27. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA LEVERBERG

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2010

Sr. Presidente:

Me interesa, en esta ocasión del tratamiento del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2010, y en mi rol de Diputada Nacional por la Provincia de Misiones y como Secretaria General del Gremio Docente de mi provincia, realizar primeramente un análisis del contexto en que se da este tratamiento.

Primeramente, comprender en qué momento histórico estamos. Hay que reconocer que nos encontramos transitando una crisis global de alcances pocas veces visto y que ha repercutido con tremenda fuerza sobre países que, en otras circunstancias, parecían ser invencibles o al menos, con economías en apariencia sólidas. Esta crisis, cuyos síntomas fueron visibles a partir de los últimos meses de 2008, ha hecho colapsar economías del primer mundo, como Estados Unidos y España, que hoy, por ejemplo, tienen cifras de desempleo superiores a la de nuestro país. Esto bien se explica por el mantenimiento de políticas neoliberales que, claro ha estado para los argentinos desde la crisis que sufrimos desde 1998 hasta el año 2002, dinamitaron la capacidad industrial de nuestro país, la producción, la educación y el trabajo de millones de argentinos.

Si no ponemos en vista estos antecedentes no se puede hacer un mínimo análisis sobre lo que hoy discutimos.

Esta primera aproximación no significa desconocer el impacto que nuestro país sintió producto de esta crisis. Razonablemente, han disminuido las exportaciones y por lo tanto se han perdido puestos de trabajo. Sin embargo, no se puede hoy negar que gracias a las políticas económicas y sociales que han sido ejecutadas desde 2003, en el marco de un modelo que pone el énfasis en el trabajo, la producción y la expansión de las redes de contención social, junto con la revalorización de lo “nacional”, hemos sido capaces de alcanzar una mejor situación que otros países.

No puede afirmarse, con la liviandad con que algunos se expresan, que nuestro país está cerca del abismo. Ese “abismo” que constantemente ciertos analistas parecieran pronosticar con cierto placer por el desastre de su propia nación y de su propio pueblo. Es de remarcar que por hacer oposición o por no estar de acuerdo con determinadas orientaciones que ha llevado el gobierno actual y el anterior, vale expresar cualquier opinión o cualquier sentencia negativa y crispar el ánimo de la población, con un nivel de irresponsabilidad pocas veces visto.

Es por ello que debemos ser capaces de poner en blanco sobre negro cuáles han sido los puntos sobresalientes de este modelo económico, para no olvidar de dónde venimos, ni cuántos pobres e indigentes nos ha dejado los años noventa en que padecimos el régimen de convertibilidad. Hoy resulta por lo menos asombroso cómo algunos personajes públicos, de los que no podemos dudar su abultada situación financiera, exponen una llamativa preocupación por los niveles de pobreza en nuestro país. Si hay alguna respuesta sobre cómo mejorar los índices de pobreza e indigencia y, también, la distribución del ingreso de ninguna manera es la privatización, ni la desregulación ni el despido masivo que desde diversos sectores se impulsa. Limitar los efectos de la crisis, muy por el contrario, implica estimular la demanda y la producción nacional y, por sobre todo, proteger el trabajo de millones de personas. Un ejercicio de memoria, todos, debemos hacer.

Por eso es que tenemos que comprender que lo iniciado en 2003 no es un proceso cerrado. Y que las medidas para estimular la economía, puestas en acción desde finales del año pasado, no han estado erradas. Si realizamos un análisis de las iniciativas que han puesto en marcha los principales países del mundo, podemos constatar que la gran mayoría inyectó dinero en la economía o intentaron incentivar la demanda, o se hicieron cargo de directorios de empresas para salvaguardar los empleos de millones de trabajadores. No podemos negar el manejo responsable que el gobierno ha efectuado durante estos meses que hemos experimentado esta extraordinaria crisis. Creo que es nuestro deber, como Diputados de la Nación, dar nuestra cuota de apoyo a la gestión actual en momentos en que el mundo está en una crisis que, aunque algunos economistas aseguren la cercanía de su final, muy pocos discuten a costa de quiénes o de qué sectores sociales se está llegando a ese supuesto final.

