Señor Presidente:
Estamos frente a la sanción de la ley que marca y pone en marcha el programa de nuestro gobierno para el próximo año. Es en este importante instrumento del sistema democrático donde el Poder Ejecutivo, centralmente el administrador del Estado, presenta a otro poder del Estado, el Congreso, en términos de probabilidad, la cantidad y forma de obtener recursos, y en ese sentido propone una determinada asignación del gasto.
La división de poderes en cada nivel de gobierno lleva a una asignación de responsabilidades en cada una de las etapas que recorre en el tiempo el presupuesto de recursos y erogaciones, la participación en el proceso presupuestario es una de las áreas que ofrece mayor potencial para el fortalecimiento del Congreso.
Si pensamos por un instante a la Economía como una ciencia social y al Presupuesto como un instrumento más para el logro del bienestar general, toda la discusión debería centrarse en una actitud que mejore el programa propuesto por el Poder Ejecutivo.
Distintas razones han contribuido a intensificar, a lo largo de nuestra historia, un desarrollo desigual. Por lo tanto, el Presupuesto no debería ser objeto de especulación política. El Presupuesto hace al sistema, resulta claro que la política económica que lo ordena debería ser respetada, y en razón de ella, se puede votar a favor o en contra, pero nunca se puede dejar de tratar con la seriedad que amerita una norma de esta envergadura.
El Presupuesto, presupone una concepción de la política económica del gobierno nacional, en ese sentido es importante resaltar la coherencia que en esta materia tiene el Poder Ejecutivo desde que se hizo cargo de administrar el Estado nacional. El proyecto, inicialmente conducido por el ex Presidente Néstor Kirchner y en la actualidad por Cristina Fernández, ha logrado un cambio radical de modelo; al monetarista, de especulación, que venia gobernando la Argentina desde muchos años atrás, se le opuso uno de desarrollo con redistribución del ingreso, basado en la producción y el consumo.
El objetivo hoy es crear las condiciones favorables para un crecimiento duradero. La fijación de políticas económicas, también presupone una concepción del rol que debe jugar el Estado en la sociedad en general y su intervención en materia económico-financiero. Para el Justicialismo, el Estado debe tener un rol activo, que concilie los distintos intereses de la sociedad, de modo tal que el resultado de su participación, sea la justicia social. De ello se desprende que la intervención en la economía debe orientarse a regular en contra de los monopolios, y brindar mecanismos de incentivos a la producción y al consumo.
En ese orden de ideas, debemos destacar lo realizado por el gobierno de Cristina Fernández en materia de intervención económica ante la grave crisis financiera internacional a fin de evitar que afectara el empleo y el consumo. Todas las medidas tomadas fueron posibles, entre otras cosas, por el superávit fiscal logrado en los últimos años.
A los lineamientos macros, mencionados y que han permitido hacer sostenible un modelo de desarrollo con redistribución social, nosotros como Diputados de la Provincia de San Juan, queremos expresar nuestro agradecimiento a este Cuerpo, con la aprobación de esta norma estamos asegurando para los sanjuaninos: la construcción de otro dique, embalse y generación eléctrica, viviendas, cloacas para dos departamentos (Rawson y Chimbas), pavimento para rutas del corredor bioceánico, financiamiento para la construcción de un parque tecnológico, equipamiento para el Hospital Rawson, construcción de la facultad de Agronomía, entre otras obras previstas para el ejercicio 2010.
Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para recordar que hace aproximadamente un año, en ocasión de la discusión del presupuesto 2009, expresé la satisfacción y el agradecimiento de los sanjuaninos por la incorporación del artículo 76 en el Presupuesto Nacional.
El artículo 76 facultó al Poder Ejecutivo nacional a convalidar las reasignaciones decretadas por el Gobierno de la Provincia de San Juan durante el ejercicio 2009, correspondientes a proyectos industriales promovidos al amparo de la Ley N° 22.973 y su modificatoria, encuadrados en los Decretos N° 2054/92; 804/96; de beneficios promocionales no utilizados cuyos costos fiscales teóricos fueron oportunamente imputados presupuestariamente se hallen o no acreditados en las respectivas cuentas corrientes computarizadas, a empresas que lleven a cabo emprendimientos destinados a la generación, transporte y distribución de energías eléctricas alternativas con el fin de incrementar la oferta energética nacional, teniendo en cuenta las características de la explotación, inversiones a efectuarse, nivel de producción, mano de obra a ocuparse y demás consideraciones que coadyuven al desarrollo económico y social de la provincia y debiendo mediar, a tal fin, declaración que acredite el decaimiento formal del beneficio por parte de la autoridad de aplicación o la renuncia expresa del titular de tales beneficios.
En aquella sesión agradecimos la inclusión ya que la reasignación de beneficios promocionales no significaba el otorgamiento de nuevos cupos fiscales, sino que resultaba ser la mera disposición de los otorgados por la Nación en sus respectivas leyes presupuestarias, y que por diferentes circunstancias no fueron utilizados durante el período de vigencia de los mismos.
El gobierno de San Juan perseguía, mediante la incorporación del artículo 76, fomentar la generación, transporte y distribución de energías eléctricas alternativas con el fin de incrementar la oferta energética nacional, considerando que lograr eficiencia energética no es una actividad coyuntural, sino de carácter permanente de mediano a largo plazo.
Hoy, tengo la necesidad de referirme a algunos aspectos de este artículo y las razones que nos llevan a solicitar la prórroga de lo dispuesto para el ejercicio 2010. Quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de dar cuenta de nuestros actos. En función de ello, vengo a decirles que durante el presente ejercicio presupuestario el gobierno de la provincia de San Juan ha cumplido con el espíritu y la mayoría de las disposiciones del mencionado artículo 76.
Brevemente, les diré que el 29 de septiembre se realizó el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional 01/09 convocada por Energía provincial Sociedad del Estado para la construcción de una Planta Piloto de Generación Fotovoltaica de 1,2 MWp (mega vatios de pico) denominada “San Juan I” en el departamento de Ullúm. Estará localizada a unos 30Km de la ciudad de San Juan entre el Río La Travesía y la Ruta Provincial Nº54 que une Ullúm con Matagusanos.
Desde la publicación se recibieron más de 60 solicitudes de pliegos para consulta, se vendieron 10 pliegos y en el acto de apertura se recibieron 10 ofertas que están siendo evaluadas desde el punto de vista de antecedentes (técnicos y financieros).
Cabe destacar que esta planta piloto será única en Latinoamérica y la de mayor potencia instalada en Argentina y forma parte del ambicioso proyecto “Solar San Juan” llevado adelante por el gobierno de la Provincia. La Planta Fotovoltaica Piloto San Juan I estará compuesta por una combinación de paneles y seguidores solares de distintas tecnologías y será equipada con un avanzado sistema de adquisición de datos, supervisión y control. Estará conectada e inyectará su energía a la red eléctrica y participará del Mercado Eléctrico Mayorista.
El proyecto contempla también un intenso programa de capacitación y transferencia de tecnología así como la infraestructura necesaria para ubicar un centro de investigación y desarrollo especializado en energía solar fotovoltaica.
Como podrán observar, si bien nuestros objetivos son ambiciosos no resultan de imposible cumplimiento. Para poder alcanzar estos objetivos es imprescindible una importante decisión política, un proyecto de largo plazo y un concienzudo plan de inversión pública dirigido a atraer a la provincia inversiones productivas privadas en este sector. Estas inversiones privadas son en definitiva las que generaran (en el mediano plazo) la riqueza, los puestos de trabajo y todo el desarrollo económico que justifique social y económicamente este esfuerzo inicial del gobierno.
Dado que el mercado de las energías renovables en general y la fotovoltaica en particular se encuentra en un estado incipiente en la región, es necesario disponer de herramientas diferenciadoras para evitar que las inversiones productivas que se vayan generando, sean atraídas por los grandes centros industriales existentes.
Finalmente, quiero resaltar que la decisión del Poder Ejecutivo de incorporar la extensión de lo dispuesto por el artículo 76 para el próximo ejercicio, no hace más que ratificar el espíritu federal del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Señor Presidente, los justicialistas seguimos persiguiendo una misma finalidad: poner la economía al servicio del hombre.
Por todo lo expuesto, los legisladores sanjuaninos votaremos a favor.