reactivos y material fungible destinados a los estudios correspondientes a las víctimas de supresión de estado civil.

Pero también afectará al Servicio de Inmunología del Hospital Durand en particular a la Sección Histocompatibilidad para el trasplante pues, optimizando el uso de los recursos instrumentales y evitando la duplicación del equipamiento a adquirir por el GCABA, se compartía la utilización del equipamiento entre el Banco e Inmuno sin afectar el normal desarrollo de ningún Servicio. Este proyecto de BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS reduce la prestación de servicios que tuvo lugar con el surgido de la ley 23.511, acota el aprovechamiento de una tecnología y equipamiento impares en el país y priva a la Justicia de un servicio que no puede demandar a los otros servicios existentes pero que no pueden homologarse al Banco de Datos Genéticos aún vigente.

En esta especie de selección de puntos a considerar que nos impone el tiempo, quiero señalar específicamente algo que no se ha dicho, que es muy importante y también expresa la actitud discriminatoria: En el Art. 19, creo, referente a la ORGANIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS dice que funcionará bajo la responsabilidad técnica de un (1) Directos General Técnico profesional en bioquímica o biología molecular con reconocida experiencia en genética forense y un (1) Subdirector Técnico con igual profesión y especialización.

Esto implica excluir a médicos y médicas y la verdad es que no entendemos en base a qué criterio se realiza esta propuesta ya que desde su creación hasta hace 3 años, la dirección del BNDG fue ejercida como carga pública, ad-honorem, por una profesional médica, especialista en genética, médica que, además fue premiada a nivel internacional y goza de sobrado prestigio en todo el mundo. Estoy refiriendo a la Dra. Ana María Di Lonardo.
La restricción al acceso a los cargos de Director y Subdirector Médico es de una enorme gravedad y discriminación profesional y personal. En nuestro país existen Servicios e Institutos de Genética Forense que incluyen a Médicos especialistas en Genética Molecular en su dirección o en su plantel profesional. También existen 3 Sociedades Científicas:

a. la Sociedad Argentina de Genética (SAG) la cual otorga títulos habilitantes de especialización a Médicos en Genética Molecular, Genética de Poblaciones y otros;
b.: la Sociedad Argentina de Genética Médica de la Asociación Médica Argentina (AMA) y
c.: la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF).

A título de ejemplo, de acuerdo a este proyecto de Ley, el Profesor Dr. Ángel Carracedo, médico especialista en Genética Forense, Director del Instituto de Medicina Legal de la Facultad. de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, pionero del desarrollo de las metodologías de biología molecular aplicadas a la investigación de la filiación y a la Genética Forense, Fundador de la ISFG y del Grupo Español-Portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense (GEP-ISFG) y director del editorial board de la publicación Forensic Genetics International no hubiera podido aspirar por su condición de médico a Dirigir ni Subdirigir este BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

Finalmente, ya para redondear y dejando en claro que quedan muchos puntos sin considerar, vuelvo a solicitar a esta Cámara que reconsidere su decisión y permita que el expte en tratamiento vuelva a comisión y sea considerado debidamente.

No tenemos por qué apurarnos, no hay nada que nos impida consultar y estudiar, es más, el mismo banco que se pretende cerrar, del que se dice que no funciona, es el que ha identificado a los nietos y nietas encontradas, es más, hoy el conjunto de la sociedad celebra la recuperación de un nuevo nieto, hoy todas y todos acompañamos a esa abuela, a esa familia.
Les pido encarecidamente que no continuemos dando pasos hacia atrás, no continuemos destruyendo, estamos entrando en un espiral muy peligroso en el que la negación de derecho, la falta de solidaridad, la individualidad, la violencia institucional y el autoritarismo pueden ganarnos la partida y volvernos al inicio de esta historia.
Les pido a mis colegas: Construyamos democracia, construyamos igualdad, construyamos solidaridad y respeto; rescatemos nuestros sueños y retomemos el camino para defender los derechos humanos, para garantizarlos para, finalmente poder vivir en libertad y en un estado de derecho.