A partir de mi trayectoria como militante del gremio docente de mi provincia, puedo dar testimonio de cómo, a través de estos últimos años, se ha revalorizado el rol del trabajador en la sociedad. Y aún más como docente puedo dar cuenta de la extraordinaria gestión en materia educativa en los últimos seis años. Esta área constituye el capítulo más exitoso del gobierno nacional desde el año 2003. La educación ha sido una temática abordada como una arista fundamental para el desarrollo productivo y tecnológico de un país que produce su crecimiento en base a la inclusión social.

Reconociendo en esta área varios progresos.

En primer lugar, la sanción de una Ley de Educación Nacional, en el año 2006, que reconfiguró el sistema educativo, estableciendo las nuevas funciones de las jurisdicciones nacional y provinciales, el esquema de la educación - ahora primaria y secundaria- , e instaurando nuevas modalidades de enseñanza.

Segundo, la ley de educación técnico profesional (ley 26.058 sancionada en el año 2005) que vuelve a poner el eje, para el desarrollo del país, de la enseñanza técnica y la generación de profesionales técnicos que puedan ser actores claves en el desarrollo productivo y científico de la Argentina.

Todos estas importantes metas alcanzadas no hubiesen sido factibles sino hubiese mediado la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2006, por iniciativa del poder ejecutivo y que establece metas de financiamiento que implican un esfuerzo adicional de parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, para lograr un piso de financiamiento para la educación primaria, secundaria y superior (y para ciencia y tecnología) equivalente al 6% del PBI. Esta ley debe ser celebrada por varios motivos: en primer lugar, establece una estructuración de la inversión educativa y de las partidas por parte de todas las jurisdicciones, a partir de determinados cálculos y metas a cumplir. Esto significa que fruto del esfuerzo compartido y consensuado el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y el de la ciudad de Buenos Aires pueden lograr un objetivo común, con un claro beneficio para toda la población, en este caso, la población escolar, o que transita por el sistema educativo hasta egresar de la educación superior. En segundo lugar, porque debe ser observado como un hecho histórico que para el año 2010, que en el Proyecto de Ley del Presupuesto, que estamos analizando en estos momentos, el Estado Nacional destinará 24.000 millones de pesos a Educación, Ciencia y Tecnología. Pero el dato verdaderamente impactante es que el cálculo del gasto consolidado de todas las jurisdicciones (es decir, gobierno nacional, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para estas mismas áreas es de 75.000 millones de pesos, cifra que tiene un peso sumamente importante, sobre todo si comparamos, por ejemplo el gasto consolidado en educación tomando al total del país, desde el año 1991 a la fecha.

Tomando como datos la información suministrada por el Ministerio de Educación de la Nación, en relación al Gasto en Educación Consolidado considerando al total del país (referencia: Cuadro 1)

AÑO Gasto en Educación Gasto en Educación/PBI
1991 5322,9 2.9%
1992 6197,6 2.7%
1993 8147,5 3,2%
1994 9535,9 3,4%
1995 10001,3 3,6%
1996 9970,8 3,4%
1997 10986,7 3,8%
1998 11820,7 4,0%
1999 12458,4 4,4%
2000 12830,2 4,5%
2001 12704,2 4,7%
2002 12431,7 4,0%
2003 12648,2 3,6%
2004 16574,3 3,7%

Podemos analizar la serie del gasto consolidado en Educación desde 1991 hasta 2004 y podemos observar, por un lado, que el gasto permaneció estancado (en términos nominales) desde 1997 hasta 2002, es decir, que no hubo aumentos de importancia por lo menos hasta 2004 con respecto a 2003, cuando se adicionaron casi 4000 millones al gasto en educación. Un aumento de este tamaño no ocurrió en toda esa serie de años estudiada. En segundo lugar, desde 1998 hasta 2002 la participación de la inversión en educación, del total del país, representaría un promedio, para esos cinco años, de 4,32%. Sin embargo, estos datos deben enmarcarse en el contexto de la depresión económica que asoló a nuestro país desde la segunda mitad de la década de los años noventa (producto de la serie de políticas neoliberales y de destrucción explícita del sistema educativo) y que, por la retracción de la actividad económica y el estancamiento del gasto, la inversión en educación representa una porción mayor del PBI.

Pero lo que interesa destacar es que desde 2005 a la fecha, período en que el PBI de la Argentina se duplica, el aumento en educación, ciencia y tecnología por parte del Estado Nacional aumentó un 345%. Por parte de las provincias y la ciudad de Buenos Aires aumentó un 296% y en total el gasto consolidado del país lo hizo en un 309%. Todo esto ha sido posible gracias a esta ley de Financiamiento educativo que ha permitido reglas claras para la inversión en educación.

Para analizar, con mayor detenimiento las partidas destinadas a la Educación fijadas por el proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Pública para el año 2010, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que para el año entrante el Ministerio de Economía y Finanzas públicas de la Nación ha calculado un PBI (es decir, la estimación del tamaño total de nuestra economía nacional) de 1.250.789 millones de pesos. Sobre esa base se han calculado las partidas que fija la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), que para el año 2010 obliga a una inversión del 6% del PBI, por lo tanto el presupuesto asignado a Educación, Ciencia y Tecnología no puede ser menor a los 75.000 millones de pesos. Esto significa que para un PBI de ese tamaño, donde se debe invertir un 6% en Educación, ciencia y tecnología (es decir 75.047 millones), el Estado Nacional destinará 22.688 millones de pesos y las provincias y la C.A.BA 52.359 millones de pesos.

Por lo tanto, podemos decir que, por la lectura del presente proyecto de Presupuesto se cumplen formidablemente las metas fijadas por la Ley de Financiamiento Educativo (LFE).

Así aún, debemos insistir en la necesidad de prever un escenario de inversión en educación de mayor plazo, como también reasignar los esfuerzos diversos que hace la Nación frente a las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Por ello es que proponemos (y en ese sentido hemos ya presentado un proyecto de ley de reforma de la Ley de financiamiento educativo) donde, en función de la mejor situación fiscal del Estado Nacional, sea éste el que, gradualmente, realice el 60% del esfuerzo financiero adicional, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires el 40% restante, hasta bien sean establecidos nuevos mecanismos de coparticipación federal, pues en el escenario pasado y actual, son las provincias las que se ven, en general, en peor situación fiscal que el gobierno nacional.

De todos modos, es de remarcar el logro histórico que se asignen más de 75.000 millones de pesos para la Educación y la Ciencia en nuestro país, y que este hecho sea el fruto de la consecución de una política con miras al mediano y largo plazo, y que fija responsabilidades y esfuerzos compartidos por la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Quisiera también destacar algunos puntos de especial interés para la provincia que represento:

Primeramente, recalcar que si bien hay una discusión constante y legítima acerca de la distribución de la recaudación fiscal, los recursos nacionales que recibirán las provincias y la Ciudad de Buenos Aires totalizarán, para el año 2010, 83.654 millones de pesos. Estos se dividen en un 65% derivados de recursos coparticipables (55.090 millones de pesos); un 13% en consonancia con las pautas fijadas por la LFE (10.973 millones de pesos); un 10% correspondiente a los recursos que genera el Impuesto a las Ganancias (8.173 millones). A Misiones le corresponde por LFE unos 443 millones de pesos (4,03% del total que se coparticipa por este rubro).
Las universidades nacionales recibirán un 29% más el año entrante. La Universidad Nacional de Misiones (UNAM), recibirá más de 160 millones de pesos: un 29% más con relación al año pasado.
De los 3.680 millones que recibirá la provincia de Misiones, más del 10% tendrán como destino el sistema educativo (unos 380 millones de pesos).

Habida cuenta de los números hasta aquí expuestos, consideramos que el presente proyecto de Presupuesto para el año 2010, continúa con el modelo de país que imprime un camino de desarrollo productivo con inclusión social. Un país que hace hincapié en el trabajo y que no compra recetas impuestas desde afuera sino que apuesta a construir su propia historia